REPROBADOS EN SEGURIDAD, ¿Y LA ECONOMÍA?

Imagen: Eneas de Troya. Flickr: eneas

REPROBADOS EN SEGURIDAD, ¿Y LA ECONOMÍA?

El Estado de Derecho surge por oposición al Estado Absolutista donde el rey o dictador se encuentra por encima de todos los ciudadanos y puede ordenar, mandar y apropiarse de los bienes materiales y sociales de una sociedad, sin ningún otro poder que le haga contrapeso.

Para garantizar un crecimiento económico sustentable, equitativo y justo, el estado de derecho es un requisito indispensable tanto para la sociedad como para los gobiernos. En el primer caso garantiza las libertades, los derechos y propiedades de la ciudadanía, lo que genera confianza y permite invertir, generar empleos, realizar convenios, contratos, y establecer precios; facilita el orden en las transacciones económicas y penaliza a quienes infringen las normas. Para el gobierno es indispensable pues permite la aplicación de la política económica misma que opera a través de leyes, reglamentos e instituciones.

La aplicación correcta de las leyes reduce la corrupción, combate la pobreza, la injusticia, el abuso y es la base de la equidad, el desarrollo económico y el bienestar social; favorece la paz y el contexto social necesario para que la sociedad viva en armonía.

De acuerdo con el World Justice Proyect en el documento “Rule of Law Index 2015” (http://worldjusticeproject.org/open-government-index), México ocupó el lugar 79 a nivel mundial, de un total de 102 países con una puntuación de 0.47 con respecto a un valor máximo de 1.0. Este valor garantiza la aplicación de la ley y el Estado de Derecho, se calcula mediante encuestas de opinión del público en general y de especialistas en la materia y evalúa ocho áreas vinculadas a la aplicación de la ley a saber: 1)Restricciones sobre las facultades del gobierno, 2) Ausencia de corrupción, 3) Gobierno abierto o transparente, 4) Derechos fundamentales, 5) Orden y seguridad, 6) Justicia civil, 7) Justicia penal y 8) Cumplimiento regulatorio.

Los países mejor evaluados son necesariamente los más desarrollados, los que tienen los niveles de ingreso más altos para su población y también los más equitativos. Entre los que se destacan Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia. Son sociedades con niveles culturales altos, sentidos de responsabilidad y solidaridad.

Para México el mayor rezago se encuentra en corrupción, orden y seguridad, y justicia civil y penal.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública del 2014 (INEGI), el costo estimado de la inseguridad y el delito en 2013 fue del 1.27% del Producto Interno Bruto (PIB) lo que equivale a 213.1 mil millones de pesos, afectó al 34% de los hogares, y a 22.5 millones de mexicanos, a lo que hay que agregar que el 93.8% de los delitos no se denunciaron o no derivaron en averiguación previa 

Por su parte la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas del 2014, reportó un costo estimado de 0.66% del PIB equivalente a 110 mil millones de pesos durante el 2013. El 33.6% de las unidades económicas fueron víctimas de algún delito siendo las más afectadas las relacionadas con la actividad comercial que representan el 38% del total y en donde el robo hormiga es el delito más frecuente, seguido del robo o asalto de mercancías, extorsión, fraude, robo de mercancía en tránsito, robo total o parcial de vehículo y actos de corrupción y sólo el 15.3% de los delitos fueron denunciados.

Adicionalmente la OCDE en el documento “Estudios Económicos de la OCDE, México” de enero del 2015 (http://www.oecd.org/economy/surveys/Mexico-Overview-2015%20Spanish.pdf), establece que la percepción generalizada de corrupción, la endeble gobernanza administrativa y la insuficiente aplicación de las leyes son problemas serios que desalientan la inversión y promueven la informalidad, además de que el sistema de justicia es deficiente y lento.

Estas son sólo algunas de las razones que explican el débil crecimiento económico de México, la alta concentración del ingreso y la riqueza y el pesimismo imperante en la población, lo que a su vez genera apatía política y baja participación en las elecciones. Sin embargo la responsabilidad de ello no recae solo en el gobierno, sino en nosotros mismos como sociedad y en la forma en que hemos educado a nuestros hijos, ajenos al civismo, la responsabilidad social y la preocupación por los demás.