Es del sentido común que nadie puede gastar más de lo que gana, a menos que alguien le preste, es decir que todo déficit es necesariamente una deuda. Cuando sucede lo primero se enfrentan severos problemas de liquidez y solvencia, y si es a nivel familiar o empresarial se presenta la necesidad de vender activos: televisor, coche, casa etc., a la par que se busca elevar ingresos, y en segunda instancia reducir los gastos para disminuir el endeudamiento. A nivel país se aplica la misma lógica y se obtienen los mismos resultados.
El precipicio fiscal es la reducción súbita del déficit público mediante un incremento en los impuestos y una reducción del gasto público. La idea es sanear las finanzas públicas, y con ello disminuir el endeudamiento del gobierno, consolidar una administración correcta de los ingresos y los egresos públicos y dejar de presionar sobre las tasas de interés, la inflación, el déficit comercial y de cuenta de capital, que tienden a elevarse como resultado de la búsqueda de recursos monetarios para financiar el exceso de gasto, lo que a su vez retroalimenta el problema de endeudamiento y deteriora la credibilidad sobre la posibilidad de liquidar dicha deuda.
Para enfrentar la crisis financiera y económica, el gobierno de George W. Bush estableció, el 3 de octubre del 2008, una ley de estabilización económica de emergencia, que permitía establecer descuentos fiscales (reducción de impuestos) a personas y empresas por un equivalente aproximado de 150 mil millones de dólares, elevar la protección de los depósitos bancarios mediante un incremento del seguro de depósitos que paso de 100 mil millones a 250 mil millones y un paquete de rescate financiero para los bancos por 700 mil millones de dólares. Pero esto era apenas el comienzo, ante la inefectividad de las primeras medidas, el gobierno de Barack Obama procedió a elevar el gasto público en materia de salud, seguridad social, políticas activas para promover el empleo, y rescatar instituciones bancarias y financieras no bancarias que presentaban problemas de insolvencia (imposibilidad de pagar a sus acreedores).
Tan solo los recursos utilizados para apoyar al sistema financiero llegaron a representar el 27% del Producto Interno Bruto de ese país, y sumando a las otras medidas elevó del déficit público del 1.2% del PIB en 2007 al 10.1% en 2009 y un 7.3% para este 2012, mientras que la deuda pública aumentó del 36.3% del PIB en 2007 al 73% en 2012.
El hecho es que estas medidas no pueden sostenerse por siempre, y ha llegado el momento legal de revertirlas pues a partir del 1 de enero del 2013 se vence la prorroga de exenciones fiscales y, si no se eleva el techo del endeudamiento público establecido por el congreso, se deberá reducir el gasto público, generando así un efecto recesivo que podría contraer el PIB de Estados Unidos entre un 3 y 5%, por la evidente necesidad de generar un ahorro que oscila entre los 600 mil millones de dólares para los optimistas y de 800 mil millones para los pesimistas.
Como resultado la tasa de desempleo podrá llegar al 9%, los bancos comerciales tendrán que restringir el crédito y elevar las tasas de interés, y lógicamente las familias deberán reducir su consumo, mientras que las empresas verán acumular inventarios y reducirán su producción.
Los efectos sobre la economía mexicana vendrán por los canales de contagio acostumbrados, una reducción de nuestras exportaciones, de la inversión extranjera, el turismo y las remesas, mientras que los sectores más ligados al sector manufacturero: industria electrónica, eléctrica, autopartes, metálica, alimentaria y petrolera se verán seriamente afectadas. En resumidas cuentas la economía mexicana se desacelerará y podría entrar en recesión si no se busca fortalecer fuertemente al mercado interno, se fortalece el crédito al sector productivo y se aplican políticas activas de empleo y de promoción industrial, por solo mencionar algunas cosas.
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