La problemática laboral en nuestro país, como en el resto del mundo, es sumamente compleja, es un fenómeno multidimensional y multifactorial en el que intervienen factores sumamente diversos relacionados con el crecimiento poblacional (bono demográfico y envejecimiento poblacional), su concentración en las grandes ciudades (tanto de empresas como de población), la apertura externa y el proceso de globalización de los sistemas productivos, la educación y la dinámica económica, la innovación tecnológica y la fuerte competencia entre las empresas, el ciclo económico de auge y recesión,la precariedad de las micro y pequeñas empresas, por solo mencionar algunos.
Con relación a sus múltiples dimensiones tenemos el problema de la precarización (bajos salarios, contratos temporales, carencia de prestaciones, inestabilidad e inseguridad laboral), la informalidad, el fenómeno de la subcontratación (ejercicio de una actividad que no va de acuerdo a su formación educativa, trabajo esporádico, jornada menor a 8 hrs. diarias), el incremento en la tasa natural de desempleo (aquella que no genera problemas de inflación y/o recesión), incremento en la desigualdad salarial (entre trabajadores administrativos, operativos, a nivel gerencial y en el sistema financiero), movilidad laboral (carencia de habilidades múltiples que permita la rotación en la empresa y entre diversas actividades económicas), representación sindical (sindicatos corruptos que no representan a sus trabajadores y fenómeno de reducción de sindicatos y de trabajadores sindicalizados), incompatibilidad entre oferta y demanda laboral (las necesidades de las empresas no son cubiertas por los actuales programas educativos y existen excedentes de profesionistas en ciertas carreras y escasez en otras) y el problema de los grupos vulnerables ( trabajadores con discapacidad, personas de la tercera edad, trabajo infantil, problemática del empleo juvenil y mujeres embarazadas, con hijos y jefes de familia).
Esta compleja interrelación de variables supone que el problema del empleo compete no sólo a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, sino también a diversas instituciones involucradas como la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Economía, las organizaciones empresariales y de trabajadores, la Secretaria de Desarrollo Social, las Universidades y centros educativos en general, incubadoras y aceleradores de negocios, programas de financiamiento empresarial etc., que deben buscar esquemas colaborativos encaminados a facilitar los mecanismos de protección al empleo, pero también del delicado equilibrio de la promoción económica para las empresas y sus necesidades de financiamiento, innovación e investigación, que en última instancia son las fuentes generadoras del mismo.
Si bien existen cambios en la Ley Federal del Trabajo que buscan proteger a los grupos vulnerables, generar empleos dignos y flexibilizar el mercado de trabajo para las empresas, ello es condición necesaria pero no suficiente para resolver el problema laboral.
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