La salud de una economía generalmente se mide a través de sus grandes agregados económicos y de sus macrofundamentos, pero pocas veces se ha prestado atención a los problemas más acuciantes de la población como son el tener un empleo permanente, un salario remunerador, el acceso a una canasta básica alimentaria, el nivel de ingresos, su condición de informalidad, la concentración del ingreso y los niveles migratorios.
Desde finales del siglo XVII, se piensa que una economía saludable es aquella que tiene un bajo nivel inflacionario, un manejo de las finanzas públicas y de la política monetaria prudente, estabilidad macroeconómica reflejada en bajas tasas de interés, un tipo de cambio estable, un bajo déficit fiscal y comercial y un nivel de reservas internacionales adecuado, entre otras cosas.
Se pensaba que bastaba con lograr crecimiento económico para que sus beneficios se filtraran hacia la población en general y generaran desarrollo económico. Hoy la realidad ha demostrado que si bien el crecimiento es condición necesaria para disminuir la pobreza y elevar el bienestar social, no es condición suficiente, y que el deterioro continuo de los niveles de vida de la población puede generar serios problemas de violencia e ingobernabilidad.
A pesar de reconocer esto, pocos son los esfuerzos que se han realizado para evaluar un gobierno a través del bienestar social y económico de la población, ni siquiera contamos con series estadísticas largas y homogéneas sobre información tal como pobreza, concentración del ingreso, tasas de desempleo, subempleo e informalidad.
No basta con que seamos la 11ava economía más grande a nivel mundial, que tengamos tratados de libre comercio con 43 países, que la población en edad de trabajar sea el 64% de la población total, que los capitales extranjeros perciban que México es un lugar seguro para invertir, que tengamos estabilidad financiera en el sistema bancario y un bajo riesgo de deuda soberana (gubernamental).
La población pobre representa el 47% de la población total, la concentración del ingreso se ha elevado, el 60% de los trabajadores se encuentran en la informalidad, 29 millones de trabajadores no cuentan con seguro social, dos de cada tres trabajadores reciben como máximo tres salarios mínimos, es decir: cuando mucho 175 pesos al día (salario mínimo del 2012), el 14% tiene un empleo eventual y que el salario real, en los últimos 40 años, presente una caída continua, de forma que hoy en día no es ni un tercio de lo que representaba en 1982, y que para adquirir una canasta básica alimenticia con dicho salario, hoy se tenga que trabajar 22.5 hrs. cuando a fines de 1982 se requería trabajar solo 4.4 hrs.
Al parecer los gobiernos han olvidado que la economía no es solo el manejo responsable de la política fiscal y monetaria, sino el incremento en el bienestar social de la población, el desarrollo sustentable (con equilibrio ecológico), el derecho a vivir en un ambiente seguro y con valores universales.
El reto del nuevo gobierno que comienza es, en principio, homologar y disponer de estadísticas históricas confiables, que puedan consultarse de primera mano a través del internet y que nos permitan medir el avance o retroceso en materia de bienestar social. Necesitamos un esfuerzo mayúsculo por parte del INEGI y las otras instituciones que generan información estadística como el Seguro Social, la Secretaria de Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión Social etc., para poder evaluar, con cifras exactas y comparables la evolución del bienestar social de la población, y de esta manera concentrarnos en la parte social de la economía, que es la que, en última instancia, determina a la sociedad en que vivimos.
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