EL HAMBRE EN MEDIO DE LA ABUNDANCIA

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), recuperar tan solo la mitad de los alimentos que se pierden o desperdician a nivel mundial, podría alimentar al planeta ya que un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano se pierde o desperdicia, lo que equivale a 1 mil 300 millones de toneladas al año.

El 6% de las pérdidas mundiales se dan en América Latina de las cuales el 28% se producen al momento del consumo, 28% durante la producción, 22% por su manejo y almacenamiento, 17% durante el proceso de distribución y mercadeo, y 6% durante el procesamiento.

Los alimentos que se desperdician durante la venta al menudeo podrían satisfacer las necesidades alimenticias de más de 30 millones de personas, es decir del 64% de la población latina que sufre de hambre (http://www.fao.org/3/a-i3942s.pdf).

En América Latina, los alimentos que se producen son suficientes para alimentar a toda su población, en pocas palabras hemos llegado al punto en que dado el nivel de producción de alimentos no debería haber hambre, sin embargo existen elementos relacionados con su distribución, precio y accesibilidad que impide que ello sea una realidad.

Para el caso de México la pérdida o desperdicio es del 37%, ¡más de un tercio de lo que se produce!, con ello se podría alimentar a 7.4 millones de personas en pobreza extrema e inseguridad alimentaria. Entre los alimentos más desperdiciados están la guayaba 58%, leche de vaca 57%, mango 54.4%, pescados y sardinas 54%, aguacate 54%, plátano verde y tabasco 54%, nopal 53%, arroz 47%, pepino 45% (http://www.fao.org/3/I4655S.pdf).

Las principales causas del desperdicio son a) con relación al consumo: por sobre-madurez, compras excesivas, manejo inadecuado de la mercancía, producto maltratado o en mal estado, mezcla de producto en buen estado con producto no apto para el consumo; b) en la cadena de valor: administración ineficiente de insumos y productos, malas prácticas de manejo de los alimentos, sistemas inadecuados de transporte, distribución y almacenaje, personal sin capacitación, falta de infraestructura adecuada, uso de empaques y embalajes inadecuados.

Si fuéramos capaces de desarrollar una cultura sobre el cuidado, manejo y administración de los alimentos, de su adecuada distribución, almacenamiento y traslado, tanto a nivel familiar como empresarial, y una cultura de subsidiaridad y solidaridad en la comunidad, no habría hambre en América Latina y gran parte del problema en México podría resolverse.

CRÉDITOS PERSONALES, QUIEN MENOS TIENE PAGA MUCHÍSIMO MÁS

Un crédito personal es aquel en la que una institución financiera pone a disposición de un cliente una suma de dinero sin la obligación de destinarlo necesariamente a la compra de un bien específico como es el caso del crédito automotriz, o el hipotecario; la institución cobra el crédito por cualquier medio de pago distinto a la cuenta de nómina.

Este tipo de créditos son otorgados por bancos comerciales, cajas de ahorro, microfinancieras, bancos ligados a una cadena comercial como BanCoppel, Banco Walmart, Banco Famsa, etc. Generalmente son créditos destinados a pagar otros créditos, o para el consumo de bienes, por ello son solicitados en su mayoría por personas de bajos recursos o para liquidar otras deudas.

De acuerdo con el reporte de "Indicadores Básicos de Créditos Personales" del Banco de México, entre el 2012 y el 2014 éste tipo de crédito creció a una tasa real anual del 13.3%, muy por encima del crecimiento de la economía nacional. Dichos créditos representaron el 20% de total de los créditos otorgados comparados con los de tarjetas de crédito, de nómina, automotriz y otros créditos de consumo, como los de las tiendas departamentales (Sears, Liverpool, Palacio de Hierro etc.)

Las tasas de interés que se cobran por créditos personales varían en una amplio rango de entre un 22% y un 103% anual.

Tan solo entre agosto del 2013 y agosto del 2014 se otorgaron 6 millones 478 mil 518 créditos, y la tasa de interés promedio ponderada aplicada a éstos créditos fue del 41.9% anual, mientras que el monto promedio de crédito fue de 11 mil pesos.

Mientras mayor es el monto del crédito y mayor el plazo, menor es la tasa de interés cobrada, por ejemplo un crédito por mil pesos pagó una tasa promedio de 60%, mientras que un crédito mayor a 10 mil pesos pagó una tasa promedio de 38%. La duración promedio de los créditos es de entre 12 y 18 meses, pero en agosto del 2014 el 60% de los créditos tuvo como plazo máximo un mes.

Las instituciones que a agosto del 2014 cobraron las tasas más altas fueron: Financiera Ayudamos con una tasa promedio ponderada de 103.1%, Banco Famsa con 86.4%, Banco Compartamos 72.3%, Crédito familiar con 62.2%, BanCoppel con 60.8%, Banco Azteca con 57.1%. Los clientes de este tipo de institución financiera son personas de escasos recursos.

Lo que usted debe saber es que las tasas más bajas las cobran los bancos comerciales, en este caso Inbursa con 22.4%, Scotiabank 24.3% y Banamex con 26.3%, pero no tienden a prestar cantidades pequeñas ni a plazos cortos, por lo que no atienden a la población más necesitada, y por ello se ve obligada a acudir a instituciones que abusan de sus necesidades.

Las instituciones que cobran las tasas más altas son también las que más créditos colocan por cantidades pequeñas y a plazos cortos, así entre Banco Azteca, Banco Famsa y Compartamos otorgaron el 84% del total de créditos personales. Tan solo Banco Azteca otorgó el 75% de los créditos menores a 5 mil pesos a una tasa de 50%, y Banco Famsa otorgó el 17.7% de dichos créditos a una tasa del 91.2%.

Para el caso de créditos de entre 5 mil y 25 mil pesos, las tasas varían en un amplio rango de entre 103.9% y 23.5% y como en el caso anterior, las instituciones cuya misión es la “ayudar” a los más pobres, son las que más cobran como Financiera Ayudamos con el 103.9% de interés promedio ponderado para créditos de hasta 24 meses.

Lo notable es que Compartamos, institución dedicada a los micro-créditos que comenzó con donativos de la sociedad civil, ahora también otorga créditos mayores a 25 mil pesos, con un plazo promedio de 13 meses y una tasa promedio de 70%, cuando un banco comercial cobra una tasa 50% más baja.


Estas instituciones argumentan que la razón por las que cobran tan altas tasas de interés se debe al elevado gasto administrativo de manejar miles de créditos pequeños y a plazos cortos, sin embargo, y de acuerdo a los datos del Banco Interamericano de Desarrollo, en América Latina instituciones similares cobran tasas anuales no mayores al 28.3%, y son rentables.

Lo anterior nos permite concluir que en México, a) la población más pobre paga muchísimo más por créditos pequeñitos, b) que las instituciones dedicadas a los microcréditos, o son muy ineficientes y tienen altos costos de operación, o abusan de las familias de escasos recursos ante lo impostergable de sus necesidades y la imposibilidad de acudir a los bancos comerciales, c) que existe falta de información entre la población para comparar los costos de los créditos, y d) que no existe una política pública específica que permita mejorar el acceso y costo del financiamiento para quienes menos tienen.




REPROBADOS EN SEGURIDAD, ¿Y LA ECONOMÍA?

El Estado de Derecho surge por oposición al Estado Absolutista donde el rey o dictador se encuentra por encima de todos los ciudadanos y puede ordenar, mandar y apropiarse de los bienes materiales y sociales de una sociedad, sin ningún otro poder que le haga contrapeso.

Para garantizar un crecimiento económico sustentable, equitativo y justo, el estado de derecho es un requisito indispensable tanto para la sociedad como para los gobiernos. En el primer caso garantiza las libertades, los derechos y propiedades de la ciudadanía, lo que genera confianza y permite invertir, generar empleos, realizar convenios, contratos, y establecer precios; facilita el orden en las transacciones económicas y penaliza a quienes infringen las normas. Para el gobierno es indispensable pues permite la aplicación de la política económica misma que opera a través de leyes, reglamentos e instituciones.

La aplicación correcta de las leyes reduce la corrupción, combate la pobreza, la injusticia, el abuso y es la base de la equidad, el desarrollo económico y el bienestar social; favorece la paz y el contexto social necesario para que la sociedad viva en armonía.

De acuerdo con el World Justice Proyect en el documento “Rule of Law Index 2015” (http://worldjusticeproject.org/open-government-index), México ocupó el lugar 79 a nivel mundial, de un total de 102 países con una puntuación de 0.47 con respecto a un valor máximo de 1.0. Este valor garantiza la aplicación de la ley y el Estado de Derecho, se calcula mediante encuestas de opinión del público en general y de especialistas en la materia y evalúa ocho áreas vinculadas a la aplicación de la ley a saber: 1)Restricciones sobre las facultades del gobierno, 2) Ausencia de corrupción, 3) Gobierno abierto o transparente, 4) Derechos fundamentales, 5) Orden y seguridad, 6) Justicia civil, 7) Justicia penal y 8) Cumplimiento regulatorio.

Los países mejor evaluados son necesariamente los más desarrollados, los que tienen los niveles de ingreso más altos para su población y también los más equitativos. Entre los que se destacan Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia. Son sociedades con niveles culturales altos, sentidos de responsabilidad y solidaridad.

Para México el mayor rezago se encuentra en corrupción, orden y seguridad, y justicia civil y penal.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública del 2014 (INEGI), el costo estimado de la inseguridad y el delito en 2013 fue del 1.27% del Producto Interno Bruto (PIB) lo que equivale a 213.1 mil millones de pesos, afectó al 34% de los hogares, y a 22.5 millones de mexicanos, a lo que hay que agregar que el 93.8% de los delitos no se denunciaron o no derivaron en averiguación previa 

Por su parte la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas del 2014, reportó un costo estimado de 0.66% del PIB equivalente a 110 mil millones de pesos durante el 2013. El 33.6% de las unidades económicas fueron víctimas de algún delito siendo las más afectadas las relacionadas con la actividad comercial que representan el 38% del total y en donde el robo hormiga es el delito más frecuente, seguido del robo o asalto de mercancías, extorsión, fraude, robo de mercancía en tránsito, robo total o parcial de vehículo y actos de corrupción y sólo el 15.3% de los delitos fueron denunciados.

Adicionalmente la OCDE en el documento “Estudios Económicos de la OCDE, México” de enero del 2015 (http://www.oecd.org/economy/surveys/Mexico-Overview-2015%20Spanish.pdf), establece que la percepción generalizada de corrupción, la endeble gobernanza administrativa y la insuficiente aplicación de las leyes son problemas serios que desalientan la inversión y promueven la informalidad, además de que el sistema de justicia es deficiente y lento.

Estas son sólo algunas de las razones que explican el débil crecimiento económico de México, la alta concentración del ingreso y la riqueza y el pesimismo imperante en la población, lo que a su vez genera apatía política y baja participación en las elecciones. Sin embargo la responsabilidad de ello no recae solo en el gobierno, sino en nosotros mismos como sociedad y en la forma en que hemos educado a nuestros hijos, ajenos al civismo, la responsabilidad social y la preocupación por los demás.


VOTO, ABSTENCIONISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

De acuerdo con el “Informe país sobre la Calidad de la Ciudadanía en México” (2014) del Colegio de México y el Instituto Federal Electoral (hoy INE)
(http://www2.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Informe_pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf), México tiene un sistema multipartidista con elecciones altamente competidas, donde la alternancia ya es un hecho y hay coexistencia de diversidad política en todos los niveles de gobierno y en las diferentes legislaturas del país. A pesar de ello los mexicanos no gozan los privilegios de una vida plenamente democrática, persisten la pobreza y la desigualdad, las prácticas autoritarias y clientelares, la desconfianza en las instituciones y las amenazas a la seguridad pública.

De acuerdo con el informe, la participación política, particularmente la electoral, genera un mejor liderazgo y salud democrática pues el voto es el medio que los ciudadanos tienen para ejercer control sobre las élites políticas. En tal sentido el abstencionismo hace que las políticas públicas se sesguen en favor de quienes participan porque “los políticos y los funcionarios no tienen la presión para poner atención y atender las demandas de quienes no participan”. El voto en especial puede influir en la agenda de las élites políticas mientras que la abstención de los ciudadanos es un regalo que los políticos utilizan para su propio beneficio además de que favorece a algunos grupos sociales o radicales que buscan también imponer sus condiciones al resto de la población.

Un aumento en la participación política tendrá como resultado políticas públicas más igualitarias y democráticas. Participar es proteger y defender tus propios intereses e incluso mejorar el desarrollo intelectual y moral al máximo. 

Para el caso de México, desde que se inició la alternancia presidencial en el año 2000, todas las elecciones a nivel local vieron crecer el abstencionismo, llegando a niveles cercanos al 60% del electorado, lo que reduce la capacidad de la población para exigir de acuerdo a sus necesidades, a la par que disminuye su responsabilidad en ello. Por su parte los gobiernos no se sienten responsables por los resultados de las políticas públicas pues la población no exige cuentas al respecto. Durante las elecciones del 2012, solo el 62% de los ciudadanos registrados votó, mientras que en promedio dicha cifra fue del 68% entre los miembros de la Organización para la Coperación y el Desarrollo económico (OCDE).

La tendencia al alza del abstencionismo está relacionada con el descrédito de las instituciones política, pero a la vez lo refuerza, en un círculo perverso de baja exigencia política por parte de la población, y bajo desempeño por parte de los políticos, que no sienten la presión para dar mejores resultados. De hecho los estados más atrasados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, hoy secuestrados por los “maestros”, son precisamente los que tienen la menor participación electoral promedio desde 1994 al 2012. Por el contrario, Colima, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Distrito Federal, San Luis Potosí, con las mayores participaciones electorales, tienen mayor nivel de PIB percápita, un mayor índice de atractividad de inversión extranjera y nacional, mejor desempeño económico e Índice de Desarrollo Humano.

La conclusión es evidente, para esperar resultados a nuestro favor hay que votar.

POLÍTICA Y DESIGUALDAD SOCIAL: NO AL VOTO NULO

Para el pensamiento económico neoliberal la desigualdad era una condición necesaria para lograr el crecimiento económico, ya que éste depende fundamentalmente de la oferta, es decir de la producción de bienes y servicios y por lo tanto de la inversión de capital (compra de maquinaria y equipo) que a su vez solo puede realizarse si existe un suficiente nivel de ahorro, siendo el ahorro un excedente monetario. En resumen la concentración del ingreso favorece el crecimiento económico.

Para el pensamiento Keynesiano, en cambio la clave del crecimiento económico se encuentra en la demanda efectiva, es decir en el consumo de la población de los bienes y servicios producidos por los empresarios, ya que sin consumo no hay ventas y sin ventas no habrá producción, ello significa que la concentración del ingreso implica menor crecimiento económico, pues las clases ricas consumen una menor proporción de su ingreso mientras que los pobres, que por otro lado son la mayoría, consumen una mayor proporción del mismo.

El hecho es que hoy en día el pensamiento sobre la desigualdad está cambiando, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) etc., han descubierto que a mayor concentración del ingreso y la riqueza, menor crecimiento económico e incluso mayor es la posibilidad de tener una crisis financiera.

Según el estudio "Tendencias Sobre la Desigualdad del Ingreso y su Impacto en el Crecimiento Económico" de la OCDE (2014) (http://www.oecd.org/els/soc/trends-in-income-inequality-and-its-impact-on-economic-growth-SEM-WP163.pdf), la brecha entre los ricos y los pobres es mucho mayor que hace 30 años, hoy el 10% más rico de la población gana 9.5 veces más que el 10% más pobre, durante los 80´s dicha diferencia era de 7 a 1. El ingreso de los pobres crece a mucha menor velocidad que el de los ricos durante las etapas de prosperidad económica y cae mucho más rápidamente durante las crisis.

El estudio demuestra que el crecimiento de la desigualdad en México ha impactado negativamente al Producto Interno Bruto (PIB) en más de un 10% en el periodo que va de 1990-2010, el de mayor efecto negativo dentro de los miembros de la OCDE.

De acuerdo con el artículo “Medición de la Desigualdad en la Antigüedad” (2007) de Branko Milanovic, Peter Lindert y Jeffrey Williamson, a lo largo de la historia una mayor concentración del poder político y el desarrollo del clientelismo ha generado mayor desigualdad social. Ellos demuestran que el poder siempre se ha utilizado para ampliar las brechas de ingreso a través de la actividad de “búsqueda de rentas” (conseguir un ingreso adicional mediante la elevación del precio: oligopolios, monopolios, el acaparamiento, la apropiación de recursos naturales, la utilización de privilegios, etc.) actividad que propicia el surgimiento de la corrupción. Los buscadores de rentas influyen en las decisiones de los políticos mediante sus relaciones personales, sobornos, persuasiones, apoyos a sus campañas políticas, compensaciones etc., y ello les permite obtener privilegios especiales, regulaciones que los favorecen, licitaciones, sobreprecios en la venta de bienes al gobierno, derechos de explotación de un bien público, privatizaciones etc.

A la misma conclusión llega Joseph E. Stiglitz en su libro sobre “El Precio de la Desigualdad” (2012) donde establece que aunque la oferta y la demanda contribuyen a determinar el grado de desigualdad, las políticas gubernamentales determinan la operación de esas fuerzas de mercado y gran parte de la desigualdad que existe hoy en día es una consecuencia de las política del gobierno, ¡tanto por lo que hace como por lo que no hace! ya que el gobierno tiene la potestad de trasladar el dinero de los ricos a los pobres, o a la clase media, y  viceversa, a través de impuestos, subsidios, transferencias, créditos fiscales, vacíos legales que permiten la elusión y evasión de impuestos, obra pública, gastos en salud y educación etc.

Stiglitz establece la necesidad de un nuevo pacto social para mantener un tipo de sociedad y un tipo de gobierno que esté al servicio de todo el pueblo y alguien tiene que velar por ello, necesitamos hacer contrapeso como sociedad, en mis palabras “necesitamos participación política”.

Por su parte Thomas Piketty en su libro “El Capital en el siglo XXI” (2014), la historia de la distribución de la riqueza es siempre profundamente política y no podría resumirse en mecanismos puramente económicos, mientras que Daron Acemoglu y James A. Robinson en su libro “Por qué Fracasan los Países” (2013), establecen que la mejor manera de generar y empoderar instituciones inclusivas es mediante un poder político plural repartido ampliamente en la sociedad y que pueda generar coaliciones amplias y que perduren, una mayor participación cívica que fomente la gobernanza, romper las redes del clientelismo y que las instituciones de la sociedad civil coordinen las demandas de la población.


Todo ello nos dice que en el próximo período de elecciones debemos participar activamente, el voto nulo solo garantiza el poder para quienes ya lo detentan.