El segundo riesgo tiene que ver con nuestra estrecha dependencia de la economía norteamericana en materia de exportaciones petroleras y no petroleras, inversión extranjera, remesas y turismo, y se materializa con el denominado: precipicio fiscal y el techo de la deuda pública.
Dicho precipicio (fiscal cliff) se relaciona con el enorme déficit fiscal que tiene el gobierno norteamericano, caracterizado por un gasto público mucho mayor que sus ingresos públicos, que aunque se ha reducido sensiblemente de un 12.9% de su producto interno bruto (PIB) en 2009 a un 5.8% esperado para este 2013, sigue siendo el tercero más elevado de las economías desarrolladas, después de Japón con un 9.5% y España con un 6.7%, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) (http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2013/02/fmindex.htm).
Parte de ese déficit fiscal está financiado con deuda pública, la que ha venido creciendo de forma persistente de un 86.3% en 2009 a un 106% de su PIB, que es lo pronosticado para 2013 y, aunque no se compara con el 243.5% de Japón ni el 175.7% de Grecia, sus niveles indican que generan más deuda pública que riqueza real (PIB), sin considerar aún la deuda privada.
El problema es que dicho endeudamiento se elevará durante 2014 y 2015, porque se espera un incremento en las tasas de interés tanto internas como internacionales lo que generará aún mayores problemas para su financiamiento, aumentando sus necesidades financieras del 23.9% del PIB en 2013 al 24.3% en 2014 de acuerdo a las proyecciones del FMI.
En teoría esta problemática está resuelta por un techo de endeudamiento establecido por el Congreso Norteamericano y que cada año, desde hace mucho tiempo en realidad, debe ser negociado políticamente. Dicho techo de endeudamiento obliga a aplicar medidas relacionadas con la reducción del gasto y la elevación de los impuestos (fiscal cliff), pero cuya aplicación se ha venido posponiendo de manera persistente. En pocas palabras para no aplicar las medidas del precipicio fiscal se debe negociar el incremento del techo de la deuda pública.
El debate político, como en cualquier otro país, se centra en quiénes deben cargar con dichos incrementos en impuestos y quiénes con la reducción del gasto, a quién quitarle los subsidios e incentivos fiscales instrumentados desde el gobierno de George W Bush y a quiénes se perjudicará con el menor gasto público. Elementos que no logran conciliar el partido Demócrata y el Republicano.
En resumidas cuentas la aplicación del precipicio fiscal y la no autorización de la elevación del techo de la deuda impondrían un fuerte freno a la economía norteamericana, reduciendo su producción, generación de empleos, ingresos y por lo tanto consumo e inversión, y dada nuestra estrecha dependencia, impondría también un freno a la economía mexicana, que de por si viene avanzando con enorme lentitud, como si trajéramos de hecho el freno puesto.
Ello reduciría nuestras exportaciones, especialmente petroleras y manufactureras, la inversión extranjera norteamericana, así como también las remesas que representan un importante alivio para la clase baja mexicana.
De esta forma el dinamismo económico de México se encuentra estrechamente ligado a las decisiones que sobre el techo de la deuda y el precipicio fiscal norteamericano se tomen a principios del 2014.
LOS RIESGOS EXTERNOS PARA EL 2014: … EL PRIMER RIESGO, REVERTIR LA POLITICA MONETARIA EN EUA
Vivimos en un mundo globalizado, en el que los sistemas financieros a nivel internacional se encuentran altamente integrados.
Los flujos de capital a nivel mundial son sumamente sensibles a las diferencias existentes en las tasas de interés entre los países, así como a aquellas noticias que puedan afectar el precio de las acciones y otro tipo de activos financieros, ya que ello modifica su futura rentabilidad, eleva los riesgos de contagio que puede generar una fuerte volatilidad en el precio del dólar, elevar las tasas de interés y restringir el crédito bancario en muy poco tiempo.
México, como economía emergente, ha recibido en los últimos dos años una importante cantidad de inversión extranjera de corto plazo (de cartera), que se ha colocado en instrumentos de deuda tanto privados como públicos porque nuestras tasas de interés son mayores a las pagadas en los países Desarrollados. Tan solo durante el 2012 entraron al país 72 mil 856 millones de dólares en inversión de cartera, y de enero a septiembre de este 2013 fueron 35 mil 313 millones de dólares, cifras ¡históricamente altas! De las cuales el 69% se han invertido en instrumentos de deuda del gobierno.
Esto es resultado de la política monetaria instrumentada en Estados Unidos denominada flexibilidad cuantitativa (Quantitative Easing), mediante la cual la Reserva Federal compra activos financieros a las instituciones financieras bancarias y no bancarias (bonos hipotecarios, instrumentos de deuda etc.) con el fin de inyectar liquidez y reactivar la economía, ello ha inflado su hoja de balance por el lado de los activos y al 18 de diciembre ya equivalían a 4 billones de dólares.
El problema es que esta liquidez no encuentra un canal adecuado para financiar la inversión productiva dado que aún no hay demanda suficiente de créditos por parte de las empresas, las cuales aún no han visto un fuerte dinamismo en sus ventas. Por ello la liquidez se dirige a las economías emergentes como la nuestra, apreciando el peso y generando un menor dinamismo en las exportaciones, turismo, remesas e inversión extranjera, pues las tasas de interés y los rendimientos en México son mayores que en Estados Unidos.
Ello genera un riesgo elevado de volatilidad para el tipo de cambio, lo que se traduciría en una fuerte devaluación del peso, en caso de que la reversión de dicha política monetaria no sea lo suficientemente pausada y adecuada, ya que la venta acelerada de los instrumentos financieros por parte de la Reserva Federal podría precipitar a la baja a las bolsas de valores en Estados Unidos y el mundo, generando un incremento en las tasas de interés a nivel mundial, una mayor contracción del crédito bancario y en consecuencia una nueva recesión financiera internacional.
Un riesgo adicional es la elevación de las tasas de interés en Estados Unidos, debido al inició de su recuperación económica, lo que revertiría rápidamente esa inversión de cartera, debilitando aún más al peso, elevando las tasas internas de interés y contrayendo el crédito bancario.
El asunto no termina ahí, pues en México las empresas se han venido endeudando en dólares de forma creciente, dada la apreciación (sobrevaluación) del peso y el hecho de que los intereses en Estados Unidos son mucho menores que aquí. Los pasivos en dólares del sector privado no bancario fueron durante el 2012 de 6 mil 867 millones de dólares, mientras que de enero a septiembre del 2013 acumularon 10 mil 716 millones de dólares. Esto no sería un problema si dichas empresas tuvieran, como resultado de sus ventas, ingresos en dólares, pero dado que el número de empresas exportadoras es realmente pequeño, podemos determinar que no tienen ingresos en dólares y lo más probable es que tampoco tengan coberturas cambiarias. En pocas palabras la devaluación (depreciación del peso) las llevarían a graves problemas de liquidez y muy probablemente de solvencia.
Como siempre, se repite la historia que desde el siglo pasado es recurrente, endeudamiento en dólares sin respaldo de ingresos en dólares conduce a la quiebra y recesión económica. El problema con los empresarios mexicanos es que tienden a olvidar con facilidad que ya han tropezado antes con esa misma piedra.
IMPUESTOS Y CONCENTRACIÓN DEL INGRESO, UNA INJUSTICIA A NIVEL MUNDIAL
Los impuestos tienen a modificar la distribución del ingreso, porque cuando son directos reducen el nivel de ingreso disponible que las personas tienen para gastar y, cuando son indirectos, incrementan el precio de los bienes y servicios que las personas adquieren, de esta forma, en ambos casos, nuestros ingresos adquieren menor cantidad de bienes y por lo tanto menor cantidad de satisfactores afectando nuestro bienestar, hecho que debe ser compensado mediante el ejercicio del gasto público en programas de bienestar social y desarrollo económico.
Los impuestos directos se aplican, como su nombre lo dice, directamente sobre los ingresos de las personas o sobre su riqueza (propiedades como autos, casas, terrenos etc.), son ejemplos: el impuesto sobre la renta/ingreso (ISR) y el predial. Los impuestos indirectos en cambio, los paga el consumidor directo, es decir grava el gasto y por lo tanto afecta a personas distintas del contribuyente que vende el bien o presta el servicio, es un impuesto que se traslada al consumidor final como el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS).
A su vez los impuestos pueden clasificarse en progresivos y regresivos. En el caso de los primeros paga proporcionalmente más quien tiene un mayor ingreso, y en el segundo caso paga proporcionalmente más quien tiene un menor ingreso.
De acuerdo con el FMI en su último reporte denominado “Monitor Fiscal” de octubre del 2013, desde principios de los años 80´s (inicio del denominado neoliberalismo económico) el sistema impositivo a nivel mundial descansa más sobre los impuestos indirectos que sobre los directos a la par que se han reducido las tasas impositivas para las personas con ingresos más elevados y para las empresas. En pocas palabras, los más ricos pagan menos impuestos proporcionalmente a su ingreso que los más pobres, mientras que las grandes empresas también pagan un menor porcentaje de sus ingresos. Esta tendencia es todavía más fuerte en las economías emergentes que en las desarrolladas, pero es una tendencia global.
Para el caso de México por ejemplo, la tasa más alta aplicada a los ingresos personales más elevados pasó de 55% a principios de los 80´s a un 30% en el 2012, mientras que en Dinamarca pasó de un 40% a un 20%, en Estados Unidos de un 70% a un 35% y en Japón de un 74% a un 40% por mencionar algunos ejemplos. A la par de lo anterior, la concentración del ingreso se ha elevado: el 10% de la población más rica concentra un porcentaje cada vez mayor del ingreso nacional, pero mucho más impresionante es la concentración de la riqueza (bienes y activos financieros) que se ha duplicado en relación a la concentración del ingreso. Por su parte la concentración de ingresos y riquezas es todavía mayor en el 1% de la población más rica del planeta, en especial en los países anglo-sajones.
La pregunta es si la tendencia en la recaudación fiscal ha contribuido a dicha situación, y la respuesta parece ser afirmativa, por el sencillo hecho de que aquellos países que tienen la mayor reducción de la tasa impositiva para los más ricos, presentan los mayores incrementos en la desigualdad del ingreso y éstos países son: Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña entre otros, a pesar de la activa política de gasto público utilizada para redistribuir el ingreso mediante servicios públicos como educación, salud, electrificación, urbanización etc.
Otro dato interesante que muestra el estudio es que el 10% más rico de la población a nivel mundial contribuye entre el 30 y el 50% del total de los ingresos tributarios aplicados al ingreso y de las contribuciones sociales, mientras que el 1% más rico, de entre los ricos, solo aporta en promedio alrededor del 8%. Y aquí conviene recordar el caso de México, pues como hemos visto en entregas anteriores, la clase media se ubica precisamente en el decil IX y X, y es precisamente la que más aporta en materia de impuestos.
Por último, debido a la crisis financiera internacional y a los grandes desembolsos que países como Grecia, Irlanda, Portugal, España y Gran Bretaña han hecho para tratar de recuperar la actividad económica, se han elevado las tasas impositivas para este grupo de población en al menos un 8% en promedio, aunque en realidad los recursos utilizados para rescatar sus sistemas financieros y los abusos cometidos por dichas instituciones se han traducido en una privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas, pues la tendencia es a reducir el gasto público sobre todo en materia de bienestar social y elevar las tasas impositivas en general, de forma que la mayoría de la población acaba pagando el desastre ocasionado por aquellos especuladores e inversionistas financieros que buscaron un rápido enriquecimiento personal mediante el uso y abuso de productos financieros complejos.
Para quién esté interesado en consultar el documento les dejo la liga
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2013/02/fmindex.htm
Los impuestos directos se aplican, como su nombre lo dice, directamente sobre los ingresos de las personas o sobre su riqueza (propiedades como autos, casas, terrenos etc.), son ejemplos: el impuesto sobre la renta/ingreso (ISR) y el predial. Los impuestos indirectos en cambio, los paga el consumidor directo, es decir grava el gasto y por lo tanto afecta a personas distintas del contribuyente que vende el bien o presta el servicio, es un impuesto que se traslada al consumidor final como el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS).
A su vez los impuestos pueden clasificarse en progresivos y regresivos. En el caso de los primeros paga proporcionalmente más quien tiene un mayor ingreso, y en el segundo caso paga proporcionalmente más quien tiene un menor ingreso.
De acuerdo con el FMI en su último reporte denominado “Monitor Fiscal” de octubre del 2013, desde principios de los años 80´s (inicio del denominado neoliberalismo económico) el sistema impositivo a nivel mundial descansa más sobre los impuestos indirectos que sobre los directos a la par que se han reducido las tasas impositivas para las personas con ingresos más elevados y para las empresas. En pocas palabras, los más ricos pagan menos impuestos proporcionalmente a su ingreso que los más pobres, mientras que las grandes empresas también pagan un menor porcentaje de sus ingresos. Esta tendencia es todavía más fuerte en las economías emergentes que en las desarrolladas, pero es una tendencia global.
Para el caso de México por ejemplo, la tasa más alta aplicada a los ingresos personales más elevados pasó de 55% a principios de los 80´s a un 30% en el 2012, mientras que en Dinamarca pasó de un 40% a un 20%, en Estados Unidos de un 70% a un 35% y en Japón de un 74% a un 40% por mencionar algunos ejemplos. A la par de lo anterior, la concentración del ingreso se ha elevado: el 10% de la población más rica concentra un porcentaje cada vez mayor del ingreso nacional, pero mucho más impresionante es la concentración de la riqueza (bienes y activos financieros) que se ha duplicado en relación a la concentración del ingreso. Por su parte la concentración de ingresos y riquezas es todavía mayor en el 1% de la población más rica del planeta, en especial en los países anglo-sajones.
La pregunta es si la tendencia en la recaudación fiscal ha contribuido a dicha situación, y la respuesta parece ser afirmativa, por el sencillo hecho de que aquellos países que tienen la mayor reducción de la tasa impositiva para los más ricos, presentan los mayores incrementos en la desigualdad del ingreso y éstos países son: Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña entre otros, a pesar de la activa política de gasto público utilizada para redistribuir el ingreso mediante servicios públicos como educación, salud, electrificación, urbanización etc.
Otro dato interesante que muestra el estudio es que el 10% más rico de la población a nivel mundial contribuye entre el 30 y el 50% del total de los ingresos tributarios aplicados al ingreso y de las contribuciones sociales, mientras que el 1% más rico, de entre los ricos, solo aporta en promedio alrededor del 8%. Y aquí conviene recordar el caso de México, pues como hemos visto en entregas anteriores, la clase media se ubica precisamente en el decil IX y X, y es precisamente la que más aporta en materia de impuestos.
Por último, debido a la crisis financiera internacional y a los grandes desembolsos que países como Grecia, Irlanda, Portugal, España y Gran Bretaña han hecho para tratar de recuperar la actividad económica, se han elevado las tasas impositivas para este grupo de población en al menos un 8% en promedio, aunque en realidad los recursos utilizados para rescatar sus sistemas financieros y los abusos cometidos por dichas instituciones se han traducido en una privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas, pues la tendencia es a reducir el gasto público sobre todo en materia de bienestar social y elevar las tasas impositivas en general, de forma que la mayoría de la población acaba pagando el desastre ocasionado por aquellos especuladores e inversionistas financieros que buscaron un rápido enriquecimiento personal mediante el uso y abuso de productos financieros complejos.
Para quién esté interesado en consultar el documento les dejo la liga
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2013/02/fmindex.htm
SOBRE LA BAJA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN MÉXICO
México es el país con la menor
recaudación tributaria como porcentaje del PIB con respecto a la OCDE e incluso
en Latinoamérica.
De acuerdo con la OCDE durante el
2011, Dinamarca captó un 48% del PIB, Suecia 45%, Bélgica 44%, Italia 43%, Noruega
43%, Francia 44%, Dinamarca 48%, Reino Unido 36%, y Estados Unidos 25%, por
mencionar algunos países. El promedio de recaudación de dicha organización es
del 34%.
De acuerdo con la CEPAL el promedio
de América Latina es del 23.6%, Argentina recauda un 38%, Brasil 38%, Uruguay
29%, mientras que México recauda un 19% incluyendo los impuestos petroleros,
sin ellos la recaudación cae a un 9%, por debajo de Haiti, de Belice, de
República Dominicana, en pocas palabras México queda en último lugar en América
Latina sin la renta petrolera.
Con respecto a los impuestos sobre
los ingresos y los beneficios en México la recaudación es del 5.4% del PIB,
mientras que el promedio de la OCDE es del 11.3%, con respecto a los impuestos
corporativos los cifras son del 2.2% contra el 2.9% promedio.
La pregunta pertinente es ¿Qué hay
detrás de esta baja recaudación?, y las respuestas de acuerdo con David Ibarra
en su libro “La Tributación en México”
editado por la UNAM en el 2011 son las siguientes:
1. La
corrupción de las autoridades públicas que genera una elevada desconfianza en
la población, misma que prefiere no pagar impuestos pues no llega a percibir
los beneficios que dichos impuestos tendrían sobre su bienestar en general.
2. Los errores
en las leyes y la complejidad de las mismas que permiten la elusión fiscal y la
evasión, particularmente de los grandes contribuyentes. David Ibarra estima que
más del 60% de los amparos que llegan a la Suprema Corte de Justicia
corresponden a litigios fiscales.
3. El hecho de
que más del 95% de la empresas sean micro y pequeñas empresas con deficiencias
en sus procesos administrativos y contables, lo que dificulta y encarece
sensiblemente la recaudación fiscal.
4. El hecho de
que el 59% de los trabajadores se encuentra en el sector informal lo que
disminuye la base de contribuyentes y hace inviables los costos de la cobranza
de los impuestos.
5. El modelo
de apertura externa que redujo los aranceles a la importación y a la exportación
y con ello la recaudación en referencia al comercio internacional.
6. La
existencia de regímenes especiales de tributación, en especial a la industria
maquiladora de exportación, que a pesar de generar en promedio el 50% del valor
total exportado y el 75% de los ingresos generados por exportación poco aportan
al valor agregado y a la recaudación tributaria.
7. Los cambios
operados en el sistema de pensiones que ha generado un elevado costo fiscal.
A las razones dadas por David
Ibarra habrá que aumentar la importante desigualdad en la distribución del
ingreso, que concentra en el 10% de la población más rica el 37% del ingreso
nacional, mientras que el 50% de la población concentra el 18% del ingreso
nacional. De igual manera el 30% del ahorro nacional lo genera el 10% de los
hogares más pudientes y el 60% de la población gasta más de lo que gana. Por si
fuera poco está el hecho de que no se grava a la especulación ni las ganancias
financieras y que por ejemplo sólo el 0.4% de la PEA invierte en la bolsa
mexicana de valores que tiene en custodia activos financieros que equivalen el
45% del PIB.
Quizás por ello las reformas
fiscales se centran en incrementar la recaudación descuidando el análisis del
gasto público. El problema no es solo incrementar los ingresos tributarios,
sino en mejorar la administración y la utilización del gasto público, esto significa
dirigir el gasto a proyectos rentables, con elevados efectos multiplicadores
sobre la actividad económica, el empleo y el bienestar social.
Supone que a nivel municipal,
estatal, regional y federal, se debe analizar la vocación territorial y de la
población en términos de sus capacidades de generación de riqueza económica y
cultural, y promover aquellas actividades que de acuerdo al entorno ecológico
pueden ejercer efectos de arrastre y multiplicación sobre las actividades
empresariales y sociales.
Foto: El Informador |
DELINCUENCIA Y POBREZA: LAS COSAS NO SON LO QUE PARECEN
Comúnmente se
piensa que la pobreza, el desempleo y la desigualdad económica son las causas
principales de la delincuencia, sin embargo esto no es así, de acuerdo con un estudio realizado
por Abogado Penalista, José Antonio Ortega Sánchez denominado ¿Pobreza igual a Delito?,
publicado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en el 2010.
Mediante la
realización de 269 ejercicios estadísticos de correlación, dicho autor encontró
que los factores socioeconómicos no son determinantes de la delincuencia, sin
embargo la impartición de justicia y la eficiencia de los procesos penales sí.
Entre los principales
resultados de su estudio se destacan que la incidencia criminal es creciente,
independientemente de si hay crisis, recesión o expansión económica. Que las
entidades federativas con menor PIB per cápita tienen menor incidencia criminal
que las entidades con un PIB per cápita mayor, y lo mismo sucede con el índice
de marginación social, ya que a menor marginación mayor delincuencia.
De hecho la delincuencia ha ido aumentando independientemente del desempeño de la economía, así
en el año del 2008, cuyo producto per cápita fue mayor al del 1991, la incidencia
criminal fue un 65% mayor y la incidencia de robo un 87% más.
En aquellas
ciudades y entidades federativas con mayor desempleo, las tasas de criminalidad
son inferiores, mientras que lo contrario sucede en ciudades y entidades con
menor tasa de desempleo, así mismo no encuentra relación estadística entre el
la tasa de desempleo y la tasa de delincuencia.
Analizando el
impacto de las variaciones en el poder adquisitivo del salario, éste no tiene
correlación con la incidencia criminal, aunque si se encuentra relacionado con
el delito específico del robo. Así mismo las entidades federativas con
menores tasas de pobreza y menor desigualdad en ingresos son las más conflictivas.
Todos éstos elementos rompen con la creencia general de que el deterioro de la situación económica es el factor determinante de la delincuencia, sin embargo los resultados apuntan en otra dirección que se encuentra fuertemente relacionada con el sistema de impartición de justicia, la corrupción y la impunidad.
Es interesante
destacar dentro del análisis, el hecho de que la desintegración familiar fue una de las causas que estadísticamente tiene mayor relación con la
delincuencia, y que en algunas entidades federativas el 50% de
los convictos delinquieron bajo los efectos del alcohol, las drogas o los dos
anteriores, tal es el caso de Nuevo León y Yucatán.
Lo anterior abre
nuevos espacios para la investigación y la discusión, con la necesidad de enfocarse sobre los valores y la ética de los funcionarios públicos, pero también de la sociedad y las familias en particular ya que la
impunidad, la corrupción, el relajamiento de las penas y las normas tienen un
peso no despreciable en la incidencia delictiva.
El autor llega a
la conclusión de que existe una correlación muy fuerte entre el desempeño del
sistema de justicia penal y la delincuencia, pues cada vez que disminuye la
tasa de consignados, se eleva la tasa de incidencia criminal con una
correlación casi perfecta de -0.977.
En pocas palabras, la pérdida de valores éticos influye determinantemente en la incidencia delictiva y en la percepción de los jóvenes sobre las ventajas o desventajas de las actividades criminales, ya que el 42% de los presuntos delincuentes tienen entre 18 y 29 años de edad con respecto al fuero federal, y en relación al fuero común el 50% tienen entre 16 y 29 años de edad (Banco Mundial, 20012)
El documento se
puede bajar de la siguiente dirección de internet
¿Conviene liberar la venta de Drogas?
Hace algunos años ya, escribí este artículo, que sin embargo no esta desactualizado, la reflexión sobre
ello nos permitirá entender que no todos los mercados son iguales, ni todos los productos son homogéneos, así que no siempre obtendremos los mejores resultados de su liberalización.
http://istmo.mx/2003/05/conviene_liberar_la_venta_de_drogas/
Edición:266
Sección: Miscelánea
ello nos permitirá entender que no todos los mercados son iguales, ni todos los productos son homogéneos, así que no siempre obtendremos los mejores resultados de su liberalización.
http://istmo.mx/2003/05/conviene_liberar_la_venta_de_drogas/
¿Conviene liberar la venta de drogas?
Autor: Nora Claudia Ampudia MárquezEdición:266
Sección: Miscelánea
Algunos países como Holanda, Suiza y Canadá han dado los primeros pasos al despenalizar el consumo de drogas blandas y liberalizar su mercado. Pretenden con ello disminuir el narcotráfico, la delincuencia y el crimen organizado. No obstante, los resultados aún están lejos de ser satisfactorios.
El creciente problema de la drogadicción, fuertemente relacionado con la delincuencia y la mafia, no puede pasar desapercibido, como tampoco la tendencia mundial a legalizar cierto tipo de drogas. México no quiere quedarse atrás: en la Cámara de Diputados existen ya propuestas concretas para despenalizar las drogas blandas [1] , pero tanto a los políticos como a la sociedad civil nos falta mucho por aprender acerca de los problemas y mecanismos del mercado para entender qué pasaría en los mercados con una medida así.
El debate sobre la liberalización de las drogas blandas parte del argumento de que el comercio ilegal se restringirá a través del mecanismo del mercado y su libre competencia. Las ganancias extraordinarias, aparentemente asociadas a la ilegalidad y corrupción, desaparecerán al reducirse drásticamente los precios y, al disminuir los beneficios, se desestimulará la producción y comercialización de la droga, desmotivando a las organizaciones criminales, hasta eliminar al narcotráfico.
Este tipo de argumentos se inserta en una corriente de pensamiento que asigna a la oferta y la demanda un poder extraordinario e infalible para lograr el bienestar social. Sin embargo, el razonamiento esconde varias falacias.
Ciertamente, una cosa es la drogadicción y otra el narcotráfico; así como el alcoholismo y la comercialización de bebidas alcohólicas, aunque ambos fenómenos están íntimamente relacionados. Cuando en Estados Unidos se liberalizó la venta de bebidas alcohólicas se acabaron las mafias y la violencia asociada al poder sobre el mercado, pero derogar la prohibición no terminó con el problema del alcoholismo ni con la venta ilegal de bebidas adulteradas.
DE CÁRTELES INDESEABLES A RESPETABLES TRASNACIONALES
El problema de la drogadicción comprende múltiples dimensiones; se encuentra estrechamente vinculado no sólo al crimen organizado, la corrupción y la pérdida de valores morales y sociales de la comunidad, sino también a problemas culturales, psicológicos y emocionales.
Que el libre mercado terminará con el narcotráfico es enteramente cierto, por el sólo hecho de que dicha actividad dejará de ser ilegal, como la venta de tabaco, bebidas alcohólicas, solventes, etcétera . En realidad, será únicamente un cambio de nomenclatura de tráfico ilegal de drogas a comercialización y distribución de drogas o, para eliminar el concepto peyorativo, de «productos biofarmacéuticos».
La actividad pasará de la informalidad a la formalidad. Se suprimirá el concepto despectivo que se le ha asignado y los ahora narcotraficantes serán «respetables hombres de negocios». Así de simple acabaremos con una dimensión del problema. La corrupción en esa área desaparecerá por la magia de la semántica; los narcopolíticos, el narcoejército y todos sus secuaces pasarán al lado de los buenos.
Por lo demás, los juegos de palabras siempre son clave para el logro de objetivos. Los interesados descontextualizan un concepto y encubren a discreción aquellos elementos que lo hacen difícil de manejar para influir en la opinión pública.
Un término alternativo para «drogadicción» es «farmacodependencia», mucho más sugerente y explícito sobre el probable comportamiento de la oferta y la demanda de drogas, sobre todo por las implicaciones relacionadas con su dependencia y el consecuente consumo compulsivo, recurrente y sistemático.
En la cuestión económica, otra socorrida falacia es que aumentará la recaudación fiscal y el gobierno tendrá nuevos contribuyentes para aliviar sus problemas de ingreso. A pesar de ello, el gasto público no disminuirá. Todo lo contrario, el problema de déficit público persistirá pues será necesario incrementar el gasto en salud pública, programas de prevención, rehabilitación, comunicación social, investigación y establecimiento de instituciones que luchen contra las adicciones, entre otros.
CLIENTES CAUTIVOS EN UN MERCADO LIBRE
El mercado se define comúnmente como un mecanismo de negociación social que determina precios y cantidades de productos sujetos a intercambio. Sin embargo, la delimitación de precios no es un mecanismo puro, donde dos fuerzas impersonales (oferta y demanda) actúan sin relación alguna con elementos de poder económico, político, social y cultural.
El tipo de producto impone condiciones y restricciones para la negociación y, por lo tanto, para el mercado y el conjunto de procesos de este tipo . Los bienes perecederos, por ejemplo, deben negociarse rápidamente y de acuerdo con la saturación del mercado, la disponibilidad y la existencia o no del bien y de sustitutos cercanos.
Los bienes suntuarios responden a otro tipo de lógica y estructura de negociación: precios y cantidades no se determinan, en lo fundamental, por el ingreso o restricción presupuestal del comprador, sino por caprichos, moda, emulación, estatus, etcétera.
Por su parte, las drogas son bienes enteramente distintos: generan placer y dependencia, y la adicción imprime otra lógica en el comportamiento del mercado y en el proceso de negociación. La adicción provoca conductas de búsqueda y consumo compulsivos en respuesta a los cambios neuroquímicos y moleculares ocasionados en el cerebro. La reducción abrupta de la sustancia causa síndrome de abstinencia con grandes molestias.
Un factor que influye en la negociación es el conocimiento de las condiciones existentes de la oferta y la demanda; es decir, las fuerzas y poder de negociación de oferentes y compradores.
Como se ha visto, el mercado no sigue un proceso único para negociar y determinar todos los productos y servicios, su operación presenta tantas particularidades como agentes involucrados en la negociación, productos y condiciones de estructura de mercado. De manera que el proceso para fijar los precios no es homogéneo, porque en él se involucran factores con pesos diversos, y por lo tanto, sus efectos en la economía y la sociedad tampoco son homogéneos.
Liberalizar los mercados significa que el gobierno intervenga lo menos posible en el proceso de formación de precios, pero también implica dejar que predominen elementos de poder económico y político de determinados grupos sociales a nivel agregado, o agentes económicos, a nivel individual.
Cuando el producto que se libera genera adicción, el proceso de negociación se invierte a favor del oferente, dada la cautividad psíquica o física del consumidor. No estamos hablando de un proceso de negociación en que productores y consumidores se encuentren en igualdad de circunstancias; uno de ellos depende en forma acuciante del producto. De hecho, en ningún proceso de negociación hablamos de igualdad de circunstancias, la dotación de factores y la disponibilidad de ingreso generalmente son diferenciadas.
Sin duda, el proceso del mercado en la determinación de precios, en la última etapa de la negociación social, fomenta la competitividad, eficiencia, productividad y asignación óptima de los recursos; pero es un proceso excluyente y no supone justicia social.
Las nuevas empresas «biofarmacéuticas» serán rentables, eficientes y productivas, a la par que tendrán un mercado cautivo (dada la dependencia generada) con condiciones de negociación sumamente ventajosas. Un cierto poder monopólico u oligopólico impedirá la caída de la rentabilidad del negocio.
DEMANDA: EXPERIMENTAR Y CONSUMIR
El inicio en el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas ocurre en su mayor parte durante la adolescencia y juventud temprana. Los adolescentes quieren parecer mayores, autosuficientes, independientes, intrépidos, valientes y rebeldes, lo que los motiva a asumir actitudes de riesgo que, junto con las características específicas de cada droga, generan un comportamiento de uso y abuso.
Antes de que los adolescentes se vuelvan dependientes del alcohol, tabaco u otras drogas, han sido experimentadores.
Según el Consejo Nacional para las Adicciones (Conadic) de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, existen diversas teorías que tratan de explicar el uso experimental de sustancias enervantes atendiendo a las causas más próximas del consumo.
Teoría de la acción razonada: de acuerdo con ella, experimentar con drogas depende de las creencias de la persona respecto al uso de enervantes y de la evaluación positiva/negativa de cada creencia. «Esta evaluación es el componente afectivo de la actitud, que determina la motivación y fuerza de la intención en el uso de drogas» [2] .
Los adolescentes pueden tener una actitud positiva hacia el consumo si sus expectativas de beneficio son más altas que las del costo (a menor costo mayor expectativa de beneficio). También si perciben que los amigos, su familia o la sociedad en general apoya su consumo (resultado directo de la liberalización de las drogas blandas), o si creen que sus amigos y los adultos en general las consumen.
Teoría de la acción planeada: agrega a lo anterior un tercer factor que determina la intención de experimentar con drogas: «el control percibido». Cuando existe una actitud favorable hacia el uso de drogas, la probabilidad de experimentarlas depende de la percepción de control; es decir, de la confianza del adolescente sobre sus habilidades para obtener la sustancia. A menores obstáculos para llevar a cabo su intención de adquirirla y consumirla, mayor probabilidad de lograr la acción de consumo.
Despenalizar y liberalizar el mercado favorecerá, en consecuencia, el consumo de drogas, dado que la sociedad percibirá esta costumbre como favorable y se asociará, además, a un menor rechazo social.
Teoría de la autoeficacia: en este caso, el autor [3] se refiere no sólo al conocimiento del riesgo, sino a la percepción del sujeto sobre su capacidad para enfrentarlo o resolverlo. En un entorno donde es legal la producción, distribución y consumo de drogas, el riesgo es necesariamente menor y, consecuentemente, los adolescentes se sentirán con mayor capacidad para enfrentarlo, lo que sin duda reforzará el consumo de drogas. Por ejemplo, según encuestas realizadas en Estados Unidos, la percepción de riesgo asociada con el alcohol y el tabaco es muy baja entre los adolescentes y esto ha favorecido su consumo y adicción.
En palabras de un drogadicto recuperado, «la marihuana es la puerta de entrada a drogas más fuertes». La legalización de drogas blandas será el acceso al consumo de drogas duras, generando un buen mercado y garantizando su rentabilidad, pues aún no se plantea su despenalización y liberalización, por las implicaciones sociales y económicas. El consumo de drogas duras como heroína, morfina, cocaína y éxtasis, cuya posesión está penalizada en la mayoría de los países, seguirá rindiendo frutos para el narcotráfico.
La revista del Conadic concluye que «lo más conveniente para reforzar la prevención del consumo de drogas en nuestro país es que las intervenciones preventivas promuevan de manera intensa la percepción del riesgo que conlleva el uso de drogas para desalentar la posible intención de los jóvenes por experimentarlas». [4]
OFERTA CONTINUA, CRECIENTE Y ALTAMENTE RENTABLE
Conviene destacar que todo tipo de droga genera adicción en mayor o menor grado. El organismo se adapta a la presencia de la droga por lo que es indispensable aumentar la dosis para lograr los efectos placenteros iniciales. [5]
No es la misma dependencia que la de los alimentos, de los que existe mayor variedad de sustitutos o complementos. El grado de saturación muchas veces está desligado de la necesidad natural del cuerpo y se asocia más a una necesidad psicológica, cuya satisfacción es dañina o desequilibrante para el metabolismo.
Quienes piden liberar el mercado de las drogas como una estrategia para combatir el narcotráfico piensan que el mercado es homogéneo y la competencia que surja en el ámbito legal ejercerá su benigna influencia sobre la estructura de la oferta, disminuyendo así las ganancias estratosféricas.
Sin embargo, están lejos de la realidad. Si bien los ahora narcotraficantes pasarán a ser comercializadores y los productores grandes empresarios, los consumidores no dejarán de ser drogadictos. Tendremos grandes multinacionales de la droga legalmente establecidas que harán importantes contribuciones al fisco de los gobiernos y veremos grandes procesos de fusiones y adquisiciones. Por sus utilidades, la nueva rama de la «industria farmacéutica» estará entre las más grandes empresas del mundo.
Pero el problema de la drogadicción no acabará ahí, por el contrario, sufrirá una especie de metástasis y se extenderá hacia otros sectores de la población. Los precios ciertamente disminuirán y ello facilitará su acceso. Niños, ancianos y mujeres se incluirán en el segmento de mercado deseado. Y como sucede con las bebidas alcohólicas, la mercadotecnia y la publicidad se enfocarán a captar nuevos consumidores, con la enorme ventaja de que generarán adicción como lo hacen ya los cigarros y refrescos de cola, sólo que con un grado psíquico y físico de mayor dependencia.
El negocio será redondo y el mercado cumplirá con la parte que le corresponde, porque no estoy negando su eficiencia en lo que a precios, reducción de costos, competitividad y productividad, pero la sociedad habrá perdido otra batalla, como la ha perdido al permitir que la lógica de los intercambios mercantiles trastoquen los valores humanos, morales, civiles, sociales y espirituales.
Existe la racionalidad económica, pero esto no significa que los mercados sean racionales en cuanto al uso correcto de los recursos, como por ejemplo esta el desequilibrio ecológico, contaminación, extinción de recursos no renovables e incluso renovables. Tampoco el comportamiento económico (sin olvidar que es el comportamiento de un conjunto de personas negociando bienes y servicios) es del todo racional, de ahí las crisis cambiarias y financieras, pánicos bancarios, fuga de capitales, ventas de pánico.
¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DEL MERCADO?
Lo que no hará:
El mercado no quedará exento de prácticas comerciales distorsionadas, como son actualmente la venta de bebidas alcohólicas o inhalantes a menores de edad. Tampoco evitará el uso y abuso de drogas.
La rentabilidad no disminuirá necesariamente, la adicción del consumidor es garantía de poder de mercado para ciertas drogas y legalizar las drogas blandas será la puerta de entrada para consumir otros productos más fuertes e ilegales, reforzando el poder del narcotráfico en ese segmento.
El mercado no es, pues, el mecanismo equilibrador, en el sentido amplio que se acostumbra utilizar; no es equitativo ni justo. El equilibrio se refiere al acuerdo sobre un determinado precio de un determinado bien o servicio. Y el óptimo de Pareto es exclusivo de magnitudes económicas, de variables cuantificables mediante números, pero nunca hace referencia al bienestar de una sociedad que se desmorona al perder su conciencia de solidaridad, comunidad, justicia y libertad en aras de un individualismo de racionalidad exclusivamente económica.
Lo que sí hará:
Disminuirá el riesgo de producir, comercializar y consumir ciertas drogas: las «legales» lo que inducirá a mayor número de jóvenes a su consumo, disminuyendo incluso las edades en que las experimentarán por primera vez.
El número de consumidores aumentará sensiblemente motivando el incremento de productores. Quizá existan actitudes monopólicas y de colusión entre ellos. Los drogadictos que queden fuera del mercado, por carecer de recursos, buscarán satisfacer su dependencia y recurrir a la violencia será la constante. La dimensión del problema quizá no será entre mafias, pero sí entre drogadictos, comercializadores y distribuidores.
Habrá necesidad de más campañas, instituciones e investigaciones contra la drogadicción, incrementando el gasto público y estrechando la diferencia con los nuevos ingresos fiscales que supuestamente generará la legalización de drogas.
El ser humano es mucho más que fuerza de trabajo, más que consumidor, empresario o gobernante. Es un ser con valores que superan a los estrictamente económicos. Es perfectible, sociable, con capacidad de amor, de sacrificio, orientado hacia el bien común, la verdad y el bienestar. Las drogas distorsionan con facilidad el equilibrio mental y con ello el equilibrio de los valores.
No pensemos de acuerdo con la lógica del mercado, impongamos al mismo una lógica personal. Esto no significa eliminar un mecanismo que resulta eficiente para «ciertos fines», sólo quiero recordar que su eficiencia no es aplicable a todos.
De 1993 a 1998 se incrementó el consumo de drogas de 7.32% a 11.9%. Alrededor de medio millón de mexicanos consume habitualmente algún tipo de droga, en tanto que 2.5 millones la han ingerido alguna vez. Comparativamente, en un mercado liberado existen 5 millones de personas alcohólicas y 13 millones de adictos al tabaco en México.
La marihuana es la principal droga consumida en todos los grupos de edad y en ambos sexos; más de 2 millones de personas dijeron haberla usado alguna vez (4.70% de la población).
El uso de la cocaína es tres veces menor que el de la marihuana. Ocupa el segundo lugar de importancia en ambos sexos, ha sido usada alguna vez sólo por 1.45% de la población, casi 700 mil personas , excepto entre los individuos de 12 a 17 años, quienes consumieron esa droga en proporciones similares a los inhalables.
Los inhalables son la tercera droga de consumo en importancia y la que se ha usado mayor número de veces (50). Su comercialización es legal, aunque la venta a menores no debería serlo.
Los alucinógenos y la heroína son las drogas con menores índices de uso (0.36% y 0.09% respectivamente; quienes las han probado tienden a ser varones y de mayor edad.
Las ciudades con mayor incremento en el consumo de drogas ilícitas son: Tijuana con 14.73%, Ciudad Juárez con 9.20%, Guadalajara con 7.50%, ciudad de México con 7.28%, Monterrey con 4.19% y Matamoros con 3.62%. Aunque los hombres jóvenes siguen siendo los mayores consumidores de drogas ilegales, la proporción de mujeres también va en aumento. De los encuestados que han consumido drogas alguna vez, 15.61% son hombres entre 18 y 34 años de edad, y 1.18% son mujeres.
De los niños, niñas y adolescentes que consumen drogas, 28% no vive con su familia y 4.5% sí. Entre menores de 12 a 17 años, el consumo es más de tres veces superior en los que han abandonado la escuela que en los que siguen estudiando.
Estudios del gobierno de Estados Unidos denuncian que los cárteles mexicanos de la droga gastan 4 millones de dólares semanales (208 millones anuales) en «mordidas» y extorsiones a funcionarios del gobierno que, junto con policías, gatilleros, lugartenientes, espías, prestanombres y servidores domésticos suman más de 636 mil mexicanos que trabajan para esta industria.
[1] «Proponen diputados despenalizar el consumo de drogas suaves», El Financiero. 8 de julio de 2002. p. 66.
[2] «Percepción de riesgo y consumo de drogas en jóvenes mexicanos». Conadic informa. Edición especial. Junio, 2002. p.9.
[3] A. Bandura. «Self-efficacy: toward unifying theory of behavior change» en Psychological Review, n. 84. 1977. pp.191-215.
[4] Op. cit. p. 11. Además, algunos especialistas en el tratamiento de adicciones sugieren a los padres de jóvenes la intimidación como un antídoto frente a este grave problema. Se refieren a que deben establecer límites claros para que los hijos conozcan y respeten las reglas del juego y comentarles, por ejemplo, que cualquier día, cuando regresen a casa después de algún «reventón» se les practicará una prueba antidoping. La empresa Premeditest lanzó ya al mercado un producto (autorizado en Estados Unidos por la Federal Drug Administration y en México por el Instituto Mexicano del Seguro Social) At home drug test, similar a la prueba de embarazo con la que los padres podrán detectar si su hijo consume cocaína, marihuana o éxtasis. «Antidoping a domicilio». Expansión, n. 828. 14 de noviembre de 2001. p. 180.
[5] Las drogas más peligrosas, como la heroína, producen grados profundos de tolerancia y dependencia física que actúan como poderosos motivantes en las conductas compulsivas de consumo o abuso.
El creciente problema de la drogadicción, fuertemente relacionado con la delincuencia y la mafia, no puede pasar desapercibido, como tampoco la tendencia mundial a legalizar cierto tipo de drogas. México no quiere quedarse atrás: en la Cámara de Diputados existen ya propuestas concretas para despenalizar las drogas blandas [1] , pero tanto a los políticos como a la sociedad civil nos falta mucho por aprender acerca de los problemas y mecanismos del mercado para entender qué pasaría en los mercados con una medida así.
ARGUMENTOS ATRACTIVOS PERO UTÓPICOS
Este tipo de argumentos se inserta en una corriente de pensamiento que asigna a la oferta y la demanda un poder extraordinario e infalible para lograr el bienestar social. Sin embargo, el razonamiento esconde varias falacias.
Ciertamente, una cosa es la drogadicción y otra el narcotráfico; así como el alcoholismo y la comercialización de bebidas alcohólicas, aunque ambos fenómenos están íntimamente relacionados. Cuando en Estados Unidos se liberalizó la venta de bebidas alcohólicas se acabaron las mafias y la violencia asociada al poder sobre el mercado, pero derogar la prohibición no terminó con el problema del alcoholismo ni con la venta ilegal de bebidas adulteradas.
DE CÁRTELES INDESEABLES A RESPETABLES TRASNACIONALES
El problema de la drogadicción comprende múltiples dimensiones; se encuentra estrechamente vinculado no sólo al crimen organizado, la corrupción y la pérdida de valores morales y sociales de la comunidad, sino también a problemas culturales, psicológicos y emocionales.
Que el libre mercado terminará con el narcotráfico es enteramente cierto, por el sólo hecho de que dicha actividad dejará de ser ilegal, como la venta de tabaco, bebidas alcohólicas, solventes, etcétera . En realidad, será únicamente un cambio de nomenclatura de tráfico ilegal de drogas a comercialización y distribución de drogas o, para eliminar el concepto peyorativo, de «productos biofarmacéuticos».
La actividad pasará de la informalidad a la formalidad. Se suprimirá el concepto despectivo que se le ha asignado y los ahora narcotraficantes serán «respetables hombres de negocios». Así de simple acabaremos con una dimensión del problema. La corrupción en esa área desaparecerá por la magia de la semántica; los narcopolíticos, el narcoejército y todos sus secuaces pasarán al lado de los buenos.
Por lo demás, los juegos de palabras siempre son clave para el logro de objetivos. Los interesados descontextualizan un concepto y encubren a discreción aquellos elementos que lo hacen difícil de manejar para influir en la opinión pública.
Un término alternativo para «drogadicción» es «farmacodependencia», mucho más sugerente y explícito sobre el probable comportamiento de la oferta y la demanda de drogas, sobre todo por las implicaciones relacionadas con su dependencia y el consecuente consumo compulsivo, recurrente y sistemático.
En la cuestión económica, otra socorrida falacia es que aumentará la recaudación fiscal y el gobierno tendrá nuevos contribuyentes para aliviar sus problemas de ingreso. A pesar de ello, el gasto público no disminuirá. Todo lo contrario, el problema de déficit público persistirá pues será necesario incrementar el gasto en salud pública, programas de prevención, rehabilitación, comunicación social, investigación y establecimiento de instituciones que luchen contra las adicciones, entre otros.
CLIENTES CAUTIVOS EN UN MERCADO LIBRE
El mercado se define comúnmente como un mecanismo de negociación social que determina precios y cantidades de productos sujetos a intercambio. Sin embargo, la delimitación de precios no es un mecanismo puro, donde dos fuerzas impersonales (oferta y demanda) actúan sin relación alguna con elementos de poder económico, político, social y cultural.
El tipo de producto impone condiciones y restricciones para la negociación y, por lo tanto, para el mercado y el conjunto de procesos de este tipo . Los bienes perecederos, por ejemplo, deben negociarse rápidamente y de acuerdo con la saturación del mercado, la disponibilidad y la existencia o no del bien y de sustitutos cercanos.
Los bienes suntuarios responden a otro tipo de lógica y estructura de negociación: precios y cantidades no se determinan, en lo fundamental, por el ingreso o restricción presupuestal del comprador, sino por caprichos, moda, emulación, estatus, etcétera.
Por su parte, las drogas son bienes enteramente distintos: generan placer y dependencia, y la adicción imprime otra lógica en el comportamiento del mercado y en el proceso de negociación. La adicción provoca conductas de búsqueda y consumo compulsivos en respuesta a los cambios neuroquímicos y moleculares ocasionados en el cerebro. La reducción abrupta de la sustancia causa síndrome de abstinencia con grandes molestias.
Un factor que influye en la negociación es el conocimiento de las condiciones existentes de la oferta y la demanda; es decir, las fuerzas y poder de negociación de oferentes y compradores.
Como se ha visto, el mercado no sigue un proceso único para negociar y determinar todos los productos y servicios, su operación presenta tantas particularidades como agentes involucrados en la negociación, productos y condiciones de estructura de mercado. De manera que el proceso para fijar los precios no es homogéneo, porque en él se involucran factores con pesos diversos, y por lo tanto, sus efectos en la economía y la sociedad tampoco son homogéneos.
Liberalizar los mercados significa que el gobierno intervenga lo menos posible en el proceso de formación de precios, pero también implica dejar que predominen elementos de poder económico y político de determinados grupos sociales a nivel agregado, o agentes económicos, a nivel individual.
Cuando el producto que se libera genera adicción, el proceso de negociación se invierte a favor del oferente, dada la cautividad psíquica o física del consumidor. No estamos hablando de un proceso de negociación en que productores y consumidores se encuentren en igualdad de circunstancias; uno de ellos depende en forma acuciante del producto. De hecho, en ningún proceso de negociación hablamos de igualdad de circunstancias, la dotación de factores y la disponibilidad de ingreso generalmente son diferenciadas.
Sin duda, el proceso del mercado en la determinación de precios, en la última etapa de la negociación social, fomenta la competitividad, eficiencia, productividad y asignación óptima de los recursos; pero es un proceso excluyente y no supone justicia social.
Las nuevas empresas «biofarmacéuticas» serán rentables, eficientes y productivas, a la par que tendrán un mercado cautivo (dada la dependencia generada) con condiciones de negociación sumamente ventajosas. Un cierto poder monopólico u oligopólico impedirá la caída de la rentabilidad del negocio.
DEMANDA: EXPERIMENTAR Y CONSUMIR
El inicio en el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas ocurre en su mayor parte durante la adolescencia y juventud temprana. Los adolescentes quieren parecer mayores, autosuficientes, independientes, intrépidos, valientes y rebeldes, lo que los motiva a asumir actitudes de riesgo que, junto con las características específicas de cada droga, generan un comportamiento de uso y abuso.
Antes de que los adolescentes se vuelvan dependientes del alcohol, tabaco u otras drogas, han sido experimentadores.
Según el Consejo Nacional para las Adicciones (Conadic) de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, existen diversas teorías que tratan de explicar el uso experimental de sustancias enervantes atendiendo a las causas más próximas del consumo.
Teoría de la acción razonada: de acuerdo con ella, experimentar con drogas depende de las creencias de la persona respecto al uso de enervantes y de la evaluación positiva/negativa de cada creencia. «Esta evaluación es el componente afectivo de la actitud, que determina la motivación y fuerza de la intención en el uso de drogas» [2] .
Los adolescentes pueden tener una actitud positiva hacia el consumo si sus expectativas de beneficio son más altas que las del costo (a menor costo mayor expectativa de beneficio). También si perciben que los amigos, su familia o la sociedad en general apoya su consumo (resultado directo de la liberalización de las drogas blandas), o si creen que sus amigos y los adultos en general las consumen.
Teoría de la acción planeada: agrega a lo anterior un tercer factor que determina la intención de experimentar con drogas: «el control percibido». Cuando existe una actitud favorable hacia el uso de drogas, la probabilidad de experimentarlas depende de la percepción de control; es decir, de la confianza del adolescente sobre sus habilidades para obtener la sustancia. A menores obstáculos para llevar a cabo su intención de adquirirla y consumirla, mayor probabilidad de lograr la acción de consumo.
Despenalizar y liberalizar el mercado favorecerá, en consecuencia, el consumo de drogas, dado que la sociedad percibirá esta costumbre como favorable y se asociará, además, a un menor rechazo social.
Teoría de la autoeficacia: en este caso, el autor [3] se refiere no sólo al conocimiento del riesgo, sino a la percepción del sujeto sobre su capacidad para enfrentarlo o resolverlo. En un entorno donde es legal la producción, distribución y consumo de drogas, el riesgo es necesariamente menor y, consecuentemente, los adolescentes se sentirán con mayor capacidad para enfrentarlo, lo que sin duda reforzará el consumo de drogas. Por ejemplo, según encuestas realizadas en Estados Unidos, la percepción de riesgo asociada con el alcohol y el tabaco es muy baja entre los adolescentes y esto ha favorecido su consumo y adicción.
En palabras de un drogadicto recuperado, «la marihuana es la puerta de entrada a drogas más fuertes». La legalización de drogas blandas será el acceso al consumo de drogas duras, generando un buen mercado y garantizando su rentabilidad, pues aún no se plantea su despenalización y liberalización, por las implicaciones sociales y económicas. El consumo de drogas duras como heroína, morfina, cocaína y éxtasis, cuya posesión está penalizada en la mayoría de los países, seguirá rindiendo frutos para el narcotráfico.
La revista del Conadic concluye que «lo más conveniente para reforzar la prevención del consumo de drogas en nuestro país es que las intervenciones preventivas promuevan de manera intensa la percepción del riesgo que conlleva el uso de drogas para desalentar la posible intención de los jóvenes por experimentarlas». [4]
OFERTA CONTINUA, CRECIENTE Y ALTAMENTE RENTABLE
Conviene destacar que todo tipo de droga genera adicción en mayor o menor grado. El organismo se adapta a la presencia de la droga por lo que es indispensable aumentar la dosis para lograr los efectos placenteros iniciales. [5]
No es la misma dependencia que la de los alimentos, de los que existe mayor variedad de sustitutos o complementos. El grado de saturación muchas veces está desligado de la necesidad natural del cuerpo y se asocia más a una necesidad psicológica, cuya satisfacción es dañina o desequilibrante para el metabolismo.
Quienes piden liberar el mercado de las drogas como una estrategia para combatir el narcotráfico piensan que el mercado es homogéneo y la competencia que surja en el ámbito legal ejercerá su benigna influencia sobre la estructura de la oferta, disminuyendo así las ganancias estratosféricas.
Sin embargo, están lejos de la realidad. Si bien los ahora narcotraficantes pasarán a ser comercializadores y los productores grandes empresarios, los consumidores no dejarán de ser drogadictos. Tendremos grandes multinacionales de la droga legalmente establecidas que harán importantes contribuciones al fisco de los gobiernos y veremos grandes procesos de fusiones y adquisiciones. Por sus utilidades, la nueva rama de la «industria farmacéutica» estará entre las más grandes empresas del mundo.
Pero el problema de la drogadicción no acabará ahí, por el contrario, sufrirá una especie de metástasis y se extenderá hacia otros sectores de la población. Los precios ciertamente disminuirán y ello facilitará su acceso. Niños, ancianos y mujeres se incluirán en el segmento de mercado deseado. Y como sucede con las bebidas alcohólicas, la mercadotecnia y la publicidad se enfocarán a captar nuevos consumidores, con la enorme ventaja de que generarán adicción como lo hacen ya los cigarros y refrescos de cola, sólo que con un grado psíquico y físico de mayor dependencia.
El negocio será redondo y el mercado cumplirá con la parte que le corresponde, porque no estoy negando su eficiencia en lo que a precios, reducción de costos, competitividad y productividad, pero la sociedad habrá perdido otra batalla, como la ha perdido al permitir que la lógica de los intercambios mercantiles trastoquen los valores humanos, morales, civiles, sociales y espirituales.
Existe la racionalidad económica, pero esto no significa que los mercados sean racionales en cuanto al uso correcto de los recursos, como por ejemplo esta el desequilibrio ecológico, contaminación, extinción de recursos no renovables e incluso renovables. Tampoco el comportamiento económico (sin olvidar que es el comportamiento de un conjunto de personas negociando bienes y servicios) es del todo racional, de ahí las crisis cambiarias y financieras, pánicos bancarios, fuga de capitales, ventas de pánico.
¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DEL MERCADO?
Lo que no hará:
El mercado no quedará exento de prácticas comerciales distorsionadas, como son actualmente la venta de bebidas alcohólicas o inhalantes a menores de edad. Tampoco evitará el uso y abuso de drogas.
La rentabilidad no disminuirá necesariamente, la adicción del consumidor es garantía de poder de mercado para ciertas drogas y legalizar las drogas blandas será la puerta de entrada para consumir otros productos más fuertes e ilegales, reforzando el poder del narcotráfico en ese segmento.
El mercado no es, pues, el mecanismo equilibrador, en el sentido amplio que se acostumbra utilizar; no es equitativo ni justo. El equilibrio se refiere al acuerdo sobre un determinado precio de un determinado bien o servicio. Y el óptimo de Pareto es exclusivo de magnitudes económicas, de variables cuantificables mediante números, pero nunca hace referencia al bienestar de una sociedad que se desmorona al perder su conciencia de solidaridad, comunidad, justicia y libertad en aras de un individualismo de racionalidad exclusivamente económica.
Lo que sí hará:
Disminuirá el riesgo de producir, comercializar y consumir ciertas drogas: las «legales» lo que inducirá a mayor número de jóvenes a su consumo, disminuyendo incluso las edades en que las experimentarán por primera vez.
El número de consumidores aumentará sensiblemente motivando el incremento de productores. Quizá existan actitudes monopólicas y de colusión entre ellos. Los drogadictos que queden fuera del mercado, por carecer de recursos, buscarán satisfacer su dependencia y recurrir a la violencia será la constante. La dimensión del problema quizá no será entre mafias, pero sí entre drogadictos, comercializadores y distribuidores.
Habrá necesidad de más campañas, instituciones e investigaciones contra la drogadicción, incrementando el gasto público y estrechando la diferencia con los nuevos ingresos fiscales que supuestamente generará la legalización de drogas.
El ser humano es mucho más que fuerza de trabajo, más que consumidor, empresario o gobernante. Es un ser con valores que superan a los estrictamente económicos. Es perfectible, sociable, con capacidad de amor, de sacrificio, orientado hacia el bien común, la verdad y el bienestar. Las drogas distorsionan con facilidad el equilibrio mental y con ello el equilibrio de los valores.
No pensemos de acuerdo con la lógica del mercado, impongamos al mismo una lógica personal. Esto no significa eliminar un mecanismo que resulta eficiente para «ciertos fines», sólo quiero recordar que su eficiencia no es aplicable a todos.
Drogas: entre lo social y lo económico
DIMENSIÓN SOCIAL
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones:De 1993 a 1998 se incrementó el consumo de drogas de 7.32% a 11.9%. Alrededor de medio millón de mexicanos consume habitualmente algún tipo de droga, en tanto que 2.5 millones la han ingerido alguna vez. Comparativamente, en un mercado liberado existen 5 millones de personas alcohólicas y 13 millones de adictos al tabaco en México.
La marihuana es la principal droga consumida en todos los grupos de edad y en ambos sexos; más de 2 millones de personas dijeron haberla usado alguna vez (4.70% de la población).
El uso de la cocaína es tres veces menor que el de la marihuana. Ocupa el segundo lugar de importancia en ambos sexos, ha sido usada alguna vez sólo por 1.45% de la población, casi 700 mil personas , excepto entre los individuos de 12 a 17 años, quienes consumieron esa droga en proporciones similares a los inhalables.
Los inhalables son la tercera droga de consumo en importancia y la que se ha usado mayor número de veces (50). Su comercialización es legal, aunque la venta a menores no debería serlo.
Los alucinógenos y la heroína son las drogas con menores índices de uso (0.36% y 0.09% respectivamente; quienes las han probado tienden a ser varones y de mayor edad.
Las ciudades con mayor incremento en el consumo de drogas ilícitas son: Tijuana con 14.73%, Ciudad Juárez con 9.20%, Guadalajara con 7.50%, ciudad de México con 7.28%, Monterrey con 4.19% y Matamoros con 3.62%. Aunque los hombres jóvenes siguen siendo los mayores consumidores de drogas ilegales, la proporción de mujeres también va en aumento. De los encuestados que han consumido drogas alguna vez, 15.61% son hombres entre 18 y 34 años de edad, y 1.18% son mujeres.
De los niños, niñas y adolescentes que consumen drogas, 28% no vive con su familia y 4.5% sí. Entre menores de 12 a 17 años, el consumo es más de tres veces superior en los que han abandonado la escuela que en los que siguen estudiando.
DIMENSIÓN ECONÓMICA:
Datos tomados de El Financiero. 8 de julio de 2002. p. 66.
«Proponen diputados despenalizar el consumo de drogas suaves»[1] «Proponen diputados despenalizar el consumo de drogas suaves», El Financiero. 8 de julio de 2002. p. 66.
[2] «Percepción de riesgo y consumo de drogas en jóvenes mexicanos». Conadic informa. Edición especial. Junio, 2002. p.9.
[3] A. Bandura. «Self-efficacy: toward unifying theory of behavior change» en Psychological Review, n. 84. 1977. pp.191-215.
[4] Op. cit. p. 11. Además, algunos especialistas en el tratamiento de adicciones sugieren a los padres de jóvenes la intimidación como un antídoto frente a este grave problema. Se refieren a que deben establecer límites claros para que los hijos conozcan y respeten las reglas del juego y comentarles, por ejemplo, que cualquier día, cuando regresen a casa después de algún «reventón» se les practicará una prueba antidoping. La empresa Premeditest lanzó ya al mercado un producto (autorizado en Estados Unidos por la Federal Drug Administration y en México por el Instituto Mexicano del Seguro Social) At home drug test, similar a la prueba de embarazo con la que los padres podrán detectar si su hijo consume cocaína, marihuana o éxtasis. «Antidoping a domicilio». Expansión, n. 828. 14 de noviembre de 2001. p. 180.
[5] Las drogas más peligrosas, como la heroína, producen grados profundos de tolerancia y dependencia física que actúan como poderosos motivantes en las conductas compulsivas de consumo o abuso.
MÉXICO EN EL PANORAMA MUNDIAL DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
Es claro
que existe una relación positiva entre crecimiento económico, productividad e
innovación tecnológica y científica, ya que mientras mayor sea el avance en el
conocimiento mayor será el crecimiento y, probablemente, mayor el desarrollo
social mediante los efectos de la difusión de dicho conocimiento.
Foto: Moctezuma Tx |
Lo
interesante es que México, como una economía emergente y clasificada como de
ingreso medio alto ha logrado avances en esta materia ya que de acuerdo con el
índice global de innovación 2013 elaborado por la Universidad Johnson Cornell,
la Escuela de Negocios para el Mundo y la Organización Mundial de Propiedad
Intelectual; desde el 2011 y hasta el 2013 México ha sido uno de los países con
mejor desempeño en cuanto a la innovación científica y tecnológica, al saltar
18 posiciones de forma ascendente de 2011 a 2012 y 16 posiciones del 2012 al
2013, lo que lo coloca por encima del promedio de los países de ingreso medio. Así
de un total de 142 países contemplados en el estudio, ocupamos el lugar número
63 en cuando al índice de innovación global con un total de 0.81 puntos, cuanto
el promedio mundial es de 0.78.
Este índice
es el resultado de dividir, a su vez, dos subíndices: uno relacionado con los
insumos necesarios para generar investigación, desarrollo e innovación
científica y tecnológica y otro relacionado con los productos. En cuanto a los
insumos ocupamos el lugar 68 a nivel mundial y en cuanto a los productos el
lugar 60, ello quiere decir que con un mayor esfuerzo en la difusión, promoción
y financiamiento a la investigación y la innovación podríamos escalar más
rápidamente los lugares.
El cálculo
del índice de insumos se basa en cinco áreas: instituciones, investigación y
capital humano, infraestructura, sofisticación de mercado y sofisticación de
negocios; en tanto que el sub índice de innovación de productos se basa en los
productos obtenidos por el conocimiento, la tecnología y los productos
creativos.
De acuerdo
al estudio, México se destaca en –entre paréntesis
aparece el lugar obtenido-: ambiente de negocios (27), graduados en ciencias
e ingeniería (20), mejores universidades (32), participación por internet (25),
servicios del gobierno en línea (25), comercio y competencia (16),
importaciones de alta tecnología (9), exportaciones de alta tecnología (17),
creatividad en bienes de exportaciones (5), documentos científicos y tecnológicos
citados en índices (33); manufacturas de tecnología media y alta (17).
Nuestras
principales debilidades se encuentran en estabilidad política (105), libertad
de prensa (122), costo por despidos y salario semanal (103), eficiencia
terminal en educación media superior (123), crédito al sector privado como
porcentaje del PIB (106), empleo intensivo en conocimiento (92), investigación
y desarrollo financiada con recursos del extranjero (71), acuerdos y alianzas estratégicas
en inversión –joint ventures- (103), crecimiento del producto interno bruto por
trabajador (109), gasto en software de computadora como porcentaje del PIB
(66), exportación de servicios relacionados con computación, exportación y
comercio (125), y películas de manufactura mexicana (77).
Ello
permite concluir que se debe fortalecer aún más la educación, pues aunque el
gasto público realizado en educación es de los más altos dentro de los países
de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), la
educación sigue siendo de baja calidad, con poca eficiencia terminal y baja
esperanza de vida escolar; mientras que las empresas no cuentan con los apoyos
para obtener créditos destinados a la investigación, desarrollo e innovación en
productos y servicios y, los recursos destinados a capacitación y desarrollo de
habilidades de sus empleados son insuficientes. La cantidad de científicos e
investigadores como porcentaje de la población sigue siendo baja, y el número
de aquellos que reciben una beca gubernamental es insuficiente. Todavía hay
mucho que hacer para mejorar las tecnologías de información, y el acceso y uso
de dicha información por parte de la población. En fin la lista es larga aún, y
el documento referido debe ser de lectura obligatoria para nuestros
funcionarios públicos, en tanto anexo el vínculo a los interesados
LA CLASE MEDIA EN MÉXICO DE ACUERDO AL INEGI
En días anteriores se habló del
estudio del Banco Mundial sobre la Clase Media en América Latina. Dicho estudio establece que el
30% de la población latinoamericana pertenece a este estrato, el 2% es clase
alta, el 30.5% clase baja, y el 37.5% estarían entre la clase baja y la clase
media y se denomina la clase de los vulnerables, por su facilidad de caer dentro
de la clase baja.
Hoy hablaré del estudio hecho por
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, que logra un
acercamiento a la clasificación de la sociedad en función del nivel del gasto
realizado, a través de un modelo de conglomerados en el que se clasifican los
gastos, y no, a través de la determinación de niveles de ingreso como lo hace el Banco Mundial.
De acuerdo a este estudio en
México el 42.4% de los hogares, en donde vive el 39.2% de la población son de
clase media, el 2.5% de los hogares donde habita el 1.7% de la población son de
clase alta, mientras que la clase baja representa el 55.1% de los hogares con
el 59.1% de la población. A diferencia del estudio del Banco Mundial la clase
baja en México no son exclusivamente los pobres pues los registros no se
obtienen por el lado de los ingresos, sino de los gastos, además de que la
pobreza no es un clase social en si misma sino una condición que puede
presentarse con mayor probabilidad en ese 55.1% de los hogares.
El estudio establece que es más
probable transitar hacia la pobreza, debido a una crisis económica, enfermedad
incapacitante, pérdida del empleo, accidente grave etc., que cambiar de clase
social, de forma que las clases sociales son mucho más estables, o bien visto
desde otro punto de vista es más difícil la movilidad social interclase.
Por otro lado no es lo mismo ser
de la clase media a nivel urbano a que a nivel rural, en el primero la clase
media es el 50.1% de los hogares, en tanto que en el medio rural es únicamente
el 28.1% esto debido a la mayor cercanía a los mecanismos de protección social
que ofrece el estado en el ámbito urbano, así como a la pertenencia a redes de
solidaridad grupal (familiares, amigos, ONGs etc.)
¿Qué características tiene la
clase media?, tienen al menos una computadora, gastan 4,400 pesos trimestrales
en consumir alimentos y bebidas fuera del hogar, un integrante de la familia
trabaja en el mercado laboral formal, el jefe de familia tiene al menos
educación media superior, su estado civil es casado, el hogar nuclear es de
cuatro personas, tienen estudios superiores o como mínimo educación media
superior, sus hijos asisten a una escuela pública y la vivienda es propia o se financia
con un crédito de interés social.
Para el Banco Mundial la clase
media tiene un ingreso promedio mensual de entre 15 mil y 75 mil pesos
mensuales para una familia de cuatro integrantes, mientras que para el INEGI
dicho ingreso varía entre los 14 mil y los 24 mil pesos mensuales.
La buena noticia es que dicha
clase media creció en 4 puntos porcentuales en una década al pasar de 35.2
millones de personas en el 2000 a 39.19 millones de personas en el 2010, lo que
nos da alguna luz sobre la baja movilidad interclase.
La clase alta por su parte se
caracteriza por tener vivienda propia, un integrante de la familia ocupado en
trabajo intelectual directivo, un integrante empresario y el jefe de familia
tiene estudios medio superior o superiores.
En lo que coinciden ambos
estudios es en la variable educativa, es decir a mayor nivel educativo mayor
estrato social, de lo que se infiere que una mejor política educativa, y una
mayor calidad en la educación permitirá una mayor movilidad social.
CONCENTRACIÓN DEL INGRESO E INIQUIDAD SALARIAL
De acuerdo con un estudio de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico denominado “An
Overview of Growing Income Inequalities in OECD Countries: Main Findings (http://www.oecd.org/els/soc/49499779.pdf),
la desigualdad en los ingresos de la población de los países miembros de esta
organización ha ido creciendo de manera persistente en los últimos 20 años, si
bien el ingreso disponible se ha incrementado en 1.7% promedio anual, el
ingreso del 10% de la población más rica crece mucho más rápido que el ingreso
del 10% de la población más pobre, lo que amplía la concentración del ingreso.
En promedio, entre los países miembros
de esta organización, el 10% de la población más rica tiene un ingreso 9 veces
superior al 10% más pobre, pero esta diferencia varía ampliamente de un país a
otro, así en el caso de Italia, Corea y Japón la diferencia es de 10 a 1, en el
caso de Estados Unidos, Israel y Turquía la diferencia es de 14 a 1, pero en el
caso de México y Chile la diferencia es de 27 a 1, y eso que en México dicha
desigualdad se ha ido reduciendo.
El índice de Gini que mide la concentración
del ingreso se ha incrementado en al menos un 10% promedio entre los miembros
de la OECD. Esta concentración del ingreso se ha dado aún en aquellos países
que tradicionalmente tenían una mayor equidad como Alemania,
Dinamarca y Suecia.
Se establece que, probablemente,
una de las causas principales de este incremento en la desigualdad tiene que
ver con el proceso de globalización que beneficia a los trabajadores con más
altos niveles de educación, profesionalización y especialización, lo que genera
destrezas y capacidades consideradas más valiosas y por ello mejores salarios
en relación a aquellos que no cumplen con éstos requisitos. La re-localización
de la producción en otros países que busca disminuir los costos de producción,
en especial los laborales, es otro factor que incide en la desigualdad entre
salarios y ganancias.
El incremento en la competencia
internacional y la búsqueda de reducción de costos, ha reducido la protección hacia
los trabajadores. Los contratos de tiempo parcial, la subcontratación, etc.
juegan un papel importante y muchos países como México, ante su baja
productividad y tecnología de punta compiten con mano de obra barata y
des-regulación.
Otra causa esta relacionada con
el progreso tecnológico, sobre todo en tecnologías de la información y la
comunicación que requieren de destrezas muy específicas. Por último, otros
factores relevantes tienen que ver con las políticas, regulaciones e
instituciones. Es el caso por ejemplo de la des-regulación en el mercado de
productos, de los mecanismos para fijar salarios, de la pérdida de poder de los
trabajadores en las negociaciones y de un proceso de des-sindicalización.
Es claro que ante las crisis
económicas siempre hay sectores de la población con mayores pérdidas de
ingresos que otros, pero cuando se aplican políticas publicas de incremento de
impuestos y reducción del gasto para disminuir el déficit fiscal y “salir de la
crisis”, la desigualdad se incrementa sensiblemente, sin que los gobiernos
tengan los recursos económicos para revertir la problemática. Así una de las
principales razones en el incremento de la desigualdad entre salarios y
ganancias son las recurrentes crisis económicas.
El problema es que al parecer
vamos por el camino incorrecto, pues a menores percepciones por parte de los
asalariados menor recaudación fiscal (los trabajadores no pueden trasladar,
evadir o eludir los impuestos), menor poder de compra, y por ende menor
potencial de ventas. El mercado interno se debilita, las ganancias de las
empresas se reducen, alimentando la caída en la recaudación fiscal, y la
búsqueda de menores costos de producción se traduce en menores salarios,
prestaciones, etc., cerrando un círculo vicioso que genera mayor iniquidad,
menor crecimiento económico y mayor posibilidad de un conflicto social.
CALIDAD DEL EMPLEO DE LAS MUJERES EN JALISCO
Ante las dificultades económicas el número de mujeres que se
integran al mercado de trabajo ha ido en aumento constante, muchas de ellas
buscan complementar los ingresos familiares mientras que otras deben mantener a
su familia.
En Jalisco del total de ocupados el 39.5% son mujeres, y del total de las mujeres el 50.6% son madres, de las cuales
el 71.9% están casadas o unidas a una pareja, en tanto que el 7.1% están divorciadas,
el 9.8% son madres solteras y el 11.1% son viudas.
Las madres que no realizan alguna actividad económica fuera
del hogar son el 54.8%, mientras que el 45.2% trabaja fuera del hogar, y de
ellas casi la mitad (48%) son jefes de familia, es decir: constituyen la
principal fuente de ingresos, en su mayoría porque el marido ha abandonado el
hogar.
Las mujeres que trabajan realizan una doble jornada de
trabajo, en el hogar, lo que implica la limpieza, administración y el cuidado de
los hijos y, en la empresa donde sus funciones son de índole diversa. Ellas son
madres, esposas y empleadas al mismo tiempo y su tiempo libre es casi nulo, en
especial el tiempo dedicado a ellas mismas en materia de salud, deporte, ocio y
cuidados personales.
No es un secreto la desigualdad laboral en materia de
salarios y responsabilidades que las mujeres asumen, tampoco es un secreto la
violencia intrafamiliar que es mucho mayor para las mujeres que trabajan y
tienen hijos pequeños, en particular por que la pareja considera que descuida
la familia.
De acuerdo con el Banco Mundial, las mujeres en México ganan
20% menos que los hombres para el mismo puesto y las mismas responsabilidades,
y la diferencia se incrementa en Jalisco donde ganan menos que el promedio
nacional, algunas encuestas han establecido que la mujer gana 30% menos y el
21% sufre de discriminación laboral.
La mayor desventaja con respecto a los hombres se encuentra a
nivel de puestos directivos donde solo el 11% son mujeres, así como entre los
profesionistas y los funcionarios públicos y del sector privado, pero muy en
especial en aquellos relacionados con el comercio. La ocupación con menor
índice de discriminación se da entre los trabajadores domésticos.
El empleo de las mujeres en Jalisco es sumamente precario, el
46.7% de las mujeres no tiene acceso a instituciones de salud, 59.5% no esta
sindicalizada, 22.4% no tiene acceso a aguinaldo ni a vacaciones pagadas con
goce de sueldo o reparto de utilidades, el 59% no tiene acceso a guardería ni a
cuidados maternos, 51% no tiene acceso a préstamos personales o cajas de
ahorro, 61.7% no tiene acceso a un seguro de vida o seguro privado para gastos
médicos, 34.1% no tiene contrato por escrito, 7% gana hasta un salario mínimo,
23.4% gana entre 1 y dos salarios mínimos, y 17.9% gana entre dos y tres
salarios mínimos, es decir que el 48.3% de las mujeres que trabajan ganan menos
de tres salarios mínimos.
Adicionalmente el 31% no tiene prestaciones laborales, 32% no
tiene acceso a instituciones de salud y 3.2% tiene un trabajo secundario, es
decir reparte su día en tres ocupaciones distintas.
Por último falta contundencia por parte del Instituto Jalisciense
de las Mujeres, su falta de presencia y documentos de investigación es realmente penosa, su página de internet es suamamente pobre y escueta, sin estadísticas,
publicaciones etc., y de su página de Face ni hablar.
EDUCACIÓN, MOVILIDAD SOCIAL Y CLASE MEDIA
De acuerdo con el reciente estudio del Banco Mundial: “La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina”, del 2000 al 2010, 50 millones de habitantes salieron de la pobreza y el 40% de los hogares ascendieron en la escala social, sin embargo la mayoría de estos hogares se situaron en un nivel socioeconómico entre la pobreza y la clase media, a los que se ha llamado clase de los vulnerables.
Las personas que conforman la clase media son aquellas que tienen un nivel educativo superior a los que han dejado atrás, viven en zonas urbanas y tienen un empleo en el sector formal, las familias de clase media tienen menos hijos y las madres son personas que trabajan y aportan al hogar un ingreso adicional.
Según este estudio, 30% de la población del continente es ya clase media y es equivalente al tamaño de la clase pobre.
Medida por su nivel de ingresos, se define a la clase media como aquellos con ingresos en un intervalo que va de $10.00 a $50.00 dlls al día por persona, es decir, un aproximado de 125.00 y 625.00 pesos diarios per capita si el tipo de cambio fuera de $12.50 pesos por dólar, lo que nos da un aproximado de 3,750 pesos al mes, como mínimo y, 18,750 pesos como máximo, por lo que una familia de cuatro personas tendría un ingreso de entre 15 mil y 75 mil pesos mensuales.
El estudio establece que el 30.5% de los latinoamericanos viven en pobreza, el 37.5% se encuentra entre la pobreza y la clase media (población vulnerable), el 30% sería clase media, y solo el 2% serían los ricos o la élite, es decir que en lugar de tres clases sociales tenemos cuatro.
La población vulnerable tendría mayor probabilidad de caer en la pobreza, mientras que la clase media tiene, de alguna manera, asegurada su permanencia en dicho nivel económico, son menos vulnerables a las crisis económicas pero su movilidad al siguiente estrato es prácticamente nula, mientras que la movilidad de los vulnerables se ha acentuado hacia el nivel inmediato superior ayudada por la mejoría en sus niveles educativos y la posibilidad de encontrar un empleo permanente.
En pocas palabras las familias que pasaron de la pobreza a la vulnerabilidad y de ésta a la clase media son aquellas cuyo jefe de familia tiene un mejor nivel de educación que sus padres, invierte en la educación de sus hijos, se ha trasladado a las zonas urbanas y posee un empleo formal.
El estudio parece demostrar que invertir en educación de calidad es un factor fundamental en la movilidad social de una clase a otra. Un vocabulario más rico, una mejor alimentación, mejores instalaciones y mejores maestros dotan a los alumnos de mayores posibilidades de ascender en la escala social.
También se establece que el crecimiento económico favorece la expansión de la clase media y con ello genera un círculo virtuoso de crecimiento económico. Ello implica un mayor mercado interno, la posibilidad de las empresas de incrementar sus ventas y elevar sus niveles de producción y empleo.
En pocas palabras invertir en una mejor educación para los hijos es abrirles la posibilidad de un futuro mejor y ello se da si los padres a su vez han tenido mejores posibilidades educativas, y seguramente usted pensará ¡eso es algo que todos sabíamos! o al menos intuíamos, pero de lo cual no teníamos cifras.
Foto: Luis Montanez |
EL COSTO ECONÓMICO DE UNA LEY NO NECESARIA E INÚTIL
Una ley es útil cuando norma hechos frecuentes porque solo en esos casos se puede desobedecer, una ley eficiente es aquella que genera un bien común, lo suficientemente amplio que aporte al bienestar y la seguridad social, “cuando algo se hace muchas veces parece que proviene del juicio deliberado de la razón… y en función de ello se puede definir si una ley falla, es obsoleta o inútil” (Tomado del libro: Filosofía del Derecho, Hermenéutica y Analogía de Mauricio Beuchot Puente)
En días pasados el diputado Enrique Velázquez por el PRD presentó una iniciativa de Ley de Libre Conviviencia. Lo que es de llamar la atención es que pretende regular la unión libre de algo que de por sí ¡ya es libre!. Presupone un acto jurídico ante un oficial del registro civil y cuya nulidad se dará por voluntad de ambos convivientes, o de manera unilateral por cualquiera de ellos, por que alguno de los convivientes contraiga matrimonio, o establezca una relación de concubinato o porque haya actuado dolosamente al suscribir la libre convivencia.
Se busca proteger del desamparo legal a quienes no se han casado y llevan una vida familiar o/y de pareja. Muchas personas pueden desear convivir y no casarse porque ello les de mayor libertad y seguridad tanto sobre su persona como sobre sus bienes, de forma que esta ley generará más problemas que soluciones, piense usted por ejemplo en un anciano o enfermo solitario que ha vivido por cinco años con su enfermera, cuando el primero muera, ¿la segunda podrá reclamar el derecho sobre la casa porque convivieron por cinco años?, esta ley puede generar muchos problemas, los juzgados tendrán cientos y cientos de demandas argumentando uniones de hecho.
En el Distrito Federal se aprobó una Ley de Convivencia semejante que entró en vigor en marzo del 2007 y para diciembre del 2011 sólo se habían realizado 766 tramitaciones, reduciéndose cada año, así en 2007 fueron 257 tramitaciones, en 2008: 268, en 2009: 214, en 2010: 41 y en 2011: 6., de estas 56 fueron disueltas en dicho periodo, es decir el 7% (datos obtenidos a través del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal). Derivado de estas cifras ¡es una ley inútil!
En pocas palabras estamos desperdiciando los escasos recursos económicos con los que se cuenta en establecer una ley de libre convivencia de muy baja demanda e impacto social y que puede duplicar elementos ya contenidos en otras leyes y reglamentos e implica, a su vez, modificar el Código Civil y la Ley del Registro Civil.
¿Por qué desperdiciar recursos económicos, de tiempo y de ocupación de los legisladores en una Ley de baja demanda y bajo impacto?
Hagamos un ejercicio sencillo sobre los costos aproximados de redactar, discutir y aprobar una ley, partiendo del supuesto de que se quiera aprobar rápidamente y que se tenga como plazo máximo tres meses para lograrlo y que por ello los involucrados destinen la mayoría de su tiempo a dicho objetivo.
En Jalisco un diputado gana quincenalmente 53 mil 617 pesos brutos, es decir 107 mil 342 pesos mensuales (según la página de internet del poder legislativo de Jalisco), para dictaminar esta Ley deben participar cuatro comisiones legislativas que concentran 30 diputados distribuidos de la siguiente manera: 11 en la Comisión de Puntos Constitucionales, 7 en la de Derechos Humanos, 3 en la de equidad y Género, y 9 en Desarrollo Humano, ello nos da un total de 3 millones 220 mil, 260 pesos mensuales, pero tenemos un plazo de 3 meses, así que la cifra puede llegar a los 9 millones 651 mil 60 pesos Ahora supongamos que el tiempo destinado no es del 100% sino del 70% porque llevan prisa para lograrlo, el costo asciende a 6 millones 755 mil 42 pesos.
Para el proceso de dictaminación se requiere del apoyo del director del órgano técnico de puntos constitucionales cuyo sueldo quincenal es de 27 mil 707 pesos, un abogado investigador con un sueldo de 18 mil 351pesos y un asesor diputado “A” con un sueldo de 16 mil 672 pesos. Lo que genera un egreso mensual de 125 mil 460 pesos suponiendo que dedican el 100% de su tiempo para lograr la dictaminación en un mes. Ello sin considerar el trabajo necesario de un auxiliar administrativo, una secretaria y un notificador del poder legislativo por lo que hay que sumar por los tres, aproximadamente 54 mil pesos más a nuestras cifras mensuales.
Hasta este punto, entre la redacción, análisis y dictaminación se han erogado 6 millones 934 mil 502 pesos.
Suponiendo la aprobación y aplicación de la ley en caso de una controversia legal derivada de la libre convivencia, el personal involucrado en un juicio cobra las siguientes cifras de forma quincenal:
• 1 Juez : $ 28,239.00
• 2 Secretarios: $9,920.00 c/u
• 1 Secretario de acuerdos: $ 11,276.00
• 1 Secretario conciliador: $ 10,689.00
• 3 Notificadores: $ 5,556.00 c/u
• 9 auxiliares judiciales: $ 4,296.00
Lo que nos da un total mensual de 159 mil 792 pesos.
Y aún no hemos terminado, pues faltan los costos del Oficial del Registro Civil de Guadalajara para el registro de las actas y los costos por apelaciones, amparos y demás en caso de juicio de disolución que no se resolviera en primera instancia. También es necesario agregar el tiempo invertido en esta ley y la modificación de las leyes y reglamentos relacionados como la Ley del Registro Civil y el Código Civil que desvían recursos que pueden orientarse a acciones mucho más incluyentes y de beneficio social amplio.
Y lo que viene a mi mente es lo que todo mundo sabe, que en economía la máxima es no desperdiciar los escasos recursos fiscales con que cuenta el país y aún más los estados, y que requerimos leyes más importantes y urgentes que beneficien a un segmento mucho mayor de la población, que incluye además a las personas que esta ley pretende proteger, y que tiene que ver con la seguridad social, el desarrollo humano y muy en especial el desarrollo económico. Lo que se impone es invertir tiempo, esfuerzo y recursos en más y mejores leyes de fomento económico, mayor cobertura y alto impacto.
En días pasados el diputado Enrique Velázquez por el PRD presentó una iniciativa de Ley de Libre Conviviencia. Lo que es de llamar la atención es que pretende regular la unión libre de algo que de por sí ¡ya es libre!. Presupone un acto jurídico ante un oficial del registro civil y cuya nulidad se dará por voluntad de ambos convivientes, o de manera unilateral por cualquiera de ellos, por que alguno de los convivientes contraiga matrimonio, o establezca una relación de concubinato o porque haya actuado dolosamente al suscribir la libre convivencia.
Se busca proteger del desamparo legal a quienes no se han casado y llevan una vida familiar o/y de pareja. Muchas personas pueden desear convivir y no casarse porque ello les de mayor libertad y seguridad tanto sobre su persona como sobre sus bienes, de forma que esta ley generará más problemas que soluciones, piense usted por ejemplo en un anciano o enfermo solitario que ha vivido por cinco años con su enfermera, cuando el primero muera, ¿la segunda podrá reclamar el derecho sobre la casa porque convivieron por cinco años?, esta ley puede generar muchos problemas, los juzgados tendrán cientos y cientos de demandas argumentando uniones de hecho.
En el Distrito Federal se aprobó una Ley de Convivencia semejante que entró en vigor en marzo del 2007 y para diciembre del 2011 sólo se habían realizado 766 tramitaciones, reduciéndose cada año, así en 2007 fueron 257 tramitaciones, en 2008: 268, en 2009: 214, en 2010: 41 y en 2011: 6., de estas 56 fueron disueltas en dicho periodo, es decir el 7% (datos obtenidos a través del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal). Derivado de estas cifras ¡es una ley inútil!
En pocas palabras estamos desperdiciando los escasos recursos económicos con los que se cuenta en establecer una ley de libre convivencia de muy baja demanda e impacto social y que puede duplicar elementos ya contenidos en otras leyes y reglamentos e implica, a su vez, modificar el Código Civil y la Ley del Registro Civil.
¿Por qué desperdiciar recursos económicos, de tiempo y de ocupación de los legisladores en una Ley de baja demanda y bajo impacto?
Hagamos un ejercicio sencillo sobre los costos aproximados de redactar, discutir y aprobar una ley, partiendo del supuesto de que se quiera aprobar rápidamente y que se tenga como plazo máximo tres meses para lograrlo y que por ello los involucrados destinen la mayoría de su tiempo a dicho objetivo.
En Jalisco un diputado gana quincenalmente 53 mil 617 pesos brutos, es decir 107 mil 342 pesos mensuales (según la página de internet del poder legislativo de Jalisco), para dictaminar esta Ley deben participar cuatro comisiones legislativas que concentran 30 diputados distribuidos de la siguiente manera: 11 en la Comisión de Puntos Constitucionales, 7 en la de Derechos Humanos, 3 en la de equidad y Género, y 9 en Desarrollo Humano, ello nos da un total de 3 millones 220 mil, 260 pesos mensuales, pero tenemos un plazo de 3 meses, así que la cifra puede llegar a los 9 millones 651 mil 60 pesos Ahora supongamos que el tiempo destinado no es del 100% sino del 70% porque llevan prisa para lograrlo, el costo asciende a 6 millones 755 mil 42 pesos.
Para el proceso de dictaminación se requiere del apoyo del director del órgano técnico de puntos constitucionales cuyo sueldo quincenal es de 27 mil 707 pesos, un abogado investigador con un sueldo de 18 mil 351pesos y un asesor diputado “A” con un sueldo de 16 mil 672 pesos. Lo que genera un egreso mensual de 125 mil 460 pesos suponiendo que dedican el 100% de su tiempo para lograr la dictaminación en un mes. Ello sin considerar el trabajo necesario de un auxiliar administrativo, una secretaria y un notificador del poder legislativo por lo que hay que sumar por los tres, aproximadamente 54 mil pesos más a nuestras cifras mensuales.
Hasta este punto, entre la redacción, análisis y dictaminación se han erogado 6 millones 934 mil 502 pesos.
Suponiendo la aprobación y aplicación de la ley en caso de una controversia legal derivada de la libre convivencia, el personal involucrado en un juicio cobra las siguientes cifras de forma quincenal:
• 1 Juez : $ 28,239.00
• 2 Secretarios: $9,920.00 c/u
• 1 Secretario de acuerdos: $ 11,276.00
• 1 Secretario conciliador: $ 10,689.00
• 3 Notificadores: $ 5,556.00 c/u
• 9 auxiliares judiciales: $ 4,296.00
Lo que nos da un total mensual de 159 mil 792 pesos.
Y aún no hemos terminado, pues faltan los costos del Oficial del Registro Civil de Guadalajara para el registro de las actas y los costos por apelaciones, amparos y demás en caso de juicio de disolución que no se resolviera en primera instancia. También es necesario agregar el tiempo invertido en esta ley y la modificación de las leyes y reglamentos relacionados como la Ley del Registro Civil y el Código Civil que desvían recursos que pueden orientarse a acciones mucho más incluyentes y de beneficio social amplio.
Y lo que viene a mi mente es lo que todo mundo sabe, que en economía la máxima es no desperdiciar los escasos recursos fiscales con que cuenta el país y aún más los estados, y que requerimos leyes más importantes y urgentes que beneficien a un segmento mucho mayor de la población, que incluye además a las personas que esta ley pretende proteger, y que tiene que ver con la seguridad social, el desarrollo humano y muy en especial el desarrollo económico. Lo que se impone es invertir tiempo, esfuerzo y recursos en más y mejores leyes de fomento económico, mayor cobertura y alto impacto.
EL REPLIEGUE DEL ESTADO Y EL TERCER SECTOR EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN
La crisis económica financiera global que inicia en 2007 y se sigue manifestando en la zona monetaria europea como una crisis fiscal, ha generado un retroceso del estado del bienestar que se manifiesta en un recorte fundamental del gasto público y un incremento en los impuestos para sanear las debilitadas finanzas públicas, una vez que los recursos gubernamentales se utilizaron para rescatar instituciones financieras y establecer políticas activas de empleo y combate a los efectos económicos negativos de la crisis.
Los países afectados han tenido que reducir su gasto en seguridad social, pensiones, seguro de desempleo, educación etc. generando un peligroso retroceso social que afecta la paz, la estabilidad económica, la democracia y la gobernabilidad, en gran parte de la periferia europea. Sin embargo este no es sólo un resultado de la crisis fiscal, sino también un resultado de la ideología del liberalismo económico que establece que la mejor manera de resolver el problema de la pobreza es a través del libre mercado y el incremento en la competitividad que logrará precios más bajos, mayor consumo e incremento en el empleo.
Como contrapartida, la sociedad civil ha ido incrementando su actividad social a través de diversas organizaciones y se ha enfocado al combate de los problemas que considera más urgentes: asistencia social a las personas en condiciones de vulnerabilidad, educación, salud, recreación y cultura. Así el denominado tercer sector (siendo el Estado el primer sector y las empresas el segundo sector)tiene un papel más activo como lo demuestran los estudios realizados por la Universidad Johns Hopkins, que en su último estudio de marzo de 2013 denominado “The Global State of Civil Society and Volunteering” establece la necesidad de que los gobiernos tengan un enfoque común de contabilidad nacional que comprenda las actividades realizadas por el voluntariado.
El tercer sector comprende a las organizaciones sociales sin ánimo de lucro y esta compuesto por asociaciones civiles, fundaciones, mutales, cooperativas, clubes de barrio, cámaras empresariales, organizaciones religiosas, comedores barriales, empresas sociales, algunas instituciones de empeño, hospicios, orferinatos, centros contra las adicciones, etc. cuyo fin último es mejorar el bienestar social de sus miembros o beneficiarios, también se les conoce como organizaciones de la sociedad civil y para las Naciones Unidas son las organizaciones no gubernamentales o ONG´s.
En estudios anteriores la Universidad Johns Hopkins destacaba que, de acuerdo con datos recabados en 35 países, en el mundo había 190 millones de personas que trabajaban como voluntarios, generando un promedio del 5% del PIB de dichos países, y en conjunto el valor agregado generado por dichas ONG´s equivalían a la séptima economía más grande del mundo, concentrando sus actividades en los grupos marginados de la sociedad y en comunidades en situación de emergencia.
Hoy el estudio realizado en 15 países establece que los trabajadores voluntarios en promedio representan el 7.4% del total de la fuerza laboral, más que el total de trabajadores de la industria de las finanzas y el transporte, equivalen a la mitad de la fuerza de trabajo de las manufacturas y el comercio, por separado, y es igual a los trabajadores de la industria de la construcción. En 6 de 13 países contabiliza el 10% de su fuerza de trabajo destacándose Japón, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia e Israel.
El valor imputado de sus actividades representa el 4.5% del PIB en promedio, tan solo en Canadá contribuye con el 8.1%, el 7.1% en Israel, el 6.7% en Mozambique y el 6.6% en Estados Unidos, y se estima que su tamaño en realidad puede ser del doble de lo considerado debido a un problema de contabilidad nacional. En países como Bélgica y Canadá puede ser cinco veces mayor.
El 75% del valor agregado por el sector se genera a través de actividades de servicio como educación, cuidado de la salud, servicio social y mejora de viviendas, aunque existen otro tipo de actividades como las deportivas, culturales, recreativas, musicales y de empoderamiento. El sector ha crecido ha tasas mayores que el PIB, de los 90´s a mediados de los 2000´s, en la mayoría de los países del estudio.
Para el caso de México el valor agregado generado por el sector representa un equivalente al 2.2% del PIB, es el 0.4% de la fuerza de trabajo total pero equivale al 21% del valor agregado en educación, el 12% en el campo de las artes, entretenimiento y recreación y el 5% en salud y asistencia social, el 5% del sector financiero y los seguros, el 3% en servicios profesionales, científicos y técnicos y el 1% de los servicios públicos.
Los recursos generados para sostener estas actividades sociales no rentables provienen en primer lugar de pequeñas tarifas y cargos pagados por los beneficiarios (43%), en segundo de apoyos gubernamentales (32%) y el tercero son otorgados a través de donaciones y organizaciones filantrópicas (23%).
En México seguramente los datos son mucho mayores pues los mexicanos se caracterizan por su solidaridad y su tendencia a apoyar directamente a la población mediante donaciones, limosnas y caridad debido a la enorme desconfianza que sienten en las instituciones (de acuerdo con diversos estudios realizados por el ITAM, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Anáhuac entre otras). El potencial que se tendría, si dichos recursos se canalizaran a través de instituciones sociales, tendría un mayor efecto multiplicador y sería más efectivo en el combate a la pobreza, lo que nos hace falta es una mejor organización, cultura al respecto y un adecuado marco legal, ya que el actual no reconoce figuras jurídicas para empresas sociales.
Los países afectados han tenido que reducir su gasto en seguridad social, pensiones, seguro de desempleo, educación etc. generando un peligroso retroceso social que afecta la paz, la estabilidad económica, la democracia y la gobernabilidad, en gran parte de la periferia europea. Sin embargo este no es sólo un resultado de la crisis fiscal, sino también un resultado de la ideología del liberalismo económico que establece que la mejor manera de resolver el problema de la pobreza es a través del libre mercado y el incremento en la competitividad que logrará precios más bajos, mayor consumo e incremento en el empleo.
Como contrapartida, la sociedad civil ha ido incrementando su actividad social a través de diversas organizaciones y se ha enfocado al combate de los problemas que considera más urgentes: asistencia social a las personas en condiciones de vulnerabilidad, educación, salud, recreación y cultura. Así el denominado tercer sector (siendo el Estado el primer sector y las empresas el segundo sector)tiene un papel más activo como lo demuestran los estudios realizados por la Universidad Johns Hopkins, que en su último estudio de marzo de 2013 denominado “The Global State of Civil Society and Volunteering” establece la necesidad de que los gobiernos tengan un enfoque común de contabilidad nacional que comprenda las actividades realizadas por el voluntariado.
El tercer sector comprende a las organizaciones sociales sin ánimo de lucro y esta compuesto por asociaciones civiles, fundaciones, mutales, cooperativas, clubes de barrio, cámaras empresariales, organizaciones religiosas, comedores barriales, empresas sociales, algunas instituciones de empeño, hospicios, orferinatos, centros contra las adicciones, etc. cuyo fin último es mejorar el bienestar social de sus miembros o beneficiarios, también se les conoce como organizaciones de la sociedad civil y para las Naciones Unidas son las organizaciones no gubernamentales o ONG´s.
En estudios anteriores la Universidad Johns Hopkins destacaba que, de acuerdo con datos recabados en 35 países, en el mundo había 190 millones de personas que trabajaban como voluntarios, generando un promedio del 5% del PIB de dichos países, y en conjunto el valor agregado generado por dichas ONG´s equivalían a la séptima economía más grande del mundo, concentrando sus actividades en los grupos marginados de la sociedad y en comunidades en situación de emergencia.
Hoy el estudio realizado en 15 países establece que los trabajadores voluntarios en promedio representan el 7.4% del total de la fuerza laboral, más que el total de trabajadores de la industria de las finanzas y el transporte, equivalen a la mitad de la fuerza de trabajo de las manufacturas y el comercio, por separado, y es igual a los trabajadores de la industria de la construcción. En 6 de 13 países contabiliza el 10% de su fuerza de trabajo destacándose Japón, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia e Israel.
El valor imputado de sus actividades representa el 4.5% del PIB en promedio, tan solo en Canadá contribuye con el 8.1%, el 7.1% en Israel, el 6.7% en Mozambique y el 6.6% en Estados Unidos, y se estima que su tamaño en realidad puede ser del doble de lo considerado debido a un problema de contabilidad nacional. En países como Bélgica y Canadá puede ser cinco veces mayor.
El 75% del valor agregado por el sector se genera a través de actividades de servicio como educación, cuidado de la salud, servicio social y mejora de viviendas, aunque existen otro tipo de actividades como las deportivas, culturales, recreativas, musicales y de empoderamiento. El sector ha crecido ha tasas mayores que el PIB, de los 90´s a mediados de los 2000´s, en la mayoría de los países del estudio.
Para el caso de México el valor agregado generado por el sector representa un equivalente al 2.2% del PIB, es el 0.4% de la fuerza de trabajo total pero equivale al 21% del valor agregado en educación, el 12% en el campo de las artes, entretenimiento y recreación y el 5% en salud y asistencia social, el 5% del sector financiero y los seguros, el 3% en servicios profesionales, científicos y técnicos y el 1% de los servicios públicos.
Los recursos generados para sostener estas actividades sociales no rentables provienen en primer lugar de pequeñas tarifas y cargos pagados por los beneficiarios (43%), en segundo de apoyos gubernamentales (32%) y el tercero son otorgados a través de donaciones y organizaciones filantrópicas (23%).
En México seguramente los datos son mucho mayores pues los mexicanos se caracterizan por su solidaridad y su tendencia a apoyar directamente a la población mediante donaciones, limosnas y caridad debido a la enorme desconfianza que sienten en las instituciones (de acuerdo con diversos estudios realizados por el ITAM, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Anáhuac entre otras). El potencial que se tendría, si dichos recursos se canalizaran a través de instituciones sociales, tendría un mayor efecto multiplicador y sería más efectivo en el combate a la pobreza, lo que nos hace falta es una mejor organización, cultura al respecto y un adecuado marco legal, ya que el actual no reconoce figuras jurídicas para empresas sociales.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)