En su libro sobre “El Precio de la Desigualdad” (2012), Joseph E. Stiglitz establece que existen diversas razones que determinan cómo se distribuye el ingreso y la riqueza en la sociedad, entre ellas se destacan el desarrollo de habilidades, conocimientos y capacidades que el sistema educativo genera y que permite obtener un mejor salario para aquellos que no poseen activos (propiedades, empresas, y bienes en general). También influyen de forma determinante el empoderamiento de ciertos grupos y sectores de la población: sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales y civiles etc. que influyen sobre las decisiones de instituciones públicas en general para obtener parte de los beneficios del crecimiento económico.
En regímenes no democráticos, el gobernante expropia el ingreso y la riqueza de su población; el despojo también se logra con las guerras, las conquistas, la esclavitud y el exterminio de grupos sociales. Las dictaduras favorecen a ciertos grupos sociales en contra de otros y determinan dicha concentración.
En los regímenes democráticos, por su parte, es más importante el orden jurídico, el social y la forma de organización de la sociedad a través de sus leyes, reglamentos y normas en general. Pero lo interesante a destacar y que el autor permite leer entre lineas, es cómo la política económica en general y en especial la política social tienen un efecto determinante en dicha concentración.
La extrema liberalización de los mercados, la apertura externa, el proceso de globalización del comercio y los capitales, la des-sindicalización, las actividades de búsqueda de rentas, etc., todas son causa de la concentración del ingreso y la riqueza y dependen de las decisiones de la autoridad en materia de política económica y social.
La política fiscal en particular, que tiene que ver con las decisiones tributarias, de precios y tarifas públicas, de derechos, productos, aprovechamientos y contribución de mejoras, determinan dicha distribución, así como también la política de endeudamiento público y gasto público.
La asignación del gasto como gasto social, tiene entre sus objetivos prioritarios la redistribución del ingreso, pero existen otras actividades del gobierno que tienen un efecto mayor, focalizado y directo sobre dicho fenómeno tales como: transferencias, subvenciones ocultas y públicas por parte del gobierno; leyes que favorecen la concentración del poder económico y a los monopolios; patentes, ventas de activos estatales en condiciones ventajosas, ventas al gobierno a precios por encima de mercado, rescates bancarios y/o financieros de ciertos grupos que después se asumen como deuda pública y que constituyen en resumen un proceso de privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas; bonos y compensaciones para directivos, diputados etc., desregulación de mercados financieros que permiten la usura, las comisiones bancarias excesivas y altas tasas de interés, etc.
A todo lo anterior hay que sumar las reformas estructurales, que al ser cambios institucionales en leyes, reglamentos y propiedad de activos, influyen definitivamente en la distribución de la riqueza, tales como la reforma energética, la reforma financiera, la reforma en telecomunicaciones, etc.
De acuerdo con el Wealth Intelligent Center en su documento “Number of Multi-millonaires in Mexico far Exceeds Global Avarage” (2013), para fines del 2012 había 145 mil millonarios en México, esto es el 0.12% de la población total, que concentraban el 43% de la riqueza total individual, cuando el promedio a nivel mundial es del 29%. Dichas personas concentraron 736 mil millones de dólares, mientras que el ingreso per cápita de un mexicano fue de 9 mil 640 dólares al año. De los millonarios 2 mil 540 son multimillonarios y se espera que, gracias a la Reforma Petrolera, para el 2017 dicha riqueza crecerá un 47% y el número de millonarios será de 213 mil personas, de las cuales 3,733 serán multimillonarios cuya riqueza crecerá en promedio un 44% para acumular 525 mil millones de dólares.
Carlos Salinas de Gortari fue un presidente que realizó un gran número de reformas económicas, y el que privatizó el mayor número de empresas paraestatales y bancos. De 1988 a 1993 el Estado transfirió al sector privado 50% de sus empresas de las cuales 18 eran instituciones financieras, mismas que se vendieron entre 1991 y 1992 y años después, con su rescate financiero, el Estado gastó dos o tres veces más del valor que obtuvo por su venta. En 1990 se privatiza Teléfonos de México (TELMEX), que era un monopolio, y se vende a un solo postor. En 1991 se privatiza Altos Hornos de México, Fundidora Monterrey y Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, a un precio prácticamente regalado por un total de 755 millones de dólares frente a un capital contable de por lo menos 6 mil millones de dólares, según Emilio Sacristán Roy en su artículo “Las privatizaciones en México” (2006), y éstos son solo algunos ejemplos.
La cuestión es que con todo y su política de Desarrollo Social, el índice de Gini, que mide la concentración del ingreso se elevó del 0.43 al 0.48. Y el decil X, que representa al 10% de la población más rica paso de concentrar del 32% del ingreso nacional al 39%.
El problema es que la evaluación de la incidencia de la política fiscal sobre la distribución y redistribución del ingreso, la riqueza y por ende, la pobreza, se realiza sobre un universo muy pequeño de programas y políticas públicas dentro del marco del denominado gasto social y gasto fiscal, dejando de lado los efecto directos e indirectos que la política económica en general tiene.
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