La pobreza es un fenómeno sumamente complejo porque abarca muchas dimensiones. Esta relacionada con la falta de oportunidades y de acceso en materia de educación, capacitación, empleo, servicios de salud, servicios financieros, agua potable, electrificación, insumos agrícolas, servicios de transporte etc. Es también un fenómeno de exclusión social, cultural, política y económica, y llega ha convertirse en un modo de vida al que se han habituado las personas, lo que les genera una especie de ceguera de taller que les impide encontrar una salida que solucione estas carencias, generando un círculo vicioso que perpetúa su exclusión a lo largo del tiempo y que se hereda a los descendientes debido a la falta de oportunidades en materia de una buena alimentación; la salud se deteriora, la educación se pospone para en el corto plazo generar magros ingresos y su precariedad les cierra las puertas para obtener financiamiento y acceso a insumos y bienes de producción.
Los programas gubernamentales pueden acercar los servicios de agua, educación, salud y electricidad a la población, tratando de resolver alguna de las dimensiones de la pobreza; pueden igualmente acercar los alimentos y tratar de elevar su nivel nutricional, pero ello nunca será una solución indeleble porque estas personas no logran generar, por cuenta propia, los ingresos seguros, estables y permanentes que les permitan adquirir los bienes necesarios para su subsistencia. En una economía de libre mercado, la falta de poder adquisitivo siempre los dejará fuera del mercado y en función de ello siempre estarán excluidos, porque los mercados satisfacen demandas (poder de compra) y no necesidades.
La pobreza en el campo se relaciona con la falta de insumos: agua, tierra, fertilizantes, créditos y aparejos para la siembra, en él se encuentran los pobres extremos: indígenas y campesinos, y en su situación influyen también, la falta de medios de transporte para hacer llegar sus productos a los mercados en tiempo y calidad. Hacerles llegar los alimentos quizás resuelva su problema nutricional por un tiempo, pero nunca el problema de la falta de ingresos, para ello necesitamos analizar las circunstancias específicas en cada municipio, darles a conocer técnicas de riego por goteo que sean económicas, venderles bombas de agua mecánicas y de bajo costo, establecer centros de almacenamiento y distribución de sus productos y desde luego enseñarles a sembrar productos de alto valor en el mercado, porque si todos siembran maíz al mismo tiempo, el mercado se verá saturado, y el precio del mismo será tan bajo que nadie resolverá el problema de ingresos, para ello deben sembrar productos fuera de temporada o escasos en la región.
La pobreza urbana, por su parte esta ligada fuertemente a la microempresa y a la informalidad, lo que a su vez reduce la productividad e impide competir rentablemente con empresas más grandes, generando bajos salarios, contratos temporales, sin prestaciones sociales y sin seguridad social.
La pobreza laboral se encuentra íntimamente relacionada con la urbana, es producto de la existencia de salarios no remuneradores, de condiciones precarias de trabajo, de la falta de acceso al crédito para elevar la producción, de la gran cantidad de trámites burocráticos para abrir empresas y del elevado costo de los mismos. También es falta de la ausencia de una política de promoción industrial, del reducido papel de la banca de desarrollo en el financiamiento empresarial y del abandono de la banca comercial al crédito productivo.
En México, el 80% de las familias dependen de un salario para sobrevivir, no tienen ningún otro tipo de ingresos relacionados con inversiones, activos financieros, ahorros, ni son propietarios de negocios. Estas familias consumen el 70% en promedio de todo lo que en el país se produce, sin embargo 5 millones de empleados gana cuando mucho un salario mínimo, 16.4 millones gana como máximo dos salarios mínimos y 20 millones no pueden adquirir una canasta básica alimentaria cuyo costo es de 175 pesos diarios.
En 9.8 millones de hogares al menos un miembro labora en el sector informal.
Desde 1987 el crecimiento del salario mínimo ha sido real negativo (cada vez alcanza para menos), porque se considera que el incremento salarial es inflacionario, de forma que los aumentos autorizados siempre están por debajo del incremento en los precios. Un peso de salario mínimo hoy, compra lo que 27 centavos adquirían en 1980 y quién gana un salario mínimo tiene que trabajar 22.5 horas para adquirir una canasta alimenticia recomendable, cuando en 1983 solo requería trabajar 4.5 horas. Ello da idea de lo reducido que puede ser el mercado interno para permitir a las empresas crecer y generar empleos.
Para profundizar aún más lo absurdo de la situación, en México se desperdician a diario 30 mil toneladas de comida que no es aprovechada por la falta de solidaridad, conciencia, visión y responsabilidad social de las centrales de abasto, tiendas de autoservicio, restaurantes, hoteles y mercados -lugares donde se genera el ¡mayor desperdicio!-, adicionalmente no existen suficientes Bancos de Alimentos y programas de recolección, almacenamiento y distribución por parte del gobierno.
Por ello la cruzada contra el hambre es apenas un paliativo contra la pobreza, sus objetivos se enfocan en: cero hambre (nutrición y alimentación adecuada para pobres extremos), eliminar la desnutrición infantil aguda, aumentar la producción de alimentos y los ingresos de los campesinos y pequeños productores agrícolas y, minimizar pérdidas post cosecha. Y aún no se definen el cómo se instrumentará y coordinará entre todas las dependencias públicas y organismos involucrados.
A pesar de que lográramos hacer llegar dichos alimentos a los pobres, no estaríamos generando las condiciones que potencialicen su capacidad de generar ingresos, y en el momento en que se suspenda la ayuda, el hambre y la desnutrición volverán por sí solas.
CONSUMISMO Y LA CUESTA DE ENERO
El consumismo es un fenómeno que inicia en el siglo XX y se caracteriza por un consumo en gran escala cuyo objetivo no es precisamente satisfacer las necesidades, sino la búsqueda de una sensación de placer, de un estatus económico, de emulación (imitación) o de anhelo de poder. Es también la manera de llenar vacíos afectivos, de elevar la autoestima, y de buscar la aprobación de los demás o en su defecto la admiración; definitivamente es fenómeno cultural producto de la mercadotecnia y la publicidad cuyo objetivo es incrementar, dirigir y controlar las necesidades de consumo de la población. En pocas palabras ¡es el consumo en exceso de bienes y servicios! y no por sus atributos para satisfacer necesidades.
La persona consumista compra sin considerar si realmente necesita lo que compra, si se puede reciclar, si tiene una duración de largo plazo. De hecho el consumismo es contaminante, depreda con los recursos naturales y el equilibrio ecológico y depreda la economía de las personas.
Desde luego que las facilidades de crédito, los planes de financiamiento a meses sin intereses, las campañas publicitarias y los “cambios de temporada en la moda” predisponen a las personas a endeudarse con tal de obtener el objeto de sus deseos, no el objeto que satisfaga una necesidad material.
El consumismo motiva el despilfarro y nos hace esclavos del crédito y por ende los los bancos, las tiendas departamentales, el dinero y, consecuentemente, del trabajo, que es el medio de obtener los ingresos para liquidar nuestras deudas; y la mejor época del año en que desplegamos nuestra actividad consumista son siempre las fiestas navideñas, con el pretexto de regalar afecto a través de bienes materiales.
De tal manera que el sobre endeudamiento es, en simples términos, lo que denominamos la cuesta de enero, porque representa el mes del año en que nuestros ingresos se encuentran comprometidos en un gran porcentaje para liquidar las deudas adquiridas de diciembre.
¿Qué debemos hacer durante la cuesta de enero?, antes de endeudarnos con otra deuda para liquidar la anterior debemos hacer un diagnóstico de gasto, determinar la capacidad de ahorro y utilizar dichos recursos ahorrados para liquidar las deudas lo antes posible. Presupone que debemos disminuir nuestro consumo durante dicha cuesta.
Una vez eliminado el problema de deuda, tomar conciencia de nuestro consumismo y tener en consideración los siguientes elementos: 1) Si no necesito el producto: ¡no es una oferta!, 2) Si no es reciclable: ¡es una mala compra! porque es consumismo, 3) Comprar por comprar: ¡no es racional!, 4) Ser y Tener: ¡no son complementos!, 5) La moda es un asunto pasajero: ¡de muy corto plazo!, 6) El consumidor más inteligente o el mejor: ¡no es quién gasta más!, sino el que obtiene más por su dinero con un fin útil.
La persona consumista compra sin considerar si realmente necesita lo que compra, si se puede reciclar, si tiene una duración de largo plazo. De hecho el consumismo es contaminante, depreda con los recursos naturales y el equilibrio ecológico y depreda la economía de las personas.
Desde luego que las facilidades de crédito, los planes de financiamiento a meses sin intereses, las campañas publicitarias y los “cambios de temporada en la moda” predisponen a las personas a endeudarse con tal de obtener el objeto de sus deseos, no el objeto que satisfaga una necesidad material.
El consumismo motiva el despilfarro y nos hace esclavos del crédito y por ende los los bancos, las tiendas departamentales, el dinero y, consecuentemente, del trabajo, que es el medio de obtener los ingresos para liquidar nuestras deudas; y la mejor época del año en que desplegamos nuestra actividad consumista son siempre las fiestas navideñas, con el pretexto de regalar afecto a través de bienes materiales.
De tal manera que el sobre endeudamiento es, en simples términos, lo que denominamos la cuesta de enero, porque representa el mes del año en que nuestros ingresos se encuentran comprometidos en un gran porcentaje para liquidar las deudas adquiridas de diciembre.
¿Qué debemos hacer durante la cuesta de enero?, antes de endeudarnos con otra deuda para liquidar la anterior debemos hacer un diagnóstico de gasto, determinar la capacidad de ahorro y utilizar dichos recursos ahorrados para liquidar las deudas lo antes posible. Presupone que debemos disminuir nuestro consumo durante dicha cuesta.
Una vez eliminado el problema de deuda, tomar conciencia de nuestro consumismo y tener en consideración los siguientes elementos: 1) Si no necesito el producto: ¡no es una oferta!, 2) Si no es reciclable: ¡es una mala compra! porque es consumismo, 3) Comprar por comprar: ¡no es racional!, 4) Ser y Tener: ¡no son complementos!, 5) La moda es un asunto pasajero: ¡de muy corto plazo!, 6) El consumidor más inteligente o el mejor: ¡no es quién gasta más!, sino el que obtiene más por su dinero con un fin útil.
LA PROBLEMÁTICA DE LA DEUDA PÚBLICA EN JALISCO
Mucho se ha hablado sobre el acelerado proceso de endeudamiento del gobierno de Jalisco, predominando la exageración por sobre la explicación y entendimiento de la deuda, y no porque el problema no sea importante, sino porque debemos sopesarlo correctamente.
En primer lugar se debe considerar que el gobierno estatal tiene dos fuentes de ingresos: las propias y las participables. Sobre las fuentes propias tenemos autonomía en materia de recaudación y son el impuesto del 2% a la nómina, el impuesto al hospedaje, los recursos generados por rifas, sorteos etc., impuesto a la herencia, derechos (pago de licencias, expedición de constancias etc.), aprovechamientos (multas diversas y de tránsito etc.)
Los recursos participables provienen de la federación, tienen que ver con los excedentes petroleros y que se designan mediante diversos fondos como el fondo de fortalecimiento municipal, mientras que otros recursos provienen de la participación por la recaudación del impuesto a la renta (ISR), el impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), que se recauda en el estado pero por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no por el gobierno estatal.
En función de estos datos la deuda pública total del Estado de Jalisco puede ser generada por el gobierno estatal, por organismos estatales, por gobiernos municipales y por organismos municipales, por lo que no toda es responsabilidad del gobernador en turno.
También es necesario aclarar que dicha deuda puede ser de corto plazo y de largo plazo. Así tenemos que la deuda total es de 26,289.8 millones de pesos al 30 de septiembre del 2012 (última cifra disponible), de la cual el 60% es del gobierno del estado, el 30% de los gobiernos municipales y 10% de organismos municipales.
Jalisco ocupa el 13° lugar con respecto a la deuda del estado como porcentaje del PIB que es del 2.8%, mismo nivel del promedio nacional y muy por debajo de la de Coahuila que representa el 7.9% de su PIB.
La deuda que no ha sido cubierta es la de corto plazo: 1,400 millones de pesos, que se contrató como crédito quirografario lo que supone que no requiere de un aval o un recurso que responda para su pago, como pueden ser los ingresos participables. Es una deuda establecida mediante la firma de pagares y que por lo tanto no requiere la autorización del congreso estatal. El resto, presumiblemente, es deuda de largo plazo, lo que significa que se irá pagando poco a poco con los recursos participables. De forma que para este 2013 se ha presupuestado pagar 1,739 millones de pesos, de ese dinero el 63% irá solo para comisiones e intereses, y el 24% para amortizar al capital (es decir reducir el importe de la deuda.
Si tomamos el saldo total de la deuda (largo más corto plazo), con respecto a los ingresos participables de este año 2013, esta representa el 88%, aunque de acuerdo con el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios sería el 82.3% calculada con los ingresos del 2012, mientras que el promedio nacional es de 80.6%; y aun cuando no es el 299% como en Coahuila, ni el 225% como en Quintana Roo, es un nivel muy elevado.
Con respecto al total de los ingresos: propios y participables es el 36%, es decir un poco más de un tercio de los ingresos, desde este punto de vista definitivamente estamos sobre endeudados pero no es una deuda inmanejable como tampoco es no negociable, pues si tuviésemos que pagar toda la deuda en este año tendríamos que destinar 36 centavos de cada peso ingresado, sin olvidar que 64% serían para educación, salud, infraestructura, sueldos y salarios etc.
Por otro lado el proceso de endeudamiento ha crecido de manera acelerada ya que en 2006 la cifra era de 42% de los ingresos participables y en seis años se ha duplicado.
Ahora bien con respecto a los municipios, a nivel nacional el municipio de Guadalajara ocupa el primer lugar por el nivel de su deuda, en tanto que Zapopan y Tonalá ocupan el 4º y el 11° lugar respectivamente.
Con respecto a las implicaciones para la población en general, la disminución de la calificación de deuda para el gobierno estatal y municipal, significa que, en caso de un refinanciamiento o contratación de deuda nueva, se tendrán que pagar intereses más altos, y el gasto público deberá disminuirse afectando principalmente al gasto de inversión: infraestructura y, el gasto social, en el que se va más de la mitad del total.
Para evitar seguir con este proceso de endeudamiento es necesario que los gobiernos: estatal y municipales lleven a cabo tres acciones:
En primer lugar realizar un diagnóstico de gasto que les permita establecer un programa de racionalización: reducción de gastos que no tengan un impacto económico y social significativo: viáticos, celulares etc., e incrementar los rubros que potencien el crecimiento de las actividades recaudatorias que generan ingresos propios: turismo, emprendurismo etc. y así se incremente la recaudación.
Una vez hecho el diagnóstico del gasto será necesario establecer un programa de ahorro, con los gastos que pueden y deben reducirse y los que se pueden evitar porque no afectan la economía del estado ni el bienestar de la población; para que, finalmente, con dichos recursos ahorrados, se pueda establecer un programa de acelerador de pagos.
En primer lugar se debe considerar que el gobierno estatal tiene dos fuentes de ingresos: las propias y las participables. Sobre las fuentes propias tenemos autonomía en materia de recaudación y son el impuesto del 2% a la nómina, el impuesto al hospedaje, los recursos generados por rifas, sorteos etc., impuesto a la herencia, derechos (pago de licencias, expedición de constancias etc.), aprovechamientos (multas diversas y de tránsito etc.)
Los recursos participables provienen de la federación, tienen que ver con los excedentes petroleros y que se designan mediante diversos fondos como el fondo de fortalecimiento municipal, mientras que otros recursos provienen de la participación por la recaudación del impuesto a la renta (ISR), el impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), que se recauda en el estado pero por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no por el gobierno estatal.
En función de estos datos la deuda pública total del Estado de Jalisco puede ser generada por el gobierno estatal, por organismos estatales, por gobiernos municipales y por organismos municipales, por lo que no toda es responsabilidad del gobernador en turno.
También es necesario aclarar que dicha deuda puede ser de corto plazo y de largo plazo. Así tenemos que la deuda total es de 26,289.8 millones de pesos al 30 de septiembre del 2012 (última cifra disponible), de la cual el 60% es del gobierno del estado, el 30% de los gobiernos municipales y 10% de organismos municipales.
Jalisco ocupa el 13° lugar con respecto a la deuda del estado como porcentaje del PIB que es del 2.8%, mismo nivel del promedio nacional y muy por debajo de la de Coahuila que representa el 7.9% de su PIB.
La deuda que no ha sido cubierta es la de corto plazo: 1,400 millones de pesos, que se contrató como crédito quirografario lo que supone que no requiere de un aval o un recurso que responda para su pago, como pueden ser los ingresos participables. Es una deuda establecida mediante la firma de pagares y que por lo tanto no requiere la autorización del congreso estatal. El resto, presumiblemente, es deuda de largo plazo, lo que significa que se irá pagando poco a poco con los recursos participables. De forma que para este 2013 se ha presupuestado pagar 1,739 millones de pesos, de ese dinero el 63% irá solo para comisiones e intereses, y el 24% para amortizar al capital (es decir reducir el importe de la deuda.
Si tomamos el saldo total de la deuda (largo más corto plazo), con respecto a los ingresos participables de este año 2013, esta representa el 88%, aunque de acuerdo con el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios sería el 82.3% calculada con los ingresos del 2012, mientras que el promedio nacional es de 80.6%; y aun cuando no es el 299% como en Coahuila, ni el 225% como en Quintana Roo, es un nivel muy elevado.
Con respecto al total de los ingresos: propios y participables es el 36%, es decir un poco más de un tercio de los ingresos, desde este punto de vista definitivamente estamos sobre endeudados pero no es una deuda inmanejable como tampoco es no negociable, pues si tuviésemos que pagar toda la deuda en este año tendríamos que destinar 36 centavos de cada peso ingresado, sin olvidar que 64% serían para educación, salud, infraestructura, sueldos y salarios etc.
Por otro lado el proceso de endeudamiento ha crecido de manera acelerada ya que en 2006 la cifra era de 42% de los ingresos participables y en seis años se ha duplicado.
Ahora bien con respecto a los municipios, a nivel nacional el municipio de Guadalajara ocupa el primer lugar por el nivel de su deuda, en tanto que Zapopan y Tonalá ocupan el 4º y el 11° lugar respectivamente.
Con respecto a las implicaciones para la población en general, la disminución de la calificación de deuda para el gobierno estatal y municipal, significa que, en caso de un refinanciamiento o contratación de deuda nueva, se tendrán que pagar intereses más altos, y el gasto público deberá disminuirse afectando principalmente al gasto de inversión: infraestructura y, el gasto social, en el que se va más de la mitad del total.
Para evitar seguir con este proceso de endeudamiento es necesario que los gobiernos: estatal y municipales lleven a cabo tres acciones:
En primer lugar realizar un diagnóstico de gasto que les permita establecer un programa de racionalización: reducción de gastos que no tengan un impacto económico y social significativo: viáticos, celulares etc., e incrementar los rubros que potencien el crecimiento de las actividades recaudatorias que generan ingresos propios: turismo, emprendurismo etc. y así se incremente la recaudación.
Una vez hecho el diagnóstico del gasto será necesario establecer un programa de ahorro, con los gastos que pueden y deben reducirse y los que se pueden evitar porque no afectan la economía del estado ni el bienestar de la población; para que, finalmente, con dichos recursos ahorrados, se pueda establecer un programa de acelerador de pagos.
¿ES MÉXICO UNA ECONOMÍA SALUDABLE?
La salud de una economía generalmente se mide a través de sus grandes agregados económicos y de sus macrofundamentos, pero pocas veces se ha prestado atención a los problemas más acuciantes de la población como son el tener un empleo permanente, un salario remunerador, el acceso a una canasta básica alimentaria, el nivel de ingresos, su condición de informalidad, la concentración del ingreso y los niveles migratorios.
Desde finales del siglo XVII, se piensa que una economía saludable es aquella que tiene un bajo nivel inflacionario, un manejo de las finanzas públicas y de la política monetaria prudente, estabilidad macroeconómica reflejada en bajas tasas de interés, un tipo de cambio estable, un bajo déficit fiscal y comercial y un nivel de reservas internacionales adecuado, entre otras cosas.
Se pensaba que bastaba con lograr crecimiento económico para que sus beneficios se filtraran hacia la población en general y generaran desarrollo económico. Hoy la realidad ha demostrado que si bien el crecimiento es condición necesaria para disminuir la pobreza y elevar el bienestar social, no es condición suficiente, y que el deterioro continuo de los niveles de vida de la población puede generar serios problemas de violencia e ingobernabilidad.
A pesar de reconocer esto, pocos son los esfuerzos que se han realizado para evaluar un gobierno a través del bienestar social y económico de la población, ni siquiera contamos con series estadísticas largas y homogéneas sobre información tal como pobreza, concentración del ingreso, tasas de desempleo, subempleo e informalidad.
No basta con que seamos la 11ava economía más grande a nivel mundial, que tengamos tratados de libre comercio con 43 países, que la población en edad de trabajar sea el 64% de la población total, que los capitales extranjeros perciban que México es un lugar seguro para invertir, que tengamos estabilidad financiera en el sistema bancario y un bajo riesgo de deuda soberana (gubernamental).
La población pobre representa el 47% de la población total, la concentración del ingreso se ha elevado, el 60% de los trabajadores se encuentran en la informalidad, 29 millones de trabajadores no cuentan con seguro social, dos de cada tres trabajadores reciben como máximo tres salarios mínimos, es decir: cuando mucho 175 pesos al día (salario mínimo del 2012), el 14% tiene un empleo eventual y que el salario real, en los últimos 40 años, presente una caída continua, de forma que hoy en día no es ni un tercio de lo que representaba en 1982, y que para adquirir una canasta básica alimenticia con dicho salario, hoy se tenga que trabajar 22.5 hrs. cuando a fines de 1982 se requería trabajar solo 4.4 hrs.
Al parecer los gobiernos han olvidado que la economía no es solo el manejo responsable de la política fiscal y monetaria, sino el incremento en el bienestar social de la población, el desarrollo sustentable (con equilibrio ecológico), el derecho a vivir en un ambiente seguro y con valores universales.
El reto del nuevo gobierno que comienza es, en principio, homologar y disponer de estadísticas históricas confiables, que puedan consultarse de primera mano a través del internet y que nos permitan medir el avance o retroceso en materia de bienestar social. Necesitamos un esfuerzo mayúsculo por parte del INEGI y las otras instituciones que generan información estadística como el Seguro Social, la Secretaria de Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión Social etc., para poder evaluar, con cifras exactas y comparables la evolución del bienestar social de la población, y de esta manera concentrarnos en la parte social de la economía, que es la que, en última instancia, determina a la sociedad en que vivimos.
Desde finales del siglo XVII, se piensa que una economía saludable es aquella que tiene un bajo nivel inflacionario, un manejo de las finanzas públicas y de la política monetaria prudente, estabilidad macroeconómica reflejada en bajas tasas de interés, un tipo de cambio estable, un bajo déficit fiscal y comercial y un nivel de reservas internacionales adecuado, entre otras cosas.
Se pensaba que bastaba con lograr crecimiento económico para que sus beneficios se filtraran hacia la población en general y generaran desarrollo económico. Hoy la realidad ha demostrado que si bien el crecimiento es condición necesaria para disminuir la pobreza y elevar el bienestar social, no es condición suficiente, y que el deterioro continuo de los niveles de vida de la población puede generar serios problemas de violencia e ingobernabilidad.
A pesar de reconocer esto, pocos son los esfuerzos que se han realizado para evaluar un gobierno a través del bienestar social y económico de la población, ni siquiera contamos con series estadísticas largas y homogéneas sobre información tal como pobreza, concentración del ingreso, tasas de desempleo, subempleo e informalidad.
No basta con que seamos la 11ava economía más grande a nivel mundial, que tengamos tratados de libre comercio con 43 países, que la población en edad de trabajar sea el 64% de la población total, que los capitales extranjeros perciban que México es un lugar seguro para invertir, que tengamos estabilidad financiera en el sistema bancario y un bajo riesgo de deuda soberana (gubernamental).
La población pobre representa el 47% de la población total, la concentración del ingreso se ha elevado, el 60% de los trabajadores se encuentran en la informalidad, 29 millones de trabajadores no cuentan con seguro social, dos de cada tres trabajadores reciben como máximo tres salarios mínimos, es decir: cuando mucho 175 pesos al día (salario mínimo del 2012), el 14% tiene un empleo eventual y que el salario real, en los últimos 40 años, presente una caída continua, de forma que hoy en día no es ni un tercio de lo que representaba en 1982, y que para adquirir una canasta básica alimenticia con dicho salario, hoy se tenga que trabajar 22.5 hrs. cuando a fines de 1982 se requería trabajar solo 4.4 hrs.
Al parecer los gobiernos han olvidado que la economía no es solo el manejo responsable de la política fiscal y monetaria, sino el incremento en el bienestar social de la población, el desarrollo sustentable (con equilibrio ecológico), el derecho a vivir en un ambiente seguro y con valores universales.
El reto del nuevo gobierno que comienza es, en principio, homologar y disponer de estadísticas históricas confiables, que puedan consultarse de primera mano a través del internet y que nos permitan medir el avance o retroceso en materia de bienestar social. Necesitamos un esfuerzo mayúsculo por parte del INEGI y las otras instituciones que generan información estadística como el Seguro Social, la Secretaria de Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión Social etc., para poder evaluar, con cifras exactas y comparables la evolución del bienestar social de la población, y de esta manera concentrarnos en la parte social de la economía, que es la que, en última instancia, determina a la sociedad en que vivimos.
EL ACUERDO CON RESPECTO AL ABISMO FISCAL EN ESTADOS UNIDOS ES APENAS UNA PILDORITA
El Problema de desequilibrio fiscal y elevada deuda externa que vive la economía norteamericana comenzó hace ya muchos años, desde el 2001, cuando el presidente George W. Bush disminuyó los impuestos y elevó el gasto publico para hacer frente a la desaceleración económica y el impacto negativo del ataque terrorista del 11 de septiembre. Posteriormente desde el 2007 se redujeron más los impuestos y se elevó el gasto para reactivar la economía ante la crisis subprime que detonó la crisis financiera económica internacional conocida como la gran recesión.
En realidad el acuerdo es apenas el primer paso para ordenar las finanzas públicas norteamericanas y es, aún, un acuerdo incompleto. Si bien se elevarán los impuestos a las personas físicas que ganan más de 400 mil dólares anuales de un 35 a un 39.6% y se incrementa en un 20% la tasa impositiva a las ganancias por inversiones de capital (financieras) y por sus dividendos, el gasto público seguirá siendo elevado pues su recorte se pospone por dos años más y la extensión de créditos fiscales a trabajadores y estudiantes se extienden por cinco años más, y lo que es peor aún ¡no se ha tomando ninguna decisión sobre el techo de la deuda norteamericana de 16.4 billones de dólares!, asunto que debe resolverse a más tardar dentro de dos meses, o de lo contrario el gobierno norteamericano no podrá pagar su deuda tanto a nivel interno como externo, afectando principalmente a los fondos de pensiones y de inversión.
Los desequilibrios macroeconómicos son de tal magnitud, que este preacuerdo solo logrará posponer por dos meses al abismo fiscal y de nuevo veremos el riesgo frente a nuestros ojos y la discusión en el congreso sobre la política económica en Estados Unidos.
Y para muestra basta un botón: la deuda pública como porcentaje del PIB es el 110,7% y para éste 2013 será del 111.7%, y su déficit fiscal es del 8.7% del PIB, el tercero más alto a nivel mundial después de Japón y la India que tienen un déficit fiscal del 10% y 9.5% respectivamente. Por su parte la tasa de desempleo continua siendo muy elevada en un 8.2% y se espera un 8.1% para el 2013, ello significa una demanda interna deprimida y seguramente una posposición en los planes de inversión de las empresas.
De hecho para reducir su deuda debe realizar un ajuste fiscal equivalente al 10% de su PIB de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y sus necesidades de financiamiento en términos brutos equivalen el 26.3% del PIB.
El ajuste fiscal les tomará cuando menos cuatro años, pues reducir la deuda pública solo puede lograrse pagándola o renegociándola y para pagarla hay que elevar los ingresos y reducir los gastos, de esa manera podrán generar un ahorro significativo y, adicionalmente, deben evitar seguir endeudándose.
De lo anterior se desprende que necesitan realizar importantes cambios estructurales que siempre conllevan una negociación política para la aprobación de leyes y modificaciones institucionales cuya elaboración y aprobación requiere de consensos políticos, negociaciones y concesiones, es por ello que este 2013 veremos una desaceleración económica en Estados Unidos y, como resultado, en México, pero mucho ojo, no estamos hablando de un recesión aún.
En realidad el acuerdo es apenas el primer paso para ordenar las finanzas públicas norteamericanas y es, aún, un acuerdo incompleto. Si bien se elevarán los impuestos a las personas físicas que ganan más de 400 mil dólares anuales de un 35 a un 39.6% y se incrementa en un 20% la tasa impositiva a las ganancias por inversiones de capital (financieras) y por sus dividendos, el gasto público seguirá siendo elevado pues su recorte se pospone por dos años más y la extensión de créditos fiscales a trabajadores y estudiantes se extienden por cinco años más, y lo que es peor aún ¡no se ha tomando ninguna decisión sobre el techo de la deuda norteamericana de 16.4 billones de dólares!, asunto que debe resolverse a más tardar dentro de dos meses, o de lo contrario el gobierno norteamericano no podrá pagar su deuda tanto a nivel interno como externo, afectando principalmente a los fondos de pensiones y de inversión.
Los desequilibrios macroeconómicos son de tal magnitud, que este preacuerdo solo logrará posponer por dos meses al abismo fiscal y de nuevo veremos el riesgo frente a nuestros ojos y la discusión en el congreso sobre la política económica en Estados Unidos.
Y para muestra basta un botón: la deuda pública como porcentaje del PIB es el 110,7% y para éste 2013 será del 111.7%, y su déficit fiscal es del 8.7% del PIB, el tercero más alto a nivel mundial después de Japón y la India que tienen un déficit fiscal del 10% y 9.5% respectivamente. Por su parte la tasa de desempleo continua siendo muy elevada en un 8.2% y se espera un 8.1% para el 2013, ello significa una demanda interna deprimida y seguramente una posposición en los planes de inversión de las empresas.
De hecho para reducir su deuda debe realizar un ajuste fiscal equivalente al 10% de su PIB de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y sus necesidades de financiamiento en términos brutos equivalen el 26.3% del PIB.
El ajuste fiscal les tomará cuando menos cuatro años, pues reducir la deuda pública solo puede lograrse pagándola o renegociándola y para pagarla hay que elevar los ingresos y reducir los gastos, de esa manera podrán generar un ahorro significativo y, adicionalmente, deben evitar seguir endeudándose.
De lo anterior se desprende que necesitan realizar importantes cambios estructurales que siempre conllevan una negociación política para la aprobación de leyes y modificaciones institucionales cuya elaboración y aprobación requiere de consensos políticos, negociaciones y concesiones, es por ello que este 2013 veremos una desaceleración económica en Estados Unidos y, como resultado, en México, pero mucho ojo, no estamos hablando de un recesión aún.
LO QUE HAY DETRÁS DE LA LÍNEA DE CRÉDITO CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
El Fondo Monetario Internacional (FMI) renovó la línea de crédito por 73 mil millones de dólares a México, está línea de crédito se nos otorgó en marzo del 2009 ante los efectos de contagio generados por la crisis económica internacional y ha sido ratificada dos veces, el 30 de agosto del 2010 y éste 30 de noviembre de 2012. En ninguna de las ocasiones hemos tenido la necesidad de utilizar dichos recursos y han permanecido como una línea abierta de la que se podrá disponer en caso necesario.
El FMI recalca que esta línea no se le otorga a cualquier país, solo a economías que demuestran fortaleza macroeconómica pero, si esto es así, la línea de crédito no tiene por qué ser necesaria, ¿qué hay entonces como trasfondo?
La respuesta es sencilla, blindar a la economía ante un choque externo que amenace con depreciar (devaluar) al peso mexicano, de esta forma tendríamos dólares suficientes para apuntalar a la moneda y garantizar la convertibilidad de la inversión extranjera de corto plazo a dólares y el pago, no solo de la deuda externa, sino también de las importaciones de productos. Así sumando las reservas internacionales a la fecha 163 mil 117 millones de dólares más la línea de crédito del FMI por 73 mil millones, tenemos un blindaje en divisas (dólares) por 236 mil 117 millones de dólares.
Este blindaje puede ayudar a hacer frente a nuestros compromisos con el extranjero, porque en los últimos años ha habido un creciente endeudamiento del sector privado y del sector público, pero básicamente del primero que a junio de este año representaba el 43% de la deuda externa total con un saldo de 134 mil 072 millones de dólares, mientras que el gobierno federal tiene el 21% de dicha deuda externa con un saldo de 65 mil 359 millones de dólares, el sector bancario debe un 6% del total y el resto son ajustes referidos a: deuda en pesos pero en poder de no residentes, a bonos del gobierno mexicano emitida en dólares pero en poder de residentes, y a deuda de mexicanos con agencias de bancos en el extranjero con el 30% restante.
Lo anterior significa que la deuda externa total ajustada del país es de 309 648.5 millones de dólares, lo que equivale a casi el doble de lo que tenemos en reservas y de la cual nuestro blindaje financiero solo cubriría el 76% y, aunque la totalidad de la deuda no es necesariamente a corto plazo, si nos dice que en caso de una depreciación abrupta del peso, tendríamos serios problemas para pagar.
La otra preocupación se encuentra en la inversión extranjera de cartera, que es aquella que llega a comprar acciones, bonos del gobierno y en general papeles de deuda de corto plazo. Esta inversión es muy volátil y muy sensible a eventos relacionados con la estabilidad financiera internacional como el precipicio fiscal en Estados Unidos, problemas de deuda soberana en Europa: Grecia, España, Italia, Portugal; y cambios en tasas de interés y política monetaria de otras economías. Esta inversión en 2010 era de 29 mil 620.1 millones de dólares, para 2011 de 41 mil 743.5 millones y hasta septiembre del presente año de 57 mil 485 millones de dólares, lo que significa que en tres años casi se ha duplicado. La característica de esta inversión es que rápidamente puede ser retirada del país lo que generaría una depreciación (devaluación) abrupta del peso.
Como puede concluirse nuestro blindaje financiero no puede cubrir ambos rubros: deuda externa e inversión extranjera de cartera, y esa es la razón detrás de la línea de crédito renovada, porque más vale prevenir que lamentar.
El FMI recalca que esta línea no se le otorga a cualquier país, solo a economías que demuestran fortaleza macroeconómica pero, si esto es así, la línea de crédito no tiene por qué ser necesaria, ¿qué hay entonces como trasfondo?
La respuesta es sencilla, blindar a la economía ante un choque externo que amenace con depreciar (devaluar) al peso mexicano, de esta forma tendríamos dólares suficientes para apuntalar a la moneda y garantizar la convertibilidad de la inversión extranjera de corto plazo a dólares y el pago, no solo de la deuda externa, sino también de las importaciones de productos. Así sumando las reservas internacionales a la fecha 163 mil 117 millones de dólares más la línea de crédito del FMI por 73 mil millones, tenemos un blindaje en divisas (dólares) por 236 mil 117 millones de dólares.
Este blindaje puede ayudar a hacer frente a nuestros compromisos con el extranjero, porque en los últimos años ha habido un creciente endeudamiento del sector privado y del sector público, pero básicamente del primero que a junio de este año representaba el 43% de la deuda externa total con un saldo de 134 mil 072 millones de dólares, mientras que el gobierno federal tiene el 21% de dicha deuda externa con un saldo de 65 mil 359 millones de dólares, el sector bancario debe un 6% del total y el resto son ajustes referidos a: deuda en pesos pero en poder de no residentes, a bonos del gobierno mexicano emitida en dólares pero en poder de residentes, y a deuda de mexicanos con agencias de bancos en el extranjero con el 30% restante.
Lo anterior significa que la deuda externa total ajustada del país es de 309 648.5 millones de dólares, lo que equivale a casi el doble de lo que tenemos en reservas y de la cual nuestro blindaje financiero solo cubriría el 76% y, aunque la totalidad de la deuda no es necesariamente a corto plazo, si nos dice que en caso de una depreciación abrupta del peso, tendríamos serios problemas para pagar.
La otra preocupación se encuentra en la inversión extranjera de cartera, que es aquella que llega a comprar acciones, bonos del gobierno y en general papeles de deuda de corto plazo. Esta inversión es muy volátil y muy sensible a eventos relacionados con la estabilidad financiera internacional como el precipicio fiscal en Estados Unidos, problemas de deuda soberana en Europa: Grecia, España, Italia, Portugal; y cambios en tasas de interés y política monetaria de otras economías. Esta inversión en 2010 era de 29 mil 620.1 millones de dólares, para 2011 de 41 mil 743.5 millones y hasta septiembre del presente año de 57 mil 485 millones de dólares, lo que significa que en tres años casi se ha duplicado. La característica de esta inversión es que rápidamente puede ser retirada del país lo que generaría una depreciación (devaluación) abrupta del peso.
Como puede concluirse nuestro blindaje financiero no puede cubrir ambos rubros: deuda externa e inversión extranjera de cartera, y esa es la razón detrás de la línea de crédito renovada, porque más vale prevenir que lamentar.
SOLO ABOGADOS Y ECONOMISTAS EN EL GABINETE ECONÓMICO: MEDIDA ESTRATÉGICA
En su discurso de toma de posesión, Enrique Peña Nieto estableció cinco Ejes sobre los que basará su política económica: El Desarrollo integral y equilibrado, un pacto social de justicia e inclusión, educación de calidad para todos, un México próspero con sustentabilidad ambiental y un país que opere como actor en el escenario internacional con responsabilidad global.
Así mismo estableció 13 decisiones presidenciales y aunque con ellas cubre parte de los grandes pendientes de los tres sexenios anteriores, en especial los relacionados con la pobreza, los adultos mayores, las mujeres jefes de familia, y la reforma educativa, es de llamar la atención la falta de presencia de la problemática laboral.
Quizás quiera evitar el error de Felipe Calderón, autodenominado presidente del empleo, porque se ha dado cuenta de que el problema del empleo es multidimensional y en él intervienen muchos factores relacionados con la educación, el mercado de trabajo, la inversión productiva y por ende la actividad emprendedora, y desde luego los trámites burocráticos y sus costos, así como, el crecimiento económico etc.
Tal vez es consciente de que la creación de empleos depende, más que de una decisión deliberada, de un ambiente de promoción, porque si lo primero fuera el caso, volveríamos a un estado populista que crea el empleo directamente a través de ampliar el aparato burocrático.
Dada la trascendencia del tema, éste quedo reservado para la firma del primer Pacto por México que en su punto dos habla del crecimiento económico, el empleo y la competitividad y del que seguramente provendrá el Consejo Nacional Consultivo para el Crecimiento Económico y el Empleo que prometió durante su campaña presidencial.
Ello me lleva a pensar que Peña Nieto esta seriamente enfocado en la negociación política como instrumento indispensable para lograr alcanzar sus objetivos de política económica y social, y ha demostrado que antes de la toma de posesión ya estaba negociando con los partidos políticos y con Felipe Calderón la aprobación de la Reforma Laboral y la negociación del Pacto por México, pues debemos recordar que se firmó apenas un día después de su toma de posesión y en domingo.
La operación política será uno de sus pilares, por ello no es de llamar la atención que en la composición de su gabinete presidencial, en especial el gabinete económico, en 12 dependencias habrá solo economistas y abogados de profesión.
Los abogados se encuentran en aquellas dependencias directamente relacionadas con la necesidad de una reforma legal como son la Secretaría de Energía (reforma energética), la Secretaría de Educación Pública (reforma educativa), la de la Reforma Agraria, la de Comunicaciones y Transportes (reforma de medios de comunicación) y la del Trabajo y Previsión Social. Mientras que Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Social, aún siendo economista, es una gran operadora política, y el secretario de Relaciones Exteriores es economísta y también abogado.
Los economistas evidentemente quedaron en la Secretaría de Economía, la de Hacienda Pública, y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mientras que en PEMEX tenemos a un economista y abogado a la vez. Todos egresados de prestigiosas universidades privadas (ITAM, Tec. De Monterrey, MIT y Stanford).
Para terminar es de destacar que la mayoría tiene experiencia en cargos legislativos como diputados o senadores, más no así, una fuerte experiencia profesional en el área que les compete a partir del 1 de diciembre, lo que no significa que no sean capaces de dirigir la política económica y social que les atañe.
Así mismo estableció 13 decisiones presidenciales y aunque con ellas cubre parte de los grandes pendientes de los tres sexenios anteriores, en especial los relacionados con la pobreza, los adultos mayores, las mujeres jefes de familia, y la reforma educativa, es de llamar la atención la falta de presencia de la problemática laboral.
Quizás quiera evitar el error de Felipe Calderón, autodenominado presidente del empleo, porque se ha dado cuenta de que el problema del empleo es multidimensional y en él intervienen muchos factores relacionados con la educación, el mercado de trabajo, la inversión productiva y por ende la actividad emprendedora, y desde luego los trámites burocráticos y sus costos, así como, el crecimiento económico etc.
Tal vez es consciente de que la creación de empleos depende, más que de una decisión deliberada, de un ambiente de promoción, porque si lo primero fuera el caso, volveríamos a un estado populista que crea el empleo directamente a través de ampliar el aparato burocrático.
Dada la trascendencia del tema, éste quedo reservado para la firma del primer Pacto por México que en su punto dos habla del crecimiento económico, el empleo y la competitividad y del que seguramente provendrá el Consejo Nacional Consultivo para el Crecimiento Económico y el Empleo que prometió durante su campaña presidencial.
Ello me lleva a pensar que Peña Nieto esta seriamente enfocado en la negociación política como instrumento indispensable para lograr alcanzar sus objetivos de política económica y social, y ha demostrado que antes de la toma de posesión ya estaba negociando con los partidos políticos y con Felipe Calderón la aprobación de la Reforma Laboral y la negociación del Pacto por México, pues debemos recordar que se firmó apenas un día después de su toma de posesión y en domingo.
La operación política será uno de sus pilares, por ello no es de llamar la atención que en la composición de su gabinete presidencial, en especial el gabinete económico, en 12 dependencias habrá solo economistas y abogados de profesión.
Los abogados se encuentran en aquellas dependencias directamente relacionadas con la necesidad de una reforma legal como son la Secretaría de Energía (reforma energética), la Secretaría de Educación Pública (reforma educativa), la de la Reforma Agraria, la de Comunicaciones y Transportes (reforma de medios de comunicación) y la del Trabajo y Previsión Social. Mientras que Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Social, aún siendo economista, es una gran operadora política, y el secretario de Relaciones Exteriores es economísta y también abogado.
Los economistas evidentemente quedaron en la Secretaría de Economía, la de Hacienda Pública, y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mientras que en PEMEX tenemos a un economista y abogado a la vez. Todos egresados de prestigiosas universidades privadas (ITAM, Tec. De Monterrey, MIT y Stanford).
Para terminar es de destacar que la mayoría tiene experiencia en cargos legislativos como diputados o senadores, más no así, una fuerte experiencia profesional en el área que les compete a partir del 1 de diciembre, lo que no significa que no sean capaces de dirigir la política económica y social que les atañe.
DICIEMBRE: GASTO CON RESPONSABILIDAD
Todo problema económico parte de un hecho simple “El gasto fue mayor al ingreso recibido”.
A pesar de ser un hecho del sentido común el que “nadie debe gastar más de lo que gana”, es el menos común de los sentidos, pues las facilidades de crédito y préstamo nos hacen perder el piso, generándonos un grave problema de sobre endeudamiento, sobre todo cuando, por un lado, los bancos nos ofrecen una formula sencilla, sin aval y sin grandes trámites para endeudarnos con créditos de nómina; mientras que por otro lado las tiendas departamentales nos ofrecen atractivos créditos a través de sus propias tarjetas y planes de financiamiento a 12, 18 e incluso 24 meses sin intereses.
Estas ofertas de crédito se incrementan en época navideña y ante tanto ofrecimiento es difícil no morder el anzuelo, sobre todo si tenemos muchas necesidades no cubiertas o somos demasiado aspiracionales (soñadores). Por ello es indispensable llevar un registro exacto sobre nuestras deudas, ingresos y gastos, para evitar tener graves problemas al no poder liquidar nuestras obligaciones, a grado tal de que nos embarguen nuestros muebles, nuestro auto o peor aún nuestra casa.
Por ello, en primer lugar, debemos ser consientes de si estamos sobre endeudados y la cuestión es simple, si usted destina más del 30% del ingreso para el pago de deudas, esta sobre endeudado y necesita iniciar un diagnóstico de gasto, un programa de ahorro y un acelerador de pagos.
El Diagnóstico de gasto es muy sencillo, consiste en elaborar una lista muy detallada de sus gastos durante cuatro semanas, incluyendo el gasto hormiga (especialmente éste que representa nuestras compras por impulso o antojos: cigarros, refresco, papitas, chicles, propinas, limosnas, antojitos, etc), de esta manera podrá usted detectar que gastos son superficiales y se pueden eliminar, que gastos son necesarios pero se pueden reducir y que gastos son indispensables y se deben realizarse aún a costa de nuestros ahorros.
Para el gasto hormiga le recomiendo consultar la página de internet de la Procuraduría Federal Del Consumidor PROFECO, y bajar de la sección: brújula de compra, la hoja de cálculo denominada calcula tu gasto hormiga, así se dará cuenta de lo que usted gasta en una semana, mes, semestre y al año.
http://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula.asp
Con estos datos podrá usted iniciar un programa de ahorro, en el que se fije una meta realista y alcanzable de ahorro: diario si sus ingresos son pequeños y muy irregulares, semanal si le pagan cada 8 días, quincenal si el pago es cada quincena y mensual si sus ingresos son suficientemente altos para ello.
El ahorro es el ingreso que no se consume, de forma que todos podemos ahorrar pues no necesitamos ganar más, sino gastar menos. La cantidad que usted debe ahorrar es la que su diagnóstico de gasto le indique: “aquellos gastos que se deben evitar, aquellos que se pueden reducir y el gasto hormiga”, si suma estas tres cantidades obtiene la cantidad a ahorrar e iniciar el programa de ahorro.
Con los ahorros realizados, diariamente, semanal, quincenal o mensualmente, usted puede iniciar un acelerador de pagos para liquidar sus deudas, recordando que obtener un crédito o préstamo para liquidar otra deuda es un gran error: tapar un hoyo con la tierra de otro hoyo no es avanzar.
Por ello, le recomiendo que en este mes de diciembre, cuando usted va a recibir su aguinaldo, lo utilice de forma inteligente y adquiera cosas que le sean realmente útiles, pague deudas o realice mejoras a su casa. Ello le garantizará conservar su patrimonio y mejorar sus condiciones de vida.
A pesar de ser un hecho del sentido común el que “nadie debe gastar más de lo que gana”, es el menos común de los sentidos, pues las facilidades de crédito y préstamo nos hacen perder el piso, generándonos un grave problema de sobre endeudamiento, sobre todo cuando, por un lado, los bancos nos ofrecen una formula sencilla, sin aval y sin grandes trámites para endeudarnos con créditos de nómina; mientras que por otro lado las tiendas departamentales nos ofrecen atractivos créditos a través de sus propias tarjetas y planes de financiamiento a 12, 18 e incluso 24 meses sin intereses.
Estas ofertas de crédito se incrementan en época navideña y ante tanto ofrecimiento es difícil no morder el anzuelo, sobre todo si tenemos muchas necesidades no cubiertas o somos demasiado aspiracionales (soñadores). Por ello es indispensable llevar un registro exacto sobre nuestras deudas, ingresos y gastos, para evitar tener graves problemas al no poder liquidar nuestras obligaciones, a grado tal de que nos embarguen nuestros muebles, nuestro auto o peor aún nuestra casa.
Por ello, en primer lugar, debemos ser consientes de si estamos sobre endeudados y la cuestión es simple, si usted destina más del 30% del ingreso para el pago de deudas, esta sobre endeudado y necesita iniciar un diagnóstico de gasto, un programa de ahorro y un acelerador de pagos.
El Diagnóstico de gasto es muy sencillo, consiste en elaborar una lista muy detallada de sus gastos durante cuatro semanas, incluyendo el gasto hormiga (especialmente éste que representa nuestras compras por impulso o antojos: cigarros, refresco, papitas, chicles, propinas, limosnas, antojitos, etc), de esta manera podrá usted detectar que gastos son superficiales y se pueden eliminar, que gastos son necesarios pero se pueden reducir y que gastos son indispensables y se deben realizarse aún a costa de nuestros ahorros.
Para el gasto hormiga le recomiendo consultar la página de internet de la Procuraduría Federal Del Consumidor PROFECO, y bajar de la sección: brújula de compra, la hoja de cálculo denominada calcula tu gasto hormiga, así se dará cuenta de lo que usted gasta en una semana, mes, semestre y al año.
http://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula.asp
Con estos datos podrá usted iniciar un programa de ahorro, en el que se fije una meta realista y alcanzable de ahorro: diario si sus ingresos son pequeños y muy irregulares, semanal si le pagan cada 8 días, quincenal si el pago es cada quincena y mensual si sus ingresos son suficientemente altos para ello.
El ahorro es el ingreso que no se consume, de forma que todos podemos ahorrar pues no necesitamos ganar más, sino gastar menos. La cantidad que usted debe ahorrar es la que su diagnóstico de gasto le indique: “aquellos gastos que se deben evitar, aquellos que se pueden reducir y el gasto hormiga”, si suma estas tres cantidades obtiene la cantidad a ahorrar e iniciar el programa de ahorro.
Con los ahorros realizados, diariamente, semanal, quincenal o mensualmente, usted puede iniciar un acelerador de pagos para liquidar sus deudas, recordando que obtener un crédito o préstamo para liquidar otra deuda es un gran error: tapar un hoyo con la tierra de otro hoyo no es avanzar.
Por ello, le recomiendo que en este mes de diciembre, cuando usted va a recibir su aguinaldo, lo utilice de forma inteligente y adquiera cosas que le sean realmente útiles, pague deudas o realice mejoras a su casa. Ello le garantizará conservar su patrimonio y mejorar sus condiciones de vida.
PRECIPICIO FISCAL EN ESTADOS UNIDOS, IMPLICACIONES ECONÓMICAS PARA MÉXICO
Es del sentido común que nadie puede gastar más de lo que gana, a menos que alguien le preste, es decir que todo déficit es necesariamente una deuda. Cuando sucede lo primero se enfrentan severos problemas de liquidez y solvencia, y si es a nivel familiar o empresarial se presenta la necesidad de vender activos: televisor, coche, casa etc., a la par que se busca elevar ingresos, y en segunda instancia reducir los gastos para disminuir el endeudamiento. A nivel país se aplica la misma lógica y se obtienen los mismos resultados.
El precipicio fiscal es la reducción súbita del déficit público mediante un incremento en los impuestos y una reducción del gasto público. La idea es sanear las finanzas públicas, y con ello disminuir el endeudamiento del gobierno, consolidar una administración correcta de los ingresos y los egresos públicos y dejar de presionar sobre las tasas de interés, la inflación, el déficit comercial y de cuenta de capital, que tienden a elevarse como resultado de la búsqueda de recursos monetarios para financiar el exceso de gasto, lo que a su vez retroalimenta el problema de endeudamiento y deteriora la credibilidad sobre la posibilidad de liquidar dicha deuda.
Para enfrentar la crisis financiera y económica, el gobierno de George W. Bush estableció, el 3 de octubre del 2008, una ley de estabilización económica de emergencia, que permitía establecer descuentos fiscales (reducción de impuestos) a personas y empresas por un equivalente aproximado de 150 mil millones de dólares, elevar la protección de los depósitos bancarios mediante un incremento del seguro de depósitos que paso de 100 mil millones a 250 mil millones y un paquete de rescate financiero para los bancos por 700 mil millones de dólares. Pero esto era apenas el comienzo, ante la inefectividad de las primeras medidas, el gobierno de Barack Obama procedió a elevar el gasto público en materia de salud, seguridad social, políticas activas para promover el empleo, y rescatar instituciones bancarias y financieras no bancarias que presentaban problemas de insolvencia (imposibilidad de pagar a sus acreedores).
Tan solo los recursos utilizados para apoyar al sistema financiero llegaron a representar el 27% del Producto Interno Bruto de ese país, y sumando a las otras medidas elevó del déficit público del 1.2% del PIB en 2007 al 10.1% en 2009 y un 7.3% para este 2012, mientras que la deuda pública aumentó del 36.3% del PIB en 2007 al 73% en 2012.
El hecho es que estas medidas no pueden sostenerse por siempre, y ha llegado el momento legal de revertirlas pues a partir del 1 de enero del 2013 se vence la prorroga de exenciones fiscales y, si no se eleva el techo del endeudamiento público establecido por el congreso, se deberá reducir el gasto público, generando así un efecto recesivo que podría contraer el PIB de Estados Unidos entre un 3 y 5%, por la evidente necesidad de generar un ahorro que oscila entre los 600 mil millones de dólares para los optimistas y de 800 mil millones para los pesimistas.
Como resultado la tasa de desempleo podrá llegar al 9%, los bancos comerciales tendrán que restringir el crédito y elevar las tasas de interés, y lógicamente las familias deberán reducir su consumo, mientras que las empresas verán acumular inventarios y reducirán su producción.
Los efectos sobre la economía mexicana vendrán por los canales de contagio acostumbrados, una reducción de nuestras exportaciones, de la inversión extranjera, el turismo y las remesas, mientras que los sectores más ligados al sector manufacturero: industria electrónica, eléctrica, autopartes, metálica, alimentaria y petrolera se verán seriamente afectadas. En resumidas cuentas la economía mexicana se desacelerará y podría entrar en recesión si no se busca fortalecer fuertemente al mercado interno, se fortalece el crédito al sector productivo y se aplican políticas activas de empleo y de promoción industrial, por solo mencionar algunas cosas.
El precipicio fiscal es la reducción súbita del déficit público mediante un incremento en los impuestos y una reducción del gasto público. La idea es sanear las finanzas públicas, y con ello disminuir el endeudamiento del gobierno, consolidar una administración correcta de los ingresos y los egresos públicos y dejar de presionar sobre las tasas de interés, la inflación, el déficit comercial y de cuenta de capital, que tienden a elevarse como resultado de la búsqueda de recursos monetarios para financiar el exceso de gasto, lo que a su vez retroalimenta el problema de endeudamiento y deteriora la credibilidad sobre la posibilidad de liquidar dicha deuda.
Para enfrentar la crisis financiera y económica, el gobierno de George W. Bush estableció, el 3 de octubre del 2008, una ley de estabilización económica de emergencia, que permitía establecer descuentos fiscales (reducción de impuestos) a personas y empresas por un equivalente aproximado de 150 mil millones de dólares, elevar la protección de los depósitos bancarios mediante un incremento del seguro de depósitos que paso de 100 mil millones a 250 mil millones y un paquete de rescate financiero para los bancos por 700 mil millones de dólares. Pero esto era apenas el comienzo, ante la inefectividad de las primeras medidas, el gobierno de Barack Obama procedió a elevar el gasto público en materia de salud, seguridad social, políticas activas para promover el empleo, y rescatar instituciones bancarias y financieras no bancarias que presentaban problemas de insolvencia (imposibilidad de pagar a sus acreedores).
Tan solo los recursos utilizados para apoyar al sistema financiero llegaron a representar el 27% del Producto Interno Bruto de ese país, y sumando a las otras medidas elevó del déficit público del 1.2% del PIB en 2007 al 10.1% en 2009 y un 7.3% para este 2012, mientras que la deuda pública aumentó del 36.3% del PIB en 2007 al 73% en 2012.
El hecho es que estas medidas no pueden sostenerse por siempre, y ha llegado el momento legal de revertirlas pues a partir del 1 de enero del 2013 se vence la prorroga de exenciones fiscales y, si no se eleva el techo del endeudamiento público establecido por el congreso, se deberá reducir el gasto público, generando así un efecto recesivo que podría contraer el PIB de Estados Unidos entre un 3 y 5%, por la evidente necesidad de generar un ahorro que oscila entre los 600 mil millones de dólares para los optimistas y de 800 mil millones para los pesimistas.
Como resultado la tasa de desempleo podrá llegar al 9%, los bancos comerciales tendrán que restringir el crédito y elevar las tasas de interés, y lógicamente las familias deberán reducir su consumo, mientras que las empresas verán acumular inventarios y reducirán su producción.
Los efectos sobre la economía mexicana vendrán por los canales de contagio acostumbrados, una reducción de nuestras exportaciones, de la inversión extranjera, el turismo y las remesas, mientras que los sectores más ligados al sector manufacturero: industria electrónica, eléctrica, autopartes, metálica, alimentaria y petrolera se verán seriamente afectadas. En resumidas cuentas la economía mexicana se desacelerará y podría entrar en recesión si no se busca fortalecer fuertemente al mercado interno, se fortalece el crédito al sector productivo y se aplican políticas activas de empleo y de promoción industrial, por solo mencionar algunas cosas.
SI A ESTADOS UNIDOS LE DA GRIPA A JALISCO LE DA NEUMONÍA
Jalisco es un estado con una economía cada vez más vinculada al sector externo, muy en especial a la economía de los Estados Unidos: nuestro principal socio comercial que adquiere el 73% del total de nuestras exportaciones y de quién compramos más del 60% de las importaciones.
La rápida expansión del comercio exterior, el turismo internacional, las remesas y la inversión extranjera directa nos hace una economía con gran potencial de crecimiento económico, pero también con gran vulnerabilidad a la volatilidad del precio del dólar con respecto al peso y la dinamismo del sector de manufacturas en Estados Unidos, en especial su industria automotriz, electrónica, química y alimenticia, así como la industria de la construcción que es en la que laboran más del 50% de nuestros paisanos.
El crecimiento promedio de las exportaciones es casi un punto porcentual mayor que a nivel nacional, y con respecto a las importaciones es mayor en casi 4 puntos porcentuales. En materia de atracción de remesas ocupamos el tercer lugar a nivel nacional en los últimos tres años, y en materia de inversión extranjera directa del 2000 al 2011 ocupamos el sexto lugar a nivel nacional.
En el 2003 el volumen del comercio exterior (importaciones más exportaciones) representaba el 64% del PIB del estado en dólares, para 2010 representó el 108%, la inversión extranjera directa, a pesar de ser sumamente variable e impredecible, aumentó su participación del 0.9% al 2.6% en el mismo período, por su parte las remesas desde el 2007 a la fecha son equivalentes al 3% del PIB, en tanto que la derrama turística pasó del 0.03% del PIB al 0.8%.
Estas cifras nos hacen una economía sumamente globalizada y abierta al exterior, lo que implica que debemos poner mucha atención en los efectos que la depreciación del peso tienen sobre las finanzas de las empresas importadoras y exportadoras, de las empresas que se endeudan en dólares o monedas extranjeras sin tener una cobertura cambiaria, y de las poblaciones que dependen fuertemente de las remesas, para lo cual es necesario profundizar en la cultura financiera y el acceso a servicios más sofisticados para empresas y familias.
En Jalisco se cumple totalmente el dicho de que “si a Estados Unidos le da gripa a nosotros nos puede dar neumonía”, por ello debemos incentivar el desarrollo del mercado interno, facilitar la apertura de empresas con menores costos y trámites, tener programas de apoyo a la inversión productiva, incentivos a la generación de empleos y fomentar la reinversión de utilidades en la innovación, la capacitación y el desarrollo de nuevos productos, así como potencializar el uso de las remesas en mejorar el patrimonio familiar, pues ello conlleva a un mayor patrimonio municipal, entre otros factores.
La rápida expansión del comercio exterior, el turismo internacional, las remesas y la inversión extranjera directa nos hace una economía con gran potencial de crecimiento económico, pero también con gran vulnerabilidad a la volatilidad del precio del dólar con respecto al peso y la dinamismo del sector de manufacturas en Estados Unidos, en especial su industria automotriz, electrónica, química y alimenticia, así como la industria de la construcción que es en la que laboran más del 50% de nuestros paisanos.
El crecimiento promedio de las exportaciones es casi un punto porcentual mayor que a nivel nacional, y con respecto a las importaciones es mayor en casi 4 puntos porcentuales. En materia de atracción de remesas ocupamos el tercer lugar a nivel nacional en los últimos tres años, y en materia de inversión extranjera directa del 2000 al 2011 ocupamos el sexto lugar a nivel nacional.
En el 2003 el volumen del comercio exterior (importaciones más exportaciones) representaba el 64% del PIB del estado en dólares, para 2010 representó el 108%, la inversión extranjera directa, a pesar de ser sumamente variable e impredecible, aumentó su participación del 0.9% al 2.6% en el mismo período, por su parte las remesas desde el 2007 a la fecha son equivalentes al 3% del PIB, en tanto que la derrama turística pasó del 0.03% del PIB al 0.8%.
Estas cifras nos hacen una economía sumamente globalizada y abierta al exterior, lo que implica que debemos poner mucha atención en los efectos que la depreciación del peso tienen sobre las finanzas de las empresas importadoras y exportadoras, de las empresas que se endeudan en dólares o monedas extranjeras sin tener una cobertura cambiaria, y de las poblaciones que dependen fuertemente de las remesas, para lo cual es necesario profundizar en la cultura financiera y el acceso a servicios más sofisticados para empresas y familias.
En Jalisco se cumple totalmente el dicho de que “si a Estados Unidos le da gripa a nosotros nos puede dar neumonía”, por ello debemos incentivar el desarrollo del mercado interno, facilitar la apertura de empresas con menores costos y trámites, tener programas de apoyo a la inversión productiva, incentivos a la generación de empleos y fomentar la reinversión de utilidades en la innovación, la capacitación y el desarrollo de nuevos productos, así como potencializar el uso de las remesas en mejorar el patrimonio familiar, pues ello conlleva a un mayor patrimonio municipal, entre otros factores.
DE POR QUÉ LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO PUEDE RESOLVER EL PROBLEMA DEL EMPLEO
La problemática laboral en nuestro país, como en el resto del mundo, es sumamente compleja, es un fenómeno multidimensional y multifactorial en el que intervienen factores sumamente diversos relacionados con el crecimiento poblacional (bono demográfico y envejecimiento poblacional), su concentración en las grandes ciudades (tanto de empresas como de población), la apertura externa y el proceso de globalización de los sistemas productivos, la educación y la dinámica económica, la innovación tecnológica y la fuerte competencia entre las empresas, el ciclo económico de auge y recesión,la precariedad de las micro y pequeñas empresas, por solo mencionar algunos.
Con relación a sus múltiples dimensiones tenemos el problema de la precarización (bajos salarios, contratos temporales, carencia de prestaciones, inestabilidad e inseguridad laboral), la informalidad, el fenómeno de la subcontratación (ejercicio de una actividad que no va de acuerdo a su formación educativa, trabajo esporádico, jornada menor a 8 hrs. diarias), el incremento en la tasa natural de desempleo (aquella que no genera problemas de inflación y/o recesión), incremento en la desigualdad salarial (entre trabajadores administrativos, operativos, a nivel gerencial y en el sistema financiero), movilidad laboral (carencia de habilidades múltiples que permita la rotación en la empresa y entre diversas actividades económicas), representación sindical (sindicatos corruptos que no representan a sus trabajadores y fenómeno de reducción de sindicatos y de trabajadores sindicalizados), incompatibilidad entre oferta y demanda laboral (las necesidades de las empresas no son cubiertas por los actuales programas educativos y existen excedentes de profesionistas en ciertas carreras y escasez en otras) y el problema de los grupos vulnerables ( trabajadores con discapacidad, personas de la tercera edad, trabajo infantil, problemática del empleo juvenil y mujeres embarazadas, con hijos y jefes de familia).
Esta compleja interrelación de variables supone que el problema del empleo compete no sólo a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, sino también a diversas instituciones involucradas como la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Economía, las organizaciones empresariales y de trabajadores, la Secretaria de Desarrollo Social, las Universidades y centros educativos en general, incubadoras y aceleradores de negocios, programas de financiamiento empresarial etc., que deben buscar esquemas colaborativos encaminados a facilitar los mecanismos de protección al empleo, pero también del delicado equilibrio de la promoción económica para las empresas y sus necesidades de financiamiento, innovación e investigación, que en última instancia son las fuentes generadoras del mismo.
Si bien existen cambios en la Ley Federal del Trabajo que buscan proteger a los grupos vulnerables, generar empleos dignos y flexibilizar el mercado de trabajo para las empresas, ello es condición necesaria pero no suficiente para resolver el problema laboral.
Con relación a sus múltiples dimensiones tenemos el problema de la precarización (bajos salarios, contratos temporales, carencia de prestaciones, inestabilidad e inseguridad laboral), la informalidad, el fenómeno de la subcontratación (ejercicio de una actividad que no va de acuerdo a su formación educativa, trabajo esporádico, jornada menor a 8 hrs. diarias), el incremento en la tasa natural de desempleo (aquella que no genera problemas de inflación y/o recesión), incremento en la desigualdad salarial (entre trabajadores administrativos, operativos, a nivel gerencial y en el sistema financiero), movilidad laboral (carencia de habilidades múltiples que permita la rotación en la empresa y entre diversas actividades económicas), representación sindical (sindicatos corruptos que no representan a sus trabajadores y fenómeno de reducción de sindicatos y de trabajadores sindicalizados), incompatibilidad entre oferta y demanda laboral (las necesidades de las empresas no son cubiertas por los actuales programas educativos y existen excedentes de profesionistas en ciertas carreras y escasez en otras) y el problema de los grupos vulnerables ( trabajadores con discapacidad, personas de la tercera edad, trabajo infantil, problemática del empleo juvenil y mujeres embarazadas, con hijos y jefes de familia).
Esta compleja interrelación de variables supone que el problema del empleo compete no sólo a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, sino también a diversas instituciones involucradas como la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Economía, las organizaciones empresariales y de trabajadores, la Secretaria de Desarrollo Social, las Universidades y centros educativos en general, incubadoras y aceleradores de negocios, programas de financiamiento empresarial etc., que deben buscar esquemas colaborativos encaminados a facilitar los mecanismos de protección al empleo, pero también del delicado equilibrio de la promoción económica para las empresas y sus necesidades de financiamiento, innovación e investigación, que en última instancia son las fuentes generadoras del mismo.
Si bien existen cambios en la Ley Federal del Trabajo que buscan proteger a los grupos vulnerables, generar empleos dignos y flexibilizar el mercado de trabajo para las empresas, ello es condición necesaria pero no suficiente para resolver el problema laboral.
DEL PORQUE ESPAÑA SE NIEGA A SOLICITAR UN RESCATE FINANCIERO
A pesar de que España ha sufrido una fuga masiva de capitales de 296 mil millones de euros entre julio del 2011 a junio de 2012, que equivalen al 27% de su producto interno bruto (PIB) y, de que su prima de riesgo podría llegar hasta los 750 puntos base (sobre tasa de interés que debe pagar para atraer capitales, 7.5% más de lo que paga el gobierno norteamericano), el gobierno español se ha negado a solicitar ayuda financiera al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Mecanismo de Estabilidad Europeo.
Por si fuera poco su déficit fiscal podría llegar ya al 9.4% de su PIB, su tasa de desempleo ronda el 25%, y la tasa de los jóvenes desempleados ya es del 50%, y a pesar de que el gobierno ha incrementado los impuestos y recortado el gasto público por casi 100 mil millones de euros, la pregunta es ¿por qué España se niega a solicitar ayuda financiera? Y lo mas probable es que la respuesta tenga que ver con las medidas de ajuste que el FMI le impondría como condición del rescate financiero, lo que ha demostrado que a muchos países les provoca un alto costo recesivo y un incremento de la pobreza a niveles que generan un fuerte conflicto social y político interno que profundizan la falta de credibilidad en los gobernantes.
Las famosas cartas de intención del FMI, son un documento de negociación que establecen las medidas de política económica y de cambio estructural que los gobiernos que aceptan la ayuda deben establecer en sus países.
La lógica detrás es asegurarse de que se apliquen políticas económicas neoliberales que garantizan la operación de un mismo modelo económico a nivel internacional. La carta de intención incluye un memorando de política económica y financiera cuya aplicación siempre profundiza la crisis económica que un país enfrenta bajo el argumento de sanear sus finanzas públicas y modificar sus estructuras financieras.
Tal vez España teme la situación que se le impuso a Grecia, en cuyo programa de ajuste debe aumentar la edad de jubilación de los 60 años de edad a los 67 años, vender activos públicos por 50 mil millones de euros, reducir el salario de los servidores públicos en un 20%, congelar las pensiones, aguinaldos y salarios de burócratas, elevar el impuesto al valor agregado (IVA) de un 13 a un 27% en servicios de hostelería, disminuir en 20% los costos salariales etc., todo para lograr que su déficit fiscal pase del 11% del PIB del 2010 al 3% en el 2014, así como elevar los ingresos fiscales al 1.8% del PIB, por mencionar solo algunos de los compromisos asumidos.
Ya el premio nobel de economía Joseph Stiglitz (2001), antiguo funcionario del FMI, ha establecido como las políticas de ajuste que se aplican no toman en consideración la situación particular de cada país, tienen un alto costo en materia de pobreza, y una profunda ceguera ideológica sobre el relativo bienestar que sus medidas de política económica generan y en muchas ocasiones se imponen en función de intereses financieros y políticos de grandes transnacionales.
Por si fuera poco su déficit fiscal podría llegar ya al 9.4% de su PIB, su tasa de desempleo ronda el 25%, y la tasa de los jóvenes desempleados ya es del 50%, y a pesar de que el gobierno ha incrementado los impuestos y recortado el gasto público por casi 100 mil millones de euros, la pregunta es ¿por qué España se niega a solicitar ayuda financiera? Y lo mas probable es que la respuesta tenga que ver con las medidas de ajuste que el FMI le impondría como condición del rescate financiero, lo que ha demostrado que a muchos países les provoca un alto costo recesivo y un incremento de la pobreza a niveles que generan un fuerte conflicto social y político interno que profundizan la falta de credibilidad en los gobernantes.
Las famosas cartas de intención del FMI, son un documento de negociación que establecen las medidas de política económica y de cambio estructural que los gobiernos que aceptan la ayuda deben establecer en sus países.
La lógica detrás es asegurarse de que se apliquen políticas económicas neoliberales que garantizan la operación de un mismo modelo económico a nivel internacional. La carta de intención incluye un memorando de política económica y financiera cuya aplicación siempre profundiza la crisis económica que un país enfrenta bajo el argumento de sanear sus finanzas públicas y modificar sus estructuras financieras.
Tal vez España teme la situación que se le impuso a Grecia, en cuyo programa de ajuste debe aumentar la edad de jubilación de los 60 años de edad a los 67 años, vender activos públicos por 50 mil millones de euros, reducir el salario de los servidores públicos en un 20%, congelar las pensiones, aguinaldos y salarios de burócratas, elevar el impuesto al valor agregado (IVA) de un 13 a un 27% en servicios de hostelería, disminuir en 20% los costos salariales etc., todo para lograr que su déficit fiscal pase del 11% del PIB del 2010 al 3% en el 2014, así como elevar los ingresos fiscales al 1.8% del PIB, por mencionar solo algunos de los compromisos asumidos.
Ya el premio nobel de economía Joseph Stiglitz (2001), antiguo funcionario del FMI, ha establecido como las políticas de ajuste que se aplican no toman en consideración la situación particular de cada país, tienen un alto costo en materia de pobreza, y una profunda ceguera ideológica sobre el relativo bienestar que sus medidas de política económica generan y en muchas ocasiones se imponen en función de intereses financieros y políticos de grandes transnacionales.
DEL PORQUE NO PUEDEN SALIR DE LA CRISIS EN LA EUROZONA
Para que un conjunto de países pueda adoptar una moneda común (euro) se requieren de cambios estructurales fuertes en sus economías, de forma que tengan condiciones similares y poder competir sin ventajas o desventajas notables. Ello implica una gran inversión en infraestructura: carreteras, medios de transporte, sistema financiero etc., que evite las grandes diferencias en productividad y en los costos de producción, transporte e inversión.
Por ello los países denominados “de la periferia” (Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Irlanda, Malta, Portugal etc.) tuvieron que elevar fuertemente su gasto público y en consecuencia su endeudamiento para poder realizar las inversiones necesarias y de esta manera entrar a la unión monetaria europea y gozar de los beneficios de un comercio intrazona mayor y de la obtención de capitales a tasas de interés más bajas, sin sufrir el problema de las devaluaciones de sus monedas.
Para formar parte de la zona del euro los países también se comprometieron a limitar su déficit fiscal a un 3% de su PIB, a limitar su deuda pública a no más del 60% de su PIB, a no tener tasas de interés mayores a un 3%, ni inflación mayor a 1.5% con respecto a la media de los tres países que tengan la inflación más baja. Sin embargo es evidente que el grado de desarrollo de los miembros no es equiparable, como tampoco los efectos que una crisis o recesión económica puede tener sobre su economía y su población.
El tener una moneda común significa que han renunciado a su soberanía monetaria en varios sentidos: a) Ya no tienen una moneda nacional: peseta, franco, escudo, lira etc., que puedan devaluar o revaluar para ajustar su balanza de pagos, b) No pueden emitir dinero para inyectar liquidez a su sistema bancario en crisis (no tienen la función de prestamista de última instancia), c) No tienen política cambiaria que les permita devaluar su moneda para atraer inversión extranjera y capitales al país y d) La política monetaria de cada banco central debe ser coordinada, supervisada y enfocada a los objetivos del eurosistema en su conjunto por lo que no tienen independencia para responder de manera diferente a los efectos de un shock financiero en función de cómo los ha afectado. En pocas palabras los miembros no tienen autonomía en su política monetaria y no tienen política cambiaria.
De lo único que disponen es de independencia fiscal, es decir de la forma en que recaudan sus impuestos y distribuyen su gasto público, así como de las decisiones de endeudamiento público. Sin embargo la crisis de hipotecas subprime los obligó a elevar el gasto y reducir sus impuestos en un primer momento, con el objetivo de disminuir el efecto negativo de la misma sobre su sistema financiero y su población. Así la crisis financiera se transformó en una crisis de deuda soberana (deuda pública de los gobiernos) y como no pueden imprimir moneda para honrar su compromiso, dicha deuda soberana (que en teoría es 100% pagable) se ha tornado impagable, lo que los obliga a ofrecer tasas de interés cada vez mayores, mientras el riesgo de insolvencia se acentúa, y como lo único que pueden captar es capital de corto plazo, la tasa de interés cambia con rapidez hacia la alza, generando una deuda a tasa de interés flexible en el largo plazo.
Por si fuera poco, ellos han asumido un compromiso de déficit fiscal y deuda pública determinada, y el resto de los países menos afectados les exige cumplir sus compromisos, por lo que deben aumentar los impuestos y reducir su gasto público para sanear sus finanzas, lo que profundiza más su recesión. En resumidas cuentas se han quedado sin política monetaria, política cambiaria y política fiscal.
Cuando se creó el euro no se pensó en un fondo de recursos mutuo que pudiera ayudar a los países miembros a enfrentar los efectos asimétricos de una crisis o de la volatilidad financiera internacional y es por ello que han tratado de resolver el problema sobre la marcha sin llegar a acuerdos y consensos globales rápidos y eficaces, sobre todo porque los problemas enfrentados no son de la misma magnitud y los ciudadanos de cada país perciben el peso del ajuste fiscal, la reducción del crédito y el encarecimiento de sus deudas de manera distinta, presionando a sus gobiernos a actuar en consideración a sus necesidades y no a la estabilidad del eurosistema. Las condiciones políticas se hacen ríspidas y los representantes gubernamentales son removidos con rapidez de sus cargos, generando una inestabilidad social y política que en muchos países, como Grecia y España, es ya insostenible.
Es por ello que el Fondo Monetario Internacional ha dicho que para salir de la crisis de la zona monetaria europea se requerirán al menos 10 años, periodo de tiempo en que se considera se establecerán los instituciones supranacionales, los organismos y los nuevos reglamentos que permitan la gestión apropiada de la crisis.
Por ello los países denominados “de la periferia” (Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Irlanda, Malta, Portugal etc.) tuvieron que elevar fuertemente su gasto público y en consecuencia su endeudamiento para poder realizar las inversiones necesarias y de esta manera entrar a la unión monetaria europea y gozar de los beneficios de un comercio intrazona mayor y de la obtención de capitales a tasas de interés más bajas, sin sufrir el problema de las devaluaciones de sus monedas.
Para formar parte de la zona del euro los países también se comprometieron a limitar su déficit fiscal a un 3% de su PIB, a limitar su deuda pública a no más del 60% de su PIB, a no tener tasas de interés mayores a un 3%, ni inflación mayor a 1.5% con respecto a la media de los tres países que tengan la inflación más baja. Sin embargo es evidente que el grado de desarrollo de los miembros no es equiparable, como tampoco los efectos que una crisis o recesión económica puede tener sobre su economía y su población.
El tener una moneda común significa que han renunciado a su soberanía monetaria en varios sentidos: a) Ya no tienen una moneda nacional: peseta, franco, escudo, lira etc., que puedan devaluar o revaluar para ajustar su balanza de pagos, b) No pueden emitir dinero para inyectar liquidez a su sistema bancario en crisis (no tienen la función de prestamista de última instancia), c) No tienen política cambiaria que les permita devaluar su moneda para atraer inversión extranjera y capitales al país y d) La política monetaria de cada banco central debe ser coordinada, supervisada y enfocada a los objetivos del eurosistema en su conjunto por lo que no tienen independencia para responder de manera diferente a los efectos de un shock financiero en función de cómo los ha afectado. En pocas palabras los miembros no tienen autonomía en su política monetaria y no tienen política cambiaria.
De lo único que disponen es de independencia fiscal, es decir de la forma en que recaudan sus impuestos y distribuyen su gasto público, así como de las decisiones de endeudamiento público. Sin embargo la crisis de hipotecas subprime los obligó a elevar el gasto y reducir sus impuestos en un primer momento, con el objetivo de disminuir el efecto negativo de la misma sobre su sistema financiero y su población. Así la crisis financiera se transformó en una crisis de deuda soberana (deuda pública de los gobiernos) y como no pueden imprimir moneda para honrar su compromiso, dicha deuda soberana (que en teoría es 100% pagable) se ha tornado impagable, lo que los obliga a ofrecer tasas de interés cada vez mayores, mientras el riesgo de insolvencia se acentúa, y como lo único que pueden captar es capital de corto plazo, la tasa de interés cambia con rapidez hacia la alza, generando una deuda a tasa de interés flexible en el largo plazo.
Por si fuera poco, ellos han asumido un compromiso de déficit fiscal y deuda pública determinada, y el resto de los países menos afectados les exige cumplir sus compromisos, por lo que deben aumentar los impuestos y reducir su gasto público para sanear sus finanzas, lo que profundiza más su recesión. En resumidas cuentas se han quedado sin política monetaria, política cambiaria y política fiscal.
Cuando se creó el euro no se pensó en un fondo de recursos mutuo que pudiera ayudar a los países miembros a enfrentar los efectos asimétricos de una crisis o de la volatilidad financiera internacional y es por ello que han tratado de resolver el problema sobre la marcha sin llegar a acuerdos y consensos globales rápidos y eficaces, sobre todo porque los problemas enfrentados no son de la misma magnitud y los ciudadanos de cada país perciben el peso del ajuste fiscal, la reducción del crédito y el encarecimiento de sus deudas de manera distinta, presionando a sus gobiernos a actuar en consideración a sus necesidades y no a la estabilidad del eurosistema. Las condiciones políticas se hacen ríspidas y los representantes gubernamentales son removidos con rapidez de sus cargos, generando una inestabilidad social y política que en muchos países, como Grecia y España, es ya insostenible.
Es por ello que el Fondo Monetario Internacional ha dicho que para salir de la crisis de la zona monetaria europea se requerirán al menos 10 años, periodo de tiempo en que se considera se establecerán los instituciones supranacionales, los organismos y los nuevos reglamentos que permitan la gestión apropiada de la crisis.
LOS RIESGOS EN LA REFORMA A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO
Evaluar los cambios propuestos a la Ley Federal del Trabajo en un sentido únicamente positivo o negativo es imposible, la reforma tiene tanto ventajas como desventajas debido a la amplitud de los cambios sugeridos y temas tocados, en este caso hablaremos de los claro obscuros de uno cambio relevante, el relacionado con los artículo 25.II, 35, 39A al 39D y el 83. en los que se establece la relación de trabajo por obra o tiempo determinado, por temporada, de capacitación inicial, o por tiempo indeterminado y, en su caso, si esta sujeta a un periodo de prueba, y la posibilidad de fijar salario por hora trabajada.
El motivo principal es la flexibilización de los contratos laborales para permitir resolver el problema de la contratación de mujeres madres de familia y jóvenes bajo un esquema temporal, a las primeras les permitirá compatibilizar trabajo con familia y a los segundos les da la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo, o bien capacitarse durante el trabajo, de forma que no exista el problema de que no se les contrata porque no tienen una experiencia previa, pero también implica la posibilidad de establecer contratos temporales que no necesariamente garantizan un empleo permanente lo que genera inseguridad en el empleo y presión económica y psicológica sobre el trabajador.
Con esta reforma, en períodos de expansión económica el empleo podrá expandirse fácil y rápidamente sin elevar sustancialmente los costos laborales salariales y no salariales para el patrón, adicionalmente le permitirá adaptarse de manera flexible a los cambios en la demanda de sus productos, muy relacionados con el ciclo económico y el ciclo de vida de las mercancías, sin embargo en épocas de recesión o crisis económica el empleo se contraerá con mayor rapidez y los despidos se acelerarán, lo que elevará la tasa de desempleo, y dado que el 80% de los ocupados en México son asalariados y el Consumo de las familias representa entre un 60% y un 70% del PIB, la caída del ingreso laboral disminuirá rápidamente el consumo, elevara el incremento en inventarios de las empresas y generará un efecto de retroalimentación: contracción económica, desempleo, menores ingresos, menor consumo, mayor acumulación de inventarios, caída en la producción, reducción en las contrataciones, en el empleo y en los ingresos, profundizando aún más la recesión o crisis. En pocas palabras la flexibilización de los contratos laborales serán pro cíclicas, impulsarán el empleo en las expansiones y la reducirán en las recesiones agudizando los problemas económicos y sociales no solo de los trabajadores sino también de las mismas empresas.
Como consecuencia el Estado se verá obligado a incrementar su programa de apoyo al empleo, al sector social y a la economía, en un período en que sus ingresos fiscales se reducirán ampliamente.
El motivo principal es la flexibilización de los contratos laborales para permitir resolver el problema de la contratación de mujeres madres de familia y jóvenes bajo un esquema temporal, a las primeras les permitirá compatibilizar trabajo con familia y a los segundos les da la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo, o bien capacitarse durante el trabajo, de forma que no exista el problema de que no se les contrata porque no tienen una experiencia previa, pero también implica la posibilidad de establecer contratos temporales que no necesariamente garantizan un empleo permanente lo que genera inseguridad en el empleo y presión económica y psicológica sobre el trabajador.
Con esta reforma, en períodos de expansión económica el empleo podrá expandirse fácil y rápidamente sin elevar sustancialmente los costos laborales salariales y no salariales para el patrón, adicionalmente le permitirá adaptarse de manera flexible a los cambios en la demanda de sus productos, muy relacionados con el ciclo económico y el ciclo de vida de las mercancías, sin embargo en épocas de recesión o crisis económica el empleo se contraerá con mayor rapidez y los despidos se acelerarán, lo que elevará la tasa de desempleo, y dado que el 80% de los ocupados en México son asalariados y el Consumo de las familias representa entre un 60% y un 70% del PIB, la caída del ingreso laboral disminuirá rápidamente el consumo, elevara el incremento en inventarios de las empresas y generará un efecto de retroalimentación: contracción económica, desempleo, menores ingresos, menor consumo, mayor acumulación de inventarios, caída en la producción, reducción en las contrataciones, en el empleo y en los ingresos, profundizando aún más la recesión o crisis. En pocas palabras la flexibilización de los contratos laborales serán pro cíclicas, impulsarán el empleo en las expansiones y la reducirán en las recesiones agudizando los problemas económicos y sociales no solo de los trabajadores sino también de las mismas empresas.
Como consecuencia el Estado se verá obligado a incrementar su programa de apoyo al empleo, al sector social y a la economía, en un período en que sus ingresos fiscales se reducirán ampliamente.
EMPLEO Y GRUPOS VULNERABLES EN JALISCO Y LOS CAMBIOS PROPUESTOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO
Los grupos vulnerables en materia de empleo son por orden de importancia las personas con alguna discapacidad, los adultos mayores, los niños, los jóvenes y las mujeres con hijos que a la vez son jefes de familia.
Su vulnerabilidad no es igual en todos los aspectos, con respecto a las personas con discapacidad por ejemplo, su principal vulnerabilidad radica en los enormes vacíos en la Ley Federal del Trabajo y la falta de recopilación estadística para determinar su situación laboral, las encuestas simplemente no contemplan la posibilidad de que una persona con discapacidades pueda ser empleada; en segundo lugar es la falta de estudios y capacitación adecuada, lo que a la vez limita las ya de por sí escazas oportunidades de empleo y de instalaciones adecuadas en el centro de trabajo.
Para el caso de los adulto mayores las condiciones cambian, si bien también existen vacíos legales éstos no son tan dramáticos como en el caso de los discapacitados, por lo que su principal vulnerabilidad radica en la falta de oportunidades para obtener un empleo en el sector formal de la economía y acceder a las prestaciones de ley que a su edad son un factor fundamental de sobrevivencia, así tenemos que solo el 5.04% de los ocupados con más de 60 años de edad cuenta con las prestaciones de ley, el 70% no goza de ningún tipo de protección y a la mayoría se les despide antes de la fecha de jubilación, para aquellos que tienen más de 70 años las discapacidades aumentan y pasan a engrosar el primer grupo.
El tercer grupo vulnerable es el de los niños que van de 5 a 17 años de edad para los cuales solo se han aplicado dos encuestas la del 2007 y la del 2009, por lo que no tenemos un seguimiento estadístico adecuado, solo existe para las edades de 14 a 19 años. Su principal vulnerabilidad es no contar con un contrato laboral por escrito, el 78% de los ocupados no cuenta con prestaciones de ley y el 37% tiene jornadas equivalentes a las de un adulto, mientras que el 41% trabaja y no asiste a la escuela, el 84% no tiene acceso a instituciones de salud y el 45% trabaja de 35 a 48 hrs. a la semana.
En cuarto lugar se encuentran los jóvenes de 20 a 29 años de edad cuyas oportunidades laborales se han reducido drásticamente, solo el 19% tiene prestaciones de ley y el 51% no goza de protección social y el 61% de los ocupados no tienen un empleo formal. Los ninis por su parte (jóvenes que no estudian y no trabajan) han elevado su número, representan más de un tercio del total de los jóvenes, y contrario a lo que la mayoría piensa su situación no es una elección personal, sino el reflejo de la falta de oportunidades educativas y laborales.
En quinto lugar se encuentran las mujeres madres y jefes de familia a la vez, su situación en Jalisco ha mejorado, sin embargo están en desventaja laboral con respecto a las mujeres solteras y sin hijos. El 17% de las ocupadas tiene acceso instituciones médicas, el 30% se encuentra en el sector informal, el 15% cuenta con prestaciones de ley y el 55% no tiene protección social.
En materia del proyecto de decreto de reformas a la Ley Federal del Trabajo existe un gran avance al reconocer la existencia de éstos grupos vulnerables y modificar los siguientes artículos: 3ero. 56, 133, 153-E. Estos artículos evitan la discriminación para estos grupos vulnerables y representan la apertura al amparo de la Ley, adicionalmente se establece un título especial para el trabajo de las personas con discapacidad que incluye los artículos del 180-A al 180G para regular las condiciones laborales de las mismas, y finalmente se establece en el artículo 995 la sanción para los patrones que violen las normas para las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y los trabajadores con discapacidad.
Su vulnerabilidad no es igual en todos los aspectos, con respecto a las personas con discapacidad por ejemplo, su principal vulnerabilidad radica en los enormes vacíos en la Ley Federal del Trabajo y la falta de recopilación estadística para determinar su situación laboral, las encuestas simplemente no contemplan la posibilidad de que una persona con discapacidades pueda ser empleada; en segundo lugar es la falta de estudios y capacitación adecuada, lo que a la vez limita las ya de por sí escazas oportunidades de empleo y de instalaciones adecuadas en el centro de trabajo.
Para el caso de los adulto mayores las condiciones cambian, si bien también existen vacíos legales éstos no son tan dramáticos como en el caso de los discapacitados, por lo que su principal vulnerabilidad radica en la falta de oportunidades para obtener un empleo en el sector formal de la economía y acceder a las prestaciones de ley que a su edad son un factor fundamental de sobrevivencia, así tenemos que solo el 5.04% de los ocupados con más de 60 años de edad cuenta con las prestaciones de ley, el 70% no goza de ningún tipo de protección y a la mayoría se les despide antes de la fecha de jubilación, para aquellos que tienen más de 70 años las discapacidades aumentan y pasan a engrosar el primer grupo.
El tercer grupo vulnerable es el de los niños que van de 5 a 17 años de edad para los cuales solo se han aplicado dos encuestas la del 2007 y la del 2009, por lo que no tenemos un seguimiento estadístico adecuado, solo existe para las edades de 14 a 19 años. Su principal vulnerabilidad es no contar con un contrato laboral por escrito, el 78% de los ocupados no cuenta con prestaciones de ley y el 37% tiene jornadas equivalentes a las de un adulto, mientras que el 41% trabaja y no asiste a la escuela, el 84% no tiene acceso a instituciones de salud y el 45% trabaja de 35 a 48 hrs. a la semana.
En cuarto lugar se encuentran los jóvenes de 20 a 29 años de edad cuyas oportunidades laborales se han reducido drásticamente, solo el 19% tiene prestaciones de ley y el 51% no goza de protección social y el 61% de los ocupados no tienen un empleo formal. Los ninis por su parte (jóvenes que no estudian y no trabajan) han elevado su número, representan más de un tercio del total de los jóvenes, y contrario a lo que la mayoría piensa su situación no es una elección personal, sino el reflejo de la falta de oportunidades educativas y laborales.
En quinto lugar se encuentran las mujeres madres y jefes de familia a la vez, su situación en Jalisco ha mejorado, sin embargo están en desventaja laboral con respecto a las mujeres solteras y sin hijos. El 17% de las ocupadas tiene acceso instituciones médicas, el 30% se encuentra en el sector informal, el 15% cuenta con prestaciones de ley y el 55% no tiene protección social.
En materia del proyecto de decreto de reformas a la Ley Federal del Trabajo existe un gran avance al reconocer la existencia de éstos grupos vulnerables y modificar los siguientes artículos: 3ero. 56, 133, 153-E. Estos artículos evitan la discriminación para estos grupos vulnerables y representan la apertura al amparo de la Ley, adicionalmente se establece un título especial para el trabajo de las personas con discapacidad que incluye los artículos del 180-A al 180G para regular las condiciones laborales de las mismas, y finalmente se establece en el artículo 995 la sanción para los patrones que violen las normas para las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y los trabajadores con discapacidad.
MÉXICO EN EL MUNDO: ¡NOS HEMOS GANADO EL RESPETO!
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| Foto: Lucy Nieto |
Por el tamaño de nuestra economía (PIB) ocupamos el 11° lugar a nivel mundial y el 2º lugar en Latinoamérica después de Brasil, el 12° por el tamaño de nuestra fuerza laboral y de acuerdo con Goldman Sachs en el 2020 podemos llegar a ser la 7ª economía más grande del mundo.
Nos distinguimos por la salud del sistema bancario y financiero.
Ocupamos el 3er lugar por el número de aeropuertos y por el volumen de gastos en salud, el 17° por los kms en carreteras, el 7º en producción de petróleo, el 11° en su consumo y el 17° como exportador del mismo. El 16° en producción de gas natural, el 8° como productor de alimentos, el 8° también en turismo mundial, el 9° en el uso de internet y el 12° en usuarios de internet, el 10° por el volumen de nuestro comercio internacional (importaciones más exportaciones), el 12° en uso de celulares, el 14° en producción de electricidad y el 19° en su consumo, el 18° por el monto de reservas internacionales y oro, el 18° en atracción de inversión extranjera, el 20° en complejidad económica. Tenemos tratados comerciales con 43 países distintos.
El peso mexicano ocupa el lugar 13° dentro de las monedas más operadas a nivel mundial, los diferenciales de compraventa son comparables a los de las principales divisas del mundo: dólar, yen, euro y libra esterlina. Según el Banco Internacional de Pagos nuestra moneda es una de las divisas con mayor operación tanto en el mercado de contado como en swaps y forwards cambiarios.
Durante este 2012 México preside el G-20, que representan los veinte países más desarrollados del mundo y de acuerdo al Banco Mundial es el país con la mayor tasa de crecimiento económico de América Latina.
Los inversionistas internacionales ven a México con otros ojos y los principales organismos financieros internacionales también, Agustín Carstens, hoy gobernador del Banco de México, fue Director Ejecutivo y Subdirector Gerente en el Fondo Monetario Internacional de 1999 a 2003, José Ángel Gurría es secretario general de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico OCDE, Ernesto Zedillo Ponce de León es director del Centro de Estudio de la Globalización de la Universidad de Yale y participa activamente en programas de las Naciones Unidas.
Si bien aún tenemos mucho camino por andar y seguimos muy atrasados en lo que a educación y pobreza se refiere, así como a la concentración del ingreso, a la fecha México es ejemplo de estabilidad financiera y económica a nivel mundial, ¡aunque usted…no lo crea!
Fuentes: Banco de México: Reporte del sistema Financiero, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html
INFRUCTUOSOS ESFUERZOS DE LA RESERVA FEDERAL QE3
Los bancos centrales pueden estimular la actividad económica recortando la tasa de interés de referencia (tasa que la banca comercial paga al banco central cuando recibe un crédito de éste ultimo), ello abarata el crédito para la banca comercial que evidentemente puede otorgar créditos más baratos a las empresas y familias, fomentando no solo la inversión de las primeras, pues obtener capital para la producción es más barato, sino que también fomenta el consumo de las familias que se ven motivadas a ahorrar menos y gastar más o bien a tomar créditos a largo plazo para comprar una casa, un auto, electrodomésticos etc. Así la reducción de las tasas de interés desmotiva el ahorro y motiva el consumo y la producción, lo que a su vez estimula la creación de empleos, eleva el ingreso de las familias y su consumo generando un círculo virtuoso de crecimiento económico, empleo, ingreso y consumo.
Sin embargo, cuando la tasa de interés de referencia llega a niveles mínimos, como actualmente en Estados Unidos que es de entre un 0 y un 0.25% anual, ya no se puede seguir disminuyendo y el banco central tiene que recurrir a otro tipo de instrumentos no convencionales para reactivar la actividad económica, uno de ellos es la flexibilidad cuantitativa.
Este jueves 13 de septiembre el sistema de la Reserva Federal en Estados Unidos (conjunto de instituciones equivalentes al Banco de México) anuncia un nuevo estímulo monetario para tratar de reactivar el empleo y la economía, el denominado QE3 (quantitative easing) o flexibilización cuantitativa, sería el tercero en su genero desde que se profundizó y difundió a nivel internacional la crisis con la quiebra de Lehman Brothers el 15 de septiembre del 2008.
El instrumento opera de la siguiente manera: la Reserva Federal hace compras de activos financieros respaldados por bonos hipotecarios que están en manos de bancos, fondos de inversión, compañías aseguradoras, fondos de pensiones etc., y así inyecta dinero en efectivo (liquidez) a estas instituciones con la esperanza de que el dinero fluya hacia el otorgamiento de créditos al sector de la construcción, o a la producción de bienes y servicios o al consumo de bienes duraderos. La mayor liquidez reducirá las tasas de interés a corto y largo plazo motivando la solicitud de créditos (demanda) y elevando el consumo y la producción.
Sin embargo no siempre esto funciona. Cuando las personas se encuentran ya muy endeudados como en EUA prefieren liquidar sus deudas disminuyendo su consumo y aumentando su ahorro, lo que no estimula las compras, mientras que las empresas temerosas de no vender sus productos mantienen su liquidez de forma improductiva comprando activos financieros que les den un rendimiento con menor riesgo, en consecuencia no aumenta la demanda de créditos, mientras que los bancos racionan la oferta de créditos para recomponer sus balances, ello provoca que la liquidez generada por el gobierno de EUA no se inyecte en la producción de su país, sino que se reinvierta en instrumentos financieros en mercados más seguros, como los mercados de valores de economías emergentes con menor riesgo país, caso de México, cuya baja inflación, finanzas públicas estables y estabilidad macroeconómica garantiza un menor riesgo y una mayor tasa de interés que en el país de origen, así el peso se aprecia, el dólar se abarata y nuestro país pierde competitividad.
En resumidas cuentas la liquidez vuelve a los mercados financieros y no logra el objetivo planteado.
Con esta medida ya son tres las veces que lo intenta, el primer QE1 fue de 1 billón 750 mil millones de dólares, el segundo QE2 fue por un total de 600 mil millones de dólares, este tercero QE3 será a razón de 40 mil millones mensuales sin especificar el periodo de tiempo en que se llevará acabo, de forma que si tardase un año serían 480 mil millones de dólares, si tardase dos años de 960 mil millones y si tardase tres años de 1 billón 440 mil millones, y no ha sido el único instrumento no convenional utilizado, recordemos la operación Twist por 85 mil millones de dólares.
¿Dónde están dichos recursos? no en créditos a la producción o al consumo, están de nuevo en los mercados financieros internacionales alimentando las burbujas especulativas y presionando a la alza a las monedas de países como México.
¿No sería mucho más fácil volver a los antiguos mecanismos de política monetaria como los cajones selectivos de crédito, o utilizar a la banca de desarrollo para otorgar créditos preferentes a la producción, en especial a la micro y pequeña empresa que genera el mayor volumen de empleo?
Sin embargo, cuando la tasa de interés de referencia llega a niveles mínimos, como actualmente en Estados Unidos que es de entre un 0 y un 0.25% anual, ya no se puede seguir disminuyendo y el banco central tiene que recurrir a otro tipo de instrumentos no convencionales para reactivar la actividad económica, uno de ellos es la flexibilidad cuantitativa.
Este jueves 13 de septiembre el sistema de la Reserva Federal en Estados Unidos (conjunto de instituciones equivalentes al Banco de México) anuncia un nuevo estímulo monetario para tratar de reactivar el empleo y la economía, el denominado QE3 (quantitative easing) o flexibilización cuantitativa, sería el tercero en su genero desde que se profundizó y difundió a nivel internacional la crisis con la quiebra de Lehman Brothers el 15 de septiembre del 2008.
El instrumento opera de la siguiente manera: la Reserva Federal hace compras de activos financieros respaldados por bonos hipotecarios que están en manos de bancos, fondos de inversión, compañías aseguradoras, fondos de pensiones etc., y así inyecta dinero en efectivo (liquidez) a estas instituciones con la esperanza de que el dinero fluya hacia el otorgamiento de créditos al sector de la construcción, o a la producción de bienes y servicios o al consumo de bienes duraderos. La mayor liquidez reducirá las tasas de interés a corto y largo plazo motivando la solicitud de créditos (demanda) y elevando el consumo y la producción.
Sin embargo no siempre esto funciona. Cuando las personas se encuentran ya muy endeudados como en EUA prefieren liquidar sus deudas disminuyendo su consumo y aumentando su ahorro, lo que no estimula las compras, mientras que las empresas temerosas de no vender sus productos mantienen su liquidez de forma improductiva comprando activos financieros que les den un rendimiento con menor riesgo, en consecuencia no aumenta la demanda de créditos, mientras que los bancos racionan la oferta de créditos para recomponer sus balances, ello provoca que la liquidez generada por el gobierno de EUA no se inyecte en la producción de su país, sino que se reinvierta en instrumentos financieros en mercados más seguros, como los mercados de valores de economías emergentes con menor riesgo país, caso de México, cuya baja inflación, finanzas públicas estables y estabilidad macroeconómica garantiza un menor riesgo y una mayor tasa de interés que en el país de origen, así el peso se aprecia, el dólar se abarata y nuestro país pierde competitividad.
En resumidas cuentas la liquidez vuelve a los mercados financieros y no logra el objetivo planteado.
Con esta medida ya son tres las veces que lo intenta, el primer QE1 fue de 1 billón 750 mil millones de dólares, el segundo QE2 fue por un total de 600 mil millones de dólares, este tercero QE3 será a razón de 40 mil millones mensuales sin especificar el periodo de tiempo en que se llevará acabo, de forma que si tardase un año serían 480 mil millones de dólares, si tardase dos años de 960 mil millones y si tardase tres años de 1 billón 440 mil millones, y no ha sido el único instrumento no convenional utilizado, recordemos la operación Twist por 85 mil millones de dólares.
¿Dónde están dichos recursos? no en créditos a la producción o al consumo, están de nuevo en los mercados financieros internacionales alimentando las burbujas especulativas y presionando a la alza a las monedas de países como México.
¿No sería mucho más fácil volver a los antiguos mecanismos de política monetaria como los cajones selectivos de crédito, o utilizar a la banca de desarrollo para otorgar créditos preferentes a la producción, en especial a la micro y pequeña empresa que genera el mayor volumen de empleo?
SOLIDARIDAD Y POBREZA: REPLANTEAR EL SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO
El hombre es por naturaleza un ser solidario y su preocupación, contrario a lo que muchos piensan, va más allá del interés meramente personal. Tiene espíritu de cooperación y ayuda mutua y en especial, los mexicanos somos sumamente cooperativos y altruistas. Recordemos el ejemplo que dimos al mundo cuando en el terremoto en 1985, sobrepasamos al estado, la reacción fue inmediata y desinteresada; la capacidad de organización, sin intervención del gobierno, fue palpable.
A nivel mundial, y solo para poner algunos ejemplos, de acuerdo con la Universidad John Hopkins que tiene un proyecto de estudio comparativo en 35 países sobre voluntariado y sociedad civil, en el mundo hay 190 millones de personas que trabajan como voluntarios en organizaciones no gubernamentales las cuales generan aproximadamente un 5% del PIB mundial, lo que las constituiría en conjunto la 7ª economía más grande del mundo, su fuerza de trabajo supera a la industria alimentaria mundial en cinco veces, se concentran en las áreas más pobres de la sociedad y en comunidades en situación de emergencia.
En un libro sumamente interesante que estoy leyendo llamado “Una nueva mirada al compromiso social” de Susana Ochoa de Rojas, nos cuestiona sobre cuál sería el impacto en la reducción de la pobreza, la marginación y la desintegración social, si el servicio social que los estudiantes universitarios deben realizar, se enfocara realmente al objetivo para el cual fue creado, con una actitud de compromiso hacia los demás, en especial los más necesitados.
Es precisamente la falta de precisión sobre sus objetivos, por parte de las universidades públicas y privadas, lo que hace que se derroche una enorme energía social en objetivos no sociales. No hemos enseñado a los alumnos a canalizar el esfuerzo hacia el bien común, la subsidiaridad, la solidaridad y el combate a la marginación.
Los jóvenes quieren ser parte de ese cambio social y a veces sus energías están mal canalizadas porqué no hemos sabido orientarlos. Son los más participativos, los más solidarios, los más desprendidos y lo que hacemos es ponerlos a ayudar en oficinas públicas en trabajos burocráticos e improductivos, y peor aún, en empresas privadas como mano de obra gratuita o barata, cuando podríamos enfocar tanta energía a la resolución de la pobreza, ¡entonces si estarían haciendo un verdadero servicio social!
No importa la profesión para la cuál están estudiando, como contadores, administradores, financieros, químicos, físicos, matemáticos, biólogos, filósofos, actuarios etc. todos pueden apoyar a resolver con inventiva y participación, problemas de vivienda social, purificación del agua, baños secos, instrucción en finanzas personales, ahorro, contabilidad, manejo de residuos etc.
Lo que deben hacer las Universidades es replantearse el verdadero papel de servicio social.
A nivel mundial, y solo para poner algunos ejemplos, de acuerdo con la Universidad John Hopkins que tiene un proyecto de estudio comparativo en 35 países sobre voluntariado y sociedad civil, en el mundo hay 190 millones de personas que trabajan como voluntarios en organizaciones no gubernamentales las cuales generan aproximadamente un 5% del PIB mundial, lo que las constituiría en conjunto la 7ª economía más grande del mundo, su fuerza de trabajo supera a la industria alimentaria mundial en cinco veces, se concentran en las áreas más pobres de la sociedad y en comunidades en situación de emergencia.
En un libro sumamente interesante que estoy leyendo llamado “Una nueva mirada al compromiso social” de Susana Ochoa de Rojas, nos cuestiona sobre cuál sería el impacto en la reducción de la pobreza, la marginación y la desintegración social, si el servicio social que los estudiantes universitarios deben realizar, se enfocara realmente al objetivo para el cual fue creado, con una actitud de compromiso hacia los demás, en especial los más necesitados.
Es precisamente la falta de precisión sobre sus objetivos, por parte de las universidades públicas y privadas, lo que hace que se derroche una enorme energía social en objetivos no sociales. No hemos enseñado a los alumnos a canalizar el esfuerzo hacia el bien común, la subsidiaridad, la solidaridad y el combate a la marginación.
Los jóvenes quieren ser parte de ese cambio social y a veces sus energías están mal canalizadas porqué no hemos sabido orientarlos. Son los más participativos, los más solidarios, los más desprendidos y lo que hacemos es ponerlos a ayudar en oficinas públicas en trabajos burocráticos e improductivos, y peor aún, en empresas privadas como mano de obra gratuita o barata, cuando podríamos enfocar tanta energía a la resolución de la pobreza, ¡entonces si estarían haciendo un verdadero servicio social!
No importa la profesión para la cuál están estudiando, como contadores, administradores, financieros, químicos, físicos, matemáticos, biólogos, filósofos, actuarios etc. todos pueden apoyar a resolver con inventiva y participación, problemas de vivienda social, purificación del agua, baños secos, instrucción en finanzas personales, ahorro, contabilidad, manejo de residuos etc.
Lo que deben hacer las Universidades es replantearse el verdadero papel de servicio social.
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