DEL PORQUE DEL BREXIT

La Unión Económica Europea (UE) es el resultado de largos años de negociación para tratar de integrar una unión económica con una sola moneda. Es en primera instancia un mercado común que busca garantizar a sus miembros un crecimiento económico sustentable, estabilidad y desarrollo humano. Por ello los miembros deben coordinar y armonizar su política económica: a) Fiscal, relacionada con los niveles de gasto, endeudamiento público, impuestos e ingresos públicos; b) Monetaria, relacionada con el manejo de tasas de interés, oferta monetaria y hoja de balance del banco central; c) Cambiaria, para los que no pertenecen al euro (Gran Bretaña y Dinamarca); y d) Financiera y bancaria.

También deben coordinar su política social, cultural, deportiva e incluso la relacionada con las relaciones diplomáticas, migración, seguridad nacional y las relaciones económicas con los países no miembros de la unión.

Los países miembros están sujetos a la vigilancia de la Comisión Europea que fiscaliza el desempeño de sus indicadores económicos, evalúa su situación económica y hace recomendaciones en materia de política económica. Ello impone límites severos en cuanto a la autonomía de cada país respecto a la política económica a instrumentar frente a una crisis financiera, económica e incluso política; anteponiendo en la mayoría de los casos los intereses de la unión y por ende, de los ciudadanos europeos, a los intereses de los habitantes de cada país.

El pertenecer a la UE implica una política comercial uniformada de libre circulación de mercancías, servicios, personas y capitales; cumplir con las pautas de una misma política exterior y de cooperación en materia judicial y policial; en asuntos climáticos; energéticos; marítimos y de pesca; de aduanas; comercio; protección de consumidores; cultura; deporte; empleo, pensiones y seguridad laboral; política social; de desarrollo y cooperación; derechos humanos; migración etc.

Todos los países miembros tienen un sistema uniforme de derechos aduaneros sobre importaciones.

A partir de la crisis financiera de 2008 se han reforzado las medidas de seguridad, cooperación y coordinación de políticas económicas, se han endurecido los controles sobre la deuda y déficit público, así como las normas presupuestarias y las sanciones ante su no cumplimiento. Adicionalmente se han establecido procedimientos para evitar burbujas inmobiliarias y financieras, y se han establecido nuevos mecanismos de supervisión bancaria con la idea de crear una unión bancaria, una unión fiscal y finalmente una unión política.

La unión bancaria presupone la integración financiera mediante el fortalecimiento y ampliación de la regulación y supervisión del sector bancario. La unión fiscal pretende un presupuesto común, una autoridad fiscal central y en lugar de bonos de deuda nacionales, bonos de deuda comunes. La unión política por su parte no ha sido definida aún con claridad pero presupone la federalización gradual de la unión económica para disfrutar de legitimidad democrática que genere eficiencia y representatividad.

Gran Bretaña se adhirió en 1973, y cuando se establecieron los requisitos y procedimientos para establecer una moneda común rechazó, junto con Dinamarca, ésta última fase de integración, misma que generó la Zona Monetaria Europea (eurozona). De esta manera mantuvieron su propia moneda, y no están obligados a acatar las medias del Banco Central Europeo (BCE), pero sí de coordinar sus políticas económicas.

Hoy Gran Bretaña no quiere cumplir con los acuerdos migratorios, especialmente los relacionados con los refugiados, no desea seguir pagando contribuciones a la UE que equivalen a 8.5 mil millones de libras esterlinas, desea determinar sus propias políticas de empleo, salud y seguridad, favorecer el ambiente de los negocios ingleses, y tener una mayor influencia en el libre comercio y la cooperación económica internacional sin estar sometida a las instancias burocráticas de la UE y así evadir los costos de la regulación y supervisión.

Sin embargo salir de la UE le representará fuertes costos ya que el 52.4% de sus exportaciones se dirigen a la UE y perdería las ventajas del libre comercio, ello impactaría la generación de empleos y el crecimiento económico de Gran Bretaña y alentaría la salida de otros países de la UE debilitando a la región en su conjunto. Adicionalmente la libra esterlina en un primer momento sufriría una devaluación y generaría desconfianza entre los inversionistas internacionales e inestabilidad financiera internacional, como de hecho ya lo ha estado haciendo.

Los analistas especializados han evaluado el impacto en el Producto Interno Bruto entre un -0.10% como mínimo hasta un -3.9% como máximo.

La decisión a tomar el día 23 de junio es totalmente incierta, no existe un consenso fuerte entre la población sobre la salida, y ello ha generado una fuerte inestabilidad financiera.

La decisión esta en manos de la población por medio de un referendum y de acuerdo a las encuestas realizadas hay mucha volatilidad entre el quedarse o salirse.

POBREZA DE INGRESOS Y PRECARIZACIÓN LABORAL

La pobreza es multidimensional, en ella tienen que ver las oportunidades, el empoderamiento, las capacidades, incluso la disponibilidad de recursos naturales de una región en específico, pero en definitiva en un sistema donde el dinero impera, el ingreso es una variable relevante, y es precisamente la pobreza de ingresos la más difícil de erradicar, ya que el gobierno puede acercar servicios públicos: educación, electrificación, agua potable etc., pero no puede obligar a las empresas a generar empleos, sin embargo podría garantizar salarios remuneradores, para lo cual no basta con disminuir la inflación.

Durante los últimos 23 años México no ha logrado disminuir la pobreza de ingresos, la definición más amplia de éste tipo de pobreza que es la patrimonial se ha mantenido en el mismo nivel desde 1992 a la fecha, entonces el 53.1% de la población la sufría y en 2014 fue el 53.2%.

La pobreza de ingresos se relaciona directamente con los salarios y su poder adquisitivo y por lo mismo con la tasa de inflación y las condiciones laborales. Lo más curioso es que hemos logrado abatir la inflación y aun así los salarios siguen mostrando una pérdida de su poder adquisitivo.

De acuerdo con el Reporte de Investigación 123 del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM denominado México: más miseria y precarización del trabajo", al primero de diciembre de 1994 una persona tenía que trabajar 12 horas 53 minutos para adquirir una canasta básica alimentaria mientras que para el 25 de abril del 2016 tiene que dedicar 23 horas 38 minutos, es decir prácticamente ¡el doble del tiempo necesario!. De hecho desde el 16 de diciembre de 1987 y hasta el 25 de abril del 2016 la pérdida acumulada del poder adquisitivo del salario mínimo ha sido del 79.11% mientras que el precio de la canasta alimenticia recomendable (CAR) pasó de $3.95 pesos diarios a $213.46, de forma que por cada peso que aumentó el salario, dicha canasta aumentó 5 pesos. En pocas palabras: el poder de compra de 1 peso hoy equivale a 20 centavos de 1987.

Nadie puede negar que hoy las condiciones laborales son mucho más precarias, se han reducido los salarios no solo en términos reales, sino también en términos nominales; las prestaciones disminuyen y las jornadas de trabajo son más intensas (lo que antes hacían dos personas, hoy lo hace una); los contratos permanentes son menos comunes y prevalecen los empleos eventuales, la subcontratación, los trabajos por honorarios, a destajo, prácticas profesionales, contratos de capacitación, etc. Las personas de la tercera edad se están reincorporando al trabajo y cada vez son más las familias en las que el padre, la madre e incluso alguno de los hijos trabajan para completar el sustento. El proceso de des-sindicalización de los trabajadores ha debilitado su representatividad en las negociaciones tanto con los empresarios como con las organizaciones públicas y el salario mínimo se ha utilizado como un ancla inflacionaria.

Dado lo anterior no es de sorprender el que la pobreza de ingresos se mantenga elevada y el crecimiento económico sea bajo.

Para crecer se requieren salarios remuneradores, porque para el 80% de las familias sus ingresos son únicamente laborales, y el consumo de éstas es el principal motor del dinamismo económico ya que consumen el 68% del producto interno bruto. Un salario remunerador representa poder de compra, y el poder de compra son ventas para las empresas.

Mientras no reconozcamos que lo que genera mercado es poder de compra y no disminuyamos la diferencia salarial entre los mandos superiores, mandos intermedios, trabajadores, accionistas y dueños de las empresas no podremos tener un crecimiento económico dinámico y una efectiva reducción de la pobreza por ingresos.

PROS Y CONTRAS DE LA MEGALOPOLIS DE GUADALAJARA

De acuerdo con el Banco Mundial en su documento “Sistemas de Ciudades: la urbanización, motor del crecimiento y alivio de la pobreza” las áreas urbanas son el núcleo del crecimiento económico y del desarrollo humano, en ellas se genera riqueza, conocimiento, investigación, innovación, empleos, producción, ingresos y mercado.

Al día de hoy las zonas urbanas generan el 70% del PIB mundial, concentran el 50% de la población y cada año se agregan 70 millones de nuevos habitantes urbanos; se estima que para el 2030 los países en desarrollo tendrán el 80% de la población urbana mundial.

El problema es que la gran concentración económica y demográfica de las áreas urbanas genera fuerzas centrípetas (de atracción) que retroalimentan una dinámica continua y acelerada de su crecimiento, no solo atraen personas buscando empleo, sino también capitales, empresas, inversión extranjera, centros educativos etc.

Las necesidades de recursos productivos: agua, energía y recursos naturales son crecientes y ello genera un crecimiento desequilibrado, exponencial y no sustentable que a su vez, dada la aglomeración de personas y recursos genera: contaminación, estrés, iniquidad, desigualdad de ingresos, riqueza y oportunidades, problemas de movilidad y una lucha continua por el espacio en una vivienda, transporte público, escuela, clínica, universidad, vialidad y empresa.

La megalópolis de Guadalajara no está ajena a éstos problemas, de acuerdo al último censo económico la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG) (la ciudad y los municipios conurbados) es la segunda más grande del país por número de habitantes y en 2010 el 60% de la población del estado vivía en ella, esto es el 3.9% de la población del país, generando el 4.1% de la producción bruta total del país y el 82% del PIB del estado.

Como área metropolitana (AMG) (ciudad + municipios conurbados + municipios contiguos a los centrales y municipios exteriores) en 2015 aglomeró 57 localidades urbanas en una superficie de 2 mil 574 km2, y 4 millones 810 mil 299 habitantes. El 75% de las empresas se ubican en ésta área y generan el 34.1% de la ocupación total del estado.

Pero según el Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN), AMG tiene una superficie de 3 mil 265 km2 y 4 millones 498 mil 195 habitantes en 9 municipios: Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo.

El crecimiento urbano ha sido del 564% de 1960 a la fecha, y de acuerdo con el diagnóstico de ONU-Habitat “Guadalajara Metrópoli Próspera” ocupa el lugar 26 entre las 85 ciudades más prósperas del mundo, sin embargo el ritmo de construcción de vivienda ha superado la tasa de crecimiento demográfico, como resultado la expansión urbana ha sido desordenada, generando grandes iniquidades en la dotación de servicios públicos básicos, con ciudades dormitorio que carecen de fuentes de trabajo, servicios escolares, de salud, recreativos, culturales, comerciales y de transporte. Adicionalmente la ciudad está segregada, dividida por estratos socio-económicos, con conectividad limitada en la que los lazos comunitarios se han debilitado, la calidad de vida ha disminuido, la contaminación se ha elevado así como la congestión vehicular, el costo del transporte y los costos asociados a la aglomeración de personas, empresas y recursos.

Tal iniquidad y la posibilidad de comparación que la población tiene por su cercanía, incrementan la violencia, la inseguridad y la delincuencia. Quizás por ello ocupamos el lugar 33 en índice de calidad de vida, el 25 en satisfacción con los servicios, el 26 en satisfacción con el desempeño de alcaldes según la encuesta de las “Ciudades Más Habitables de México” del 2015. Tal vez por eso la misma encuesta nos dice que solo el 23% de los tapatíos sienten que el país avanza y un 28.6% que la democracia avanza.

Para generar mayores oportunidades de ingresos y empleo, es necesario generar políticas públicas que doten de servicios básicos: salud, educación, transporte público y conectividad a otras ciudades medianas y pequeñas para evitar un mayor crecimiento económico de esta megalópolis a través de generar atractividad en otras zonas urbanas del Estado en igualdad de circunstancias y con calidad de vida.

SITUACIÓN DEL EMPLEO EN JALISCO

De acuerdo con la Encuesta Intercensal de Jalisco 2015, somos 7 millones 844 mil 830 habitantes, con una edad mediana de 27 años, ello significa que el 65.1% de la población tiene edad para trabajar (15 a 64 años de edad) y cuenta con una escolaridad promedio es de 9.2 años de estudio, es decir secundaria terminada.

Más de la mitad de la población está en edad productiva, es capaz de crear riqueza, y constituye lo que algunos denominan "capital humano", es decir personas capaces de aprovechar su potencial creativo y laboral para imponer dinamismo económico, generar valor agregado, resolver problemas, mejorar procesos, etc.

Un poco más de la mitad de los jaliscienses, el 53.3% de la población, participa en la fuerza laboral y el 75% son asalariados, 18.4% son trabajadores por cuenta propia, 4.2% son empleadores y 1.3% no reciben pago por su trabajo. Ello significa que más de dos tercios de la población depende de los salarios para sobrevivir y si no son lo suficientemente remunerativos el resultado será un mercado interno débil cuyo dinamismo dependerá del crédito y por ende del endeudamiento de los trabajadores.

En lo que va del año, Jalisco se ha destacado por su capacidad de crear empleo; de acuerdo con los últimos datos oficiales del Seguro Social, en el primer cuatrimestre se crearon 34 402 nuevos empleo y es la cifra más alta en creación de empleo formal desde que se tiene registro, ocupando el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a trabajadores asegurados con 1 millón 459 mil 580 trabajadores.

Sin embargo aún hay camino por recorrer, de acuerdo con el INEGI al primer trimestre del 2016, la calidad del empleo no es muy buena ya que el 68.3% de los trabajadores gana cuando mucho 3 salarios mínimos (SM) esto es $219 pesos diarios, el 17.8% gana entre 3 y 5 SM y solo el 4.3% gana más de 5 SM. A pesar de ello hemos mejorado el ingreso laboral per cápita y estamos por encima del promedio nacional.

De los trabajadores asalariados solo el 54.7% cuenta con un contrato laboral por escrito y por lo tanto podrá gozar de certeza en lo que a su ocupación se refiere, solo el 10.7% está sindicalizado, y el 4.5% tiene otro empleo para complementar sus ingresos; el 60.1% trabaja entre 35 y 48 hrs. a la semana y el 16.5% trabaja más de 48 Hrs., y la tasa de informalidad laboral es de 51.8%, un poco más de la mitad de la población.

Lo importante a destacar es que la precarización laboral, genera vida, economía y crecimiento económico precario, sin salarios remuneradores el mercado interno será débil, el consumo deberá ser financiado por el crédito y ello genera vulnerabilidad financiera, no sólo para las familias de los empleados, sino también para el sistema bancario, las empresas y el gobierno local y estatal.





EXTREMA CONCENTRACIÓN DE INGRESO Y RIQUEZA EN MÉXICO

De acuerdo con los datos de la Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares del 2014, el 10% de la población más rica del país concentra el 35% del ingreso nacional, mientras que los mexicanos ubicados del decil I al V, esto es el 50% de la población concentran el 20%, ello genera un índice de Gini de 0.450. Sin embargo y de acuerdo con el INEGI si los datos se ajustan con los registros fiscales del Sistema de Administración Tributaria SAT, la concentración del ingreso del 10% más rico se eleva al 50%, mientras que el 50% de los mexicanos solo tienen acceso al 12% del Ingreso (http://www.dineroenimagen.com/2016-04-04/70978)

Por otro lado el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL) estima que 55 millones 300 mil personas viven en pobreza y solo el 20.5% es no pobre y no vulnerable (24.6 millones de mexicanos).

El Instituto de Investigación del Credit Suisse por su parte, estima la concentración de la riqueza en México en 2015 y la define como la suma de activos financieros más activos no financieros (casas y propiedades) menos deudas. Su investigación encuentra que la concentración de la riqueza es extrema, con un índice de Gini de 0.759, ello significa que el 0.11% de la población posee una riqueza mayor a 1 millón de dólares, es decir el 0.16% de los adultos, y dicha riqueza se compone en más de un 90% de acciones y otros activos financieros, mientras que el 56.7% de los adultos posee menos de 10 mil dólares en riqueza (http://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=C26E3824-E868-56E0-CCA04D4BB9B9ADD5).

Midiendo las clases sociales por nivel de riqueza, resulta que la clase alta en México son 122 mil 136 adultos (0.16% de la población adulta) y concentran el 36.2% de la riqueza, la clase media se compone por 12 millones 916 adultos (11.23%) y concentran el 40% de la riqueza, el resto es clase baja (82.6%) y concentran el 23.8% de la riqueza. Entre la clase media y la clase alta capturan el 76.2% de la riqueza del país y el 0.6% de la riqueza mundial.

Ello significa que la clase media no está al centro de la distribución del ingreso y la riqueza, sino que se encuentran en el top de la distribución y hay muy pocos catalogados como de clase alta, en pocas palabras la clase media se ubica en el decil IX y X de la población, esto es el 20% de la población de mayores ingresos y riqueza, y la clase alta sería menos del 1% de la población más rica del país.

Ello explica, en parte, el bajo crecimiento económico y el malestar social prevaleciente.