Jalisco es un estado con una economía cada vez más vinculada al sector externo, muy en especial a la economía de los Estados Unidos: nuestro principal socio comercial que adquiere el 73% del total de nuestras exportaciones y de quién compramos más del 60% de las importaciones.
La rápida expansión del comercio exterior, el turismo internacional, las remesas y la inversión extranjera directa nos hace una economía con gran potencial de crecimiento económico, pero también con gran vulnerabilidad a la volatilidad del precio del dólar con respecto al peso y la dinamismo del sector de manufacturas en Estados Unidos, en especial su industria automotriz, electrónica, química y alimenticia, así como la industria de la construcción que es en la que laboran más del 50% de nuestros paisanos.
El crecimiento promedio de las exportaciones es casi un punto porcentual mayor que a nivel nacional, y con respecto a las importaciones es mayor en casi 4 puntos porcentuales. En materia de atracción de remesas ocupamos el tercer lugar a nivel nacional en los últimos tres años, y en materia de inversión extranjera directa del 2000 al 2011 ocupamos el sexto lugar a nivel nacional.
En el 2003 el volumen del comercio exterior (importaciones más exportaciones) representaba el 64% del PIB del estado en dólares, para 2010 representó el 108%, la inversión extranjera directa, a pesar de ser sumamente variable e impredecible, aumentó su participación del 0.9% al 2.6% en el mismo período, por su parte las remesas desde el 2007 a la fecha son equivalentes al 3% del PIB, en tanto que la derrama turística pasó del 0.03% del PIB al 0.8%.
Estas cifras nos hacen una economía sumamente globalizada y abierta al exterior, lo que implica que debemos poner mucha atención en los efectos que la depreciación del peso tienen sobre las finanzas de las empresas importadoras y exportadoras, de las empresas que se endeudan en dólares o monedas extranjeras sin tener una cobertura cambiaria, y de las poblaciones que dependen fuertemente de las remesas, para lo cual es necesario profundizar en la cultura financiera y el acceso a servicios más sofisticados para empresas y familias.
En Jalisco se cumple totalmente el dicho de que “si a Estados Unidos le da gripa a nosotros nos puede dar neumonía”, por ello debemos incentivar el desarrollo del mercado interno, facilitar la apertura de empresas con menores costos y trámites, tener programas de apoyo a la inversión productiva, incentivos a la generación de empleos y fomentar la reinversión de utilidades en la innovación, la capacitación y el desarrollo de nuevos productos, así como potencializar el uso de las remesas en mejorar el patrimonio familiar, pues ello conlleva a un mayor patrimonio municipal, entre otros factores.
DE POR QUÉ LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO PUEDE RESOLVER EL PROBLEMA DEL EMPLEO
La problemática laboral en nuestro país, como en el resto del mundo, es sumamente compleja, es un fenómeno multidimensional y multifactorial en el que intervienen factores sumamente diversos relacionados con el crecimiento poblacional (bono demográfico y envejecimiento poblacional), su concentración en las grandes ciudades (tanto de empresas como de población), la apertura externa y el proceso de globalización de los sistemas productivos, la educación y la dinámica económica, la innovación tecnológica y la fuerte competencia entre las empresas, el ciclo económico de auge y recesión,la precariedad de las micro y pequeñas empresas, por solo mencionar algunos.
Con relación a sus múltiples dimensiones tenemos el problema de la precarización (bajos salarios, contratos temporales, carencia de prestaciones, inestabilidad e inseguridad laboral), la informalidad, el fenómeno de la subcontratación (ejercicio de una actividad que no va de acuerdo a su formación educativa, trabajo esporádico, jornada menor a 8 hrs. diarias), el incremento en la tasa natural de desempleo (aquella que no genera problemas de inflación y/o recesión), incremento en la desigualdad salarial (entre trabajadores administrativos, operativos, a nivel gerencial y en el sistema financiero), movilidad laboral (carencia de habilidades múltiples que permita la rotación en la empresa y entre diversas actividades económicas), representación sindical (sindicatos corruptos que no representan a sus trabajadores y fenómeno de reducción de sindicatos y de trabajadores sindicalizados), incompatibilidad entre oferta y demanda laboral (las necesidades de las empresas no son cubiertas por los actuales programas educativos y existen excedentes de profesionistas en ciertas carreras y escasez en otras) y el problema de los grupos vulnerables ( trabajadores con discapacidad, personas de la tercera edad, trabajo infantil, problemática del empleo juvenil y mujeres embarazadas, con hijos y jefes de familia).
Esta compleja interrelación de variables supone que el problema del empleo compete no sólo a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, sino también a diversas instituciones involucradas como la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Economía, las organizaciones empresariales y de trabajadores, la Secretaria de Desarrollo Social, las Universidades y centros educativos en general, incubadoras y aceleradores de negocios, programas de financiamiento empresarial etc., que deben buscar esquemas colaborativos encaminados a facilitar los mecanismos de protección al empleo, pero también del delicado equilibrio de la promoción económica para las empresas y sus necesidades de financiamiento, innovación e investigación, que en última instancia son las fuentes generadoras del mismo.
Si bien existen cambios en la Ley Federal del Trabajo que buscan proteger a los grupos vulnerables, generar empleos dignos y flexibilizar el mercado de trabajo para las empresas, ello es condición necesaria pero no suficiente para resolver el problema laboral.
Con relación a sus múltiples dimensiones tenemos el problema de la precarización (bajos salarios, contratos temporales, carencia de prestaciones, inestabilidad e inseguridad laboral), la informalidad, el fenómeno de la subcontratación (ejercicio de una actividad que no va de acuerdo a su formación educativa, trabajo esporádico, jornada menor a 8 hrs. diarias), el incremento en la tasa natural de desempleo (aquella que no genera problemas de inflación y/o recesión), incremento en la desigualdad salarial (entre trabajadores administrativos, operativos, a nivel gerencial y en el sistema financiero), movilidad laboral (carencia de habilidades múltiples que permita la rotación en la empresa y entre diversas actividades económicas), representación sindical (sindicatos corruptos que no representan a sus trabajadores y fenómeno de reducción de sindicatos y de trabajadores sindicalizados), incompatibilidad entre oferta y demanda laboral (las necesidades de las empresas no son cubiertas por los actuales programas educativos y existen excedentes de profesionistas en ciertas carreras y escasez en otras) y el problema de los grupos vulnerables ( trabajadores con discapacidad, personas de la tercera edad, trabajo infantil, problemática del empleo juvenil y mujeres embarazadas, con hijos y jefes de familia).
Esta compleja interrelación de variables supone que el problema del empleo compete no sólo a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, sino también a diversas instituciones involucradas como la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Economía, las organizaciones empresariales y de trabajadores, la Secretaria de Desarrollo Social, las Universidades y centros educativos en general, incubadoras y aceleradores de negocios, programas de financiamiento empresarial etc., que deben buscar esquemas colaborativos encaminados a facilitar los mecanismos de protección al empleo, pero también del delicado equilibrio de la promoción económica para las empresas y sus necesidades de financiamiento, innovación e investigación, que en última instancia son las fuentes generadoras del mismo.
Si bien existen cambios en la Ley Federal del Trabajo que buscan proteger a los grupos vulnerables, generar empleos dignos y flexibilizar el mercado de trabajo para las empresas, ello es condición necesaria pero no suficiente para resolver el problema laboral.
DEL PORQUE ESPAÑA SE NIEGA A SOLICITAR UN RESCATE FINANCIERO
A pesar de que España ha sufrido una fuga masiva de capitales de 296 mil millones de euros entre julio del 2011 a junio de 2012, que equivalen al 27% de su producto interno bruto (PIB) y, de que su prima de riesgo podría llegar hasta los 750 puntos base (sobre tasa de interés que debe pagar para atraer capitales, 7.5% más de lo que paga el gobierno norteamericano), el gobierno español se ha negado a solicitar ayuda financiera al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Mecanismo de Estabilidad Europeo.
Por si fuera poco su déficit fiscal podría llegar ya al 9.4% de su PIB, su tasa de desempleo ronda el 25%, y la tasa de los jóvenes desempleados ya es del 50%, y a pesar de que el gobierno ha incrementado los impuestos y recortado el gasto público por casi 100 mil millones de euros, la pregunta es ¿por qué España se niega a solicitar ayuda financiera? Y lo mas probable es que la respuesta tenga que ver con las medidas de ajuste que el FMI le impondría como condición del rescate financiero, lo que ha demostrado que a muchos países les provoca un alto costo recesivo y un incremento de la pobreza a niveles que generan un fuerte conflicto social y político interno que profundizan la falta de credibilidad en los gobernantes.
Las famosas cartas de intención del FMI, son un documento de negociación que establecen las medidas de política económica y de cambio estructural que los gobiernos que aceptan la ayuda deben establecer en sus países.
La lógica detrás es asegurarse de que se apliquen políticas económicas neoliberales que garantizan la operación de un mismo modelo económico a nivel internacional. La carta de intención incluye un memorando de política económica y financiera cuya aplicación siempre profundiza la crisis económica que un país enfrenta bajo el argumento de sanear sus finanzas públicas y modificar sus estructuras financieras.
Tal vez España teme la situación que se le impuso a Grecia, en cuyo programa de ajuste debe aumentar la edad de jubilación de los 60 años de edad a los 67 años, vender activos públicos por 50 mil millones de euros, reducir el salario de los servidores públicos en un 20%, congelar las pensiones, aguinaldos y salarios de burócratas, elevar el impuesto al valor agregado (IVA) de un 13 a un 27% en servicios de hostelería, disminuir en 20% los costos salariales etc., todo para lograr que su déficit fiscal pase del 11% del PIB del 2010 al 3% en el 2014, así como elevar los ingresos fiscales al 1.8% del PIB, por mencionar solo algunos de los compromisos asumidos.
Ya el premio nobel de economía Joseph Stiglitz (2001), antiguo funcionario del FMI, ha establecido como las políticas de ajuste que se aplican no toman en consideración la situación particular de cada país, tienen un alto costo en materia de pobreza, y una profunda ceguera ideológica sobre el relativo bienestar que sus medidas de política económica generan y en muchas ocasiones se imponen en función de intereses financieros y políticos de grandes transnacionales.
Por si fuera poco su déficit fiscal podría llegar ya al 9.4% de su PIB, su tasa de desempleo ronda el 25%, y la tasa de los jóvenes desempleados ya es del 50%, y a pesar de que el gobierno ha incrementado los impuestos y recortado el gasto público por casi 100 mil millones de euros, la pregunta es ¿por qué España se niega a solicitar ayuda financiera? Y lo mas probable es que la respuesta tenga que ver con las medidas de ajuste que el FMI le impondría como condición del rescate financiero, lo que ha demostrado que a muchos países les provoca un alto costo recesivo y un incremento de la pobreza a niveles que generan un fuerte conflicto social y político interno que profundizan la falta de credibilidad en los gobernantes.
Las famosas cartas de intención del FMI, son un documento de negociación que establecen las medidas de política económica y de cambio estructural que los gobiernos que aceptan la ayuda deben establecer en sus países.
La lógica detrás es asegurarse de que se apliquen políticas económicas neoliberales que garantizan la operación de un mismo modelo económico a nivel internacional. La carta de intención incluye un memorando de política económica y financiera cuya aplicación siempre profundiza la crisis económica que un país enfrenta bajo el argumento de sanear sus finanzas públicas y modificar sus estructuras financieras.
Tal vez España teme la situación que se le impuso a Grecia, en cuyo programa de ajuste debe aumentar la edad de jubilación de los 60 años de edad a los 67 años, vender activos públicos por 50 mil millones de euros, reducir el salario de los servidores públicos en un 20%, congelar las pensiones, aguinaldos y salarios de burócratas, elevar el impuesto al valor agregado (IVA) de un 13 a un 27% en servicios de hostelería, disminuir en 20% los costos salariales etc., todo para lograr que su déficit fiscal pase del 11% del PIB del 2010 al 3% en el 2014, así como elevar los ingresos fiscales al 1.8% del PIB, por mencionar solo algunos de los compromisos asumidos.
Ya el premio nobel de economía Joseph Stiglitz (2001), antiguo funcionario del FMI, ha establecido como las políticas de ajuste que se aplican no toman en consideración la situación particular de cada país, tienen un alto costo en materia de pobreza, y una profunda ceguera ideológica sobre el relativo bienestar que sus medidas de política económica generan y en muchas ocasiones se imponen en función de intereses financieros y políticos de grandes transnacionales.
DEL PORQUE NO PUEDEN SALIR DE LA CRISIS EN LA EUROZONA
Para que un conjunto de países pueda adoptar una moneda común (euro) se requieren de cambios estructurales fuertes en sus economías, de forma que tengan condiciones similares y poder competir sin ventajas o desventajas notables. Ello implica una gran inversión en infraestructura: carreteras, medios de transporte, sistema financiero etc., que evite las grandes diferencias en productividad y en los costos de producción, transporte e inversión.
Por ello los países denominados “de la periferia” (Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Irlanda, Malta, Portugal etc.) tuvieron que elevar fuertemente su gasto público y en consecuencia su endeudamiento para poder realizar las inversiones necesarias y de esta manera entrar a la unión monetaria europea y gozar de los beneficios de un comercio intrazona mayor y de la obtención de capitales a tasas de interés más bajas, sin sufrir el problema de las devaluaciones de sus monedas.
Para formar parte de la zona del euro los países también se comprometieron a limitar su déficit fiscal a un 3% de su PIB, a limitar su deuda pública a no más del 60% de su PIB, a no tener tasas de interés mayores a un 3%, ni inflación mayor a 1.5% con respecto a la media de los tres países que tengan la inflación más baja. Sin embargo es evidente que el grado de desarrollo de los miembros no es equiparable, como tampoco los efectos que una crisis o recesión económica puede tener sobre su economía y su población.
El tener una moneda común significa que han renunciado a su soberanía monetaria en varios sentidos: a) Ya no tienen una moneda nacional: peseta, franco, escudo, lira etc., que puedan devaluar o revaluar para ajustar su balanza de pagos, b) No pueden emitir dinero para inyectar liquidez a su sistema bancario en crisis (no tienen la función de prestamista de última instancia), c) No tienen política cambiaria que les permita devaluar su moneda para atraer inversión extranjera y capitales al país y d) La política monetaria de cada banco central debe ser coordinada, supervisada y enfocada a los objetivos del eurosistema en su conjunto por lo que no tienen independencia para responder de manera diferente a los efectos de un shock financiero en función de cómo los ha afectado. En pocas palabras los miembros no tienen autonomía en su política monetaria y no tienen política cambiaria.
De lo único que disponen es de independencia fiscal, es decir de la forma en que recaudan sus impuestos y distribuyen su gasto público, así como de las decisiones de endeudamiento público. Sin embargo la crisis de hipotecas subprime los obligó a elevar el gasto y reducir sus impuestos en un primer momento, con el objetivo de disminuir el efecto negativo de la misma sobre su sistema financiero y su población. Así la crisis financiera se transformó en una crisis de deuda soberana (deuda pública de los gobiernos) y como no pueden imprimir moneda para honrar su compromiso, dicha deuda soberana (que en teoría es 100% pagable) se ha tornado impagable, lo que los obliga a ofrecer tasas de interés cada vez mayores, mientras el riesgo de insolvencia se acentúa, y como lo único que pueden captar es capital de corto plazo, la tasa de interés cambia con rapidez hacia la alza, generando una deuda a tasa de interés flexible en el largo plazo.
Por si fuera poco, ellos han asumido un compromiso de déficit fiscal y deuda pública determinada, y el resto de los países menos afectados les exige cumplir sus compromisos, por lo que deben aumentar los impuestos y reducir su gasto público para sanear sus finanzas, lo que profundiza más su recesión. En resumidas cuentas se han quedado sin política monetaria, política cambiaria y política fiscal.
Cuando se creó el euro no se pensó en un fondo de recursos mutuo que pudiera ayudar a los países miembros a enfrentar los efectos asimétricos de una crisis o de la volatilidad financiera internacional y es por ello que han tratado de resolver el problema sobre la marcha sin llegar a acuerdos y consensos globales rápidos y eficaces, sobre todo porque los problemas enfrentados no son de la misma magnitud y los ciudadanos de cada país perciben el peso del ajuste fiscal, la reducción del crédito y el encarecimiento de sus deudas de manera distinta, presionando a sus gobiernos a actuar en consideración a sus necesidades y no a la estabilidad del eurosistema. Las condiciones políticas se hacen ríspidas y los representantes gubernamentales son removidos con rapidez de sus cargos, generando una inestabilidad social y política que en muchos países, como Grecia y España, es ya insostenible.
Es por ello que el Fondo Monetario Internacional ha dicho que para salir de la crisis de la zona monetaria europea se requerirán al menos 10 años, periodo de tiempo en que se considera se establecerán los instituciones supranacionales, los organismos y los nuevos reglamentos que permitan la gestión apropiada de la crisis.
Por ello los países denominados “de la periferia” (Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Irlanda, Malta, Portugal etc.) tuvieron que elevar fuertemente su gasto público y en consecuencia su endeudamiento para poder realizar las inversiones necesarias y de esta manera entrar a la unión monetaria europea y gozar de los beneficios de un comercio intrazona mayor y de la obtención de capitales a tasas de interés más bajas, sin sufrir el problema de las devaluaciones de sus monedas.
Para formar parte de la zona del euro los países también se comprometieron a limitar su déficit fiscal a un 3% de su PIB, a limitar su deuda pública a no más del 60% de su PIB, a no tener tasas de interés mayores a un 3%, ni inflación mayor a 1.5% con respecto a la media de los tres países que tengan la inflación más baja. Sin embargo es evidente que el grado de desarrollo de los miembros no es equiparable, como tampoco los efectos que una crisis o recesión económica puede tener sobre su economía y su población.
El tener una moneda común significa que han renunciado a su soberanía monetaria en varios sentidos: a) Ya no tienen una moneda nacional: peseta, franco, escudo, lira etc., que puedan devaluar o revaluar para ajustar su balanza de pagos, b) No pueden emitir dinero para inyectar liquidez a su sistema bancario en crisis (no tienen la función de prestamista de última instancia), c) No tienen política cambiaria que les permita devaluar su moneda para atraer inversión extranjera y capitales al país y d) La política monetaria de cada banco central debe ser coordinada, supervisada y enfocada a los objetivos del eurosistema en su conjunto por lo que no tienen independencia para responder de manera diferente a los efectos de un shock financiero en función de cómo los ha afectado. En pocas palabras los miembros no tienen autonomía en su política monetaria y no tienen política cambiaria.
De lo único que disponen es de independencia fiscal, es decir de la forma en que recaudan sus impuestos y distribuyen su gasto público, así como de las decisiones de endeudamiento público. Sin embargo la crisis de hipotecas subprime los obligó a elevar el gasto y reducir sus impuestos en un primer momento, con el objetivo de disminuir el efecto negativo de la misma sobre su sistema financiero y su población. Así la crisis financiera se transformó en una crisis de deuda soberana (deuda pública de los gobiernos) y como no pueden imprimir moneda para honrar su compromiso, dicha deuda soberana (que en teoría es 100% pagable) se ha tornado impagable, lo que los obliga a ofrecer tasas de interés cada vez mayores, mientras el riesgo de insolvencia se acentúa, y como lo único que pueden captar es capital de corto plazo, la tasa de interés cambia con rapidez hacia la alza, generando una deuda a tasa de interés flexible en el largo plazo.
Por si fuera poco, ellos han asumido un compromiso de déficit fiscal y deuda pública determinada, y el resto de los países menos afectados les exige cumplir sus compromisos, por lo que deben aumentar los impuestos y reducir su gasto público para sanear sus finanzas, lo que profundiza más su recesión. En resumidas cuentas se han quedado sin política monetaria, política cambiaria y política fiscal.
Cuando se creó el euro no se pensó en un fondo de recursos mutuo que pudiera ayudar a los países miembros a enfrentar los efectos asimétricos de una crisis o de la volatilidad financiera internacional y es por ello que han tratado de resolver el problema sobre la marcha sin llegar a acuerdos y consensos globales rápidos y eficaces, sobre todo porque los problemas enfrentados no son de la misma magnitud y los ciudadanos de cada país perciben el peso del ajuste fiscal, la reducción del crédito y el encarecimiento de sus deudas de manera distinta, presionando a sus gobiernos a actuar en consideración a sus necesidades y no a la estabilidad del eurosistema. Las condiciones políticas se hacen ríspidas y los representantes gubernamentales son removidos con rapidez de sus cargos, generando una inestabilidad social y política que en muchos países, como Grecia y España, es ya insostenible.
Es por ello que el Fondo Monetario Internacional ha dicho que para salir de la crisis de la zona monetaria europea se requerirán al menos 10 años, periodo de tiempo en que se considera se establecerán los instituciones supranacionales, los organismos y los nuevos reglamentos que permitan la gestión apropiada de la crisis.
LOS RIESGOS EN LA REFORMA A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO
Evaluar los cambios propuestos a la Ley Federal del Trabajo en un sentido únicamente positivo o negativo es imposible, la reforma tiene tanto ventajas como desventajas debido a la amplitud de los cambios sugeridos y temas tocados, en este caso hablaremos de los claro obscuros de uno cambio relevante, el relacionado con los artículo 25.II, 35, 39A al 39D y el 83. en los que se establece la relación de trabajo por obra o tiempo determinado, por temporada, de capacitación inicial, o por tiempo indeterminado y, en su caso, si esta sujeta a un periodo de prueba, y la posibilidad de fijar salario por hora trabajada.
El motivo principal es la flexibilización de los contratos laborales para permitir resolver el problema de la contratación de mujeres madres de familia y jóvenes bajo un esquema temporal, a las primeras les permitirá compatibilizar trabajo con familia y a los segundos les da la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo, o bien capacitarse durante el trabajo, de forma que no exista el problema de que no se les contrata porque no tienen una experiencia previa, pero también implica la posibilidad de establecer contratos temporales que no necesariamente garantizan un empleo permanente lo que genera inseguridad en el empleo y presión económica y psicológica sobre el trabajador.
Con esta reforma, en períodos de expansión económica el empleo podrá expandirse fácil y rápidamente sin elevar sustancialmente los costos laborales salariales y no salariales para el patrón, adicionalmente le permitirá adaptarse de manera flexible a los cambios en la demanda de sus productos, muy relacionados con el ciclo económico y el ciclo de vida de las mercancías, sin embargo en épocas de recesión o crisis económica el empleo se contraerá con mayor rapidez y los despidos se acelerarán, lo que elevará la tasa de desempleo, y dado que el 80% de los ocupados en México son asalariados y el Consumo de las familias representa entre un 60% y un 70% del PIB, la caída del ingreso laboral disminuirá rápidamente el consumo, elevara el incremento en inventarios de las empresas y generará un efecto de retroalimentación: contracción económica, desempleo, menores ingresos, menor consumo, mayor acumulación de inventarios, caída en la producción, reducción en las contrataciones, en el empleo y en los ingresos, profundizando aún más la recesión o crisis. En pocas palabras la flexibilización de los contratos laborales serán pro cíclicas, impulsarán el empleo en las expansiones y la reducirán en las recesiones agudizando los problemas económicos y sociales no solo de los trabajadores sino también de las mismas empresas.
Como consecuencia el Estado se verá obligado a incrementar su programa de apoyo al empleo, al sector social y a la economía, en un período en que sus ingresos fiscales se reducirán ampliamente.
El motivo principal es la flexibilización de los contratos laborales para permitir resolver el problema de la contratación de mujeres madres de familia y jóvenes bajo un esquema temporal, a las primeras les permitirá compatibilizar trabajo con familia y a los segundos les da la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo, o bien capacitarse durante el trabajo, de forma que no exista el problema de que no se les contrata porque no tienen una experiencia previa, pero también implica la posibilidad de establecer contratos temporales que no necesariamente garantizan un empleo permanente lo que genera inseguridad en el empleo y presión económica y psicológica sobre el trabajador.
Con esta reforma, en períodos de expansión económica el empleo podrá expandirse fácil y rápidamente sin elevar sustancialmente los costos laborales salariales y no salariales para el patrón, adicionalmente le permitirá adaptarse de manera flexible a los cambios en la demanda de sus productos, muy relacionados con el ciclo económico y el ciclo de vida de las mercancías, sin embargo en épocas de recesión o crisis económica el empleo se contraerá con mayor rapidez y los despidos se acelerarán, lo que elevará la tasa de desempleo, y dado que el 80% de los ocupados en México son asalariados y el Consumo de las familias representa entre un 60% y un 70% del PIB, la caída del ingreso laboral disminuirá rápidamente el consumo, elevara el incremento en inventarios de las empresas y generará un efecto de retroalimentación: contracción económica, desempleo, menores ingresos, menor consumo, mayor acumulación de inventarios, caída en la producción, reducción en las contrataciones, en el empleo y en los ingresos, profundizando aún más la recesión o crisis. En pocas palabras la flexibilización de los contratos laborales serán pro cíclicas, impulsarán el empleo en las expansiones y la reducirán en las recesiones agudizando los problemas económicos y sociales no solo de los trabajadores sino también de las mismas empresas.
Como consecuencia el Estado se verá obligado a incrementar su programa de apoyo al empleo, al sector social y a la economía, en un período en que sus ingresos fiscales se reducirán ampliamente.
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