Mucho se ha hablado sobre el acelerado proceso de endeudamiento del gobierno de Jalisco, predominando la exageración por sobre la explicación y entendimiento de la deuda, y no porque el problema no sea importante, sino porque debemos sopesarlo correctamente.
En primer lugar se debe considerar que el gobierno estatal tiene dos fuentes de ingresos: las propias y las participables. Sobre las fuentes propias tenemos autonomía en materia de recaudación y son el impuesto del 2% a la nómina, el impuesto al hospedaje, los recursos generados por rifas, sorteos etc., impuesto a la herencia, derechos (pago de licencias, expedición de constancias etc.), aprovechamientos (multas diversas y de tránsito etc.)
Los recursos participables provienen de la federación, tienen que ver con los excedentes petroleros y que se designan mediante diversos fondos como el fondo de fortalecimiento municipal, mientras que otros recursos provienen de la participación por la recaudación del impuesto a la renta (ISR), el impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), que se recauda en el estado pero por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no por el gobierno estatal.
En función de estos datos la deuda pública total del Estado de Jalisco puede ser generada por el gobierno estatal, por organismos estatales, por gobiernos municipales y por organismos municipales, por lo que no toda es responsabilidad del gobernador en turno.
También es necesario aclarar que dicha deuda puede ser de corto plazo y de largo plazo. Así tenemos que la deuda total es de 26,289.8 millones de pesos al 30 de septiembre del 2012 (última cifra disponible), de la cual el 60% es del gobierno del estado, el 30% de los gobiernos municipales y 10% de organismos municipales.
Jalisco ocupa el 13° lugar con respecto a la deuda del estado como porcentaje del PIB que es del 2.8%, mismo nivel del promedio nacional y muy por debajo de la de Coahuila que representa el 7.9% de su PIB.
La deuda que no ha sido cubierta es la de corto plazo: 1,400 millones de pesos, que se contrató como crédito quirografario lo que supone que no requiere de un aval o un recurso que responda para su pago, como pueden ser los ingresos participables. Es una deuda establecida mediante la firma de pagares y que por lo tanto no requiere la autorización del congreso estatal. El resto, presumiblemente, es deuda de largo plazo, lo que significa que se irá pagando poco a poco con los recursos participables. De forma que para este 2013 se ha presupuestado pagar 1,739 millones de pesos, de ese dinero el 63% irá solo para comisiones e intereses, y el 24% para amortizar al capital (es decir reducir el importe de la deuda.
Si tomamos el saldo total de la deuda (largo más corto plazo), con respecto a los ingresos participables de este año 2013, esta representa el 88%, aunque de acuerdo con el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios sería el 82.3% calculada con los ingresos del 2012, mientras que el promedio nacional es de 80.6%; y aun cuando no es el 299% como en Coahuila, ni el 225% como en Quintana Roo, es un nivel muy elevado.
Con respecto al total de los ingresos: propios y participables es el 36%, es decir un poco más de un tercio de los ingresos, desde este punto de vista definitivamente estamos sobre endeudados pero no es una deuda inmanejable como tampoco es no negociable, pues si tuviésemos que pagar toda la deuda en este año tendríamos que destinar 36 centavos de cada peso ingresado, sin olvidar que 64% serían para educación, salud, infraestructura, sueldos y salarios etc.
Por otro lado el proceso de endeudamiento ha crecido de manera acelerada ya que en 2006 la cifra era de 42% de los ingresos participables y en seis años se ha duplicado.
Ahora bien con respecto a los municipios, a nivel nacional el municipio de Guadalajara ocupa el primer lugar por el nivel de su deuda, en tanto que Zapopan y Tonalá ocupan el 4º y el 11° lugar respectivamente.
Con respecto a las implicaciones para la población en general, la disminución de la calificación de deuda para el gobierno estatal y municipal, significa que, en caso de un refinanciamiento o contratación de deuda nueva, se tendrán que pagar intereses más altos, y el gasto público deberá disminuirse afectando principalmente al gasto de inversión: infraestructura y, el gasto social, en el que se va más de la mitad del total.
Para evitar seguir con este proceso de endeudamiento es necesario que los gobiernos: estatal y municipales lleven a cabo tres acciones:
En primer lugar realizar un diagnóstico de gasto que les permita establecer un programa de racionalización: reducción de gastos que no tengan un impacto económico y social significativo: viáticos, celulares etc., e incrementar los rubros que potencien el crecimiento de las actividades recaudatorias que generan ingresos propios: turismo, emprendurismo etc. y así se incremente la recaudación.
Una vez hecho el diagnóstico del gasto será necesario establecer un programa de ahorro, con los gastos que pueden y deben reducirse y los que se pueden evitar porque no afectan la economía del estado ni el bienestar de la población; para que, finalmente, con dichos recursos ahorrados, se pueda establecer un programa de acelerador de pagos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario