El día de ayer el Banco de México anunció una serie de medidas
de política monetaria para contrarrestar los efectos recesivos que está
generando el Covid-19, como reacción a la falta de un programa económico
emergente por parte del gobierno de la república.
El objetivo principal del banco central es inyectar liquidez
(billetes y monedas) al sistema económico para que las empresas, que han visto
reducidas sus ventas y por lo tanto sus ingresos y efectivo, puedan tener
acceso a créditos bancarios que les permitan pagar a sus trabajadores,
proveedores y otro tipo de acreedores, y para que las personas también puedan
acceder a créditos bancarios ahora que sus fuentes de ingreso se están
cancelando debido al incremento en el desempleo o a la pérdida de sus ingresos
por autoempleo (cierre de microempresas).
Este tipo de política se denomina expansiva, es contra-cíclica
porque busca incentivar la demanda agregada cuando se deprima, para aumentar el
consumo de las familias y el gasto de las empresas permitiendo la reactivación
del crecimiento económico.
Lo interesante de esta actuación es el monto de liquidez que se
inyectará de diversas formas al sistema económico: 750 mil millones de pesos,
un equivalente al 3.3% del PIB
Adicionalmente, se reduce la tasa de interés de referencia (tasa
a la que presta dinero a la banca comercial) en 50 puntos base para llegar al
6% anual.
La reducción de la tasa de interés que el banco central (Banco
de México) le cobra a la banca comercial tiene como objetivo: abaratar los
créditos, desincentivar el ahorro y motivar la inversión productiva.
Es una excelente señal, y una medida acertada, pero...
..sólo funcionará si la banca comercial reduce a su vez las
tasas de interés de sus tarjetas de crédito, préstamos de tarjeta de débito y
la de los créditos a las empresas.
En realidad, el gobierno también puede aplicar una política
fiscal contra-cíclica, aumentando el gasto público, reduciendo los impuestos,
dando mayores subsidios, reduciendo precios y tarifas públicas, multas,
derechos etc., o permitiendo que los pagos de cuotas del IMSS, los impuestos,
las multas etc. se pospongan hasta volver a la normalidad económica.
La política fiscal tiene efectos más rápidos y efectivos en el
corto plazo porque al posponer los impuestos las empresas, los trabajadores y
las familias tienen más efectivo para gastar y mantener sus compras y que las
ventas de las empresas permitan mantener los empleos: fuente de ingreso tanto
para las familias como para el gobierno mismo.
Si comparamos en situación de crisis, cuál de las dos políticas
es más efectiva y rápida, les diré que es la política fiscal, porque el problema
con la política monetaria es que el crédito que la banca comercial puede
otorgar depende de la demanda (la banca no puede obligar a nadie a tomar un
crédito) de forma que la inyección de liquidez que el banco central le da a la
banca dándole más créditos, solo funciona si las personas y empresas solicitan
a la banca dichos créditos, y por lo tanto si no tienen miedo a incrementar sus
deudas dada la incertidumbre sobre sus ingresos que la crisis genera.
Por eso en épocas de crisis como la que estamos viviendo, es más
efectiva la política fiscal que la monetaria, sin embargo...
...nuestro gobierno ha decidido no posponer el pago de impuestos
y no adquirir mayor deuda pública, y cómo sus ingresos tributarios están
disminuyendo producto de la caída en las ventas (IVA), caída en el empleo (ISR
de los trabajadores), falta de utilidades de las empresas (ISR personas
morales), y caída del precio internacional del petróleo, lo único que le queda
es…
...quitarles a unos para darle a otros (eliminación de fideicomisos,
reducción del gasto público en innovación, ciencia y tecnología, educación,
salud, etc.), pero…
...al quitar a unos para darle a otros, lo único que hace es
mover la misma cantidad de dinero de un lado a otro, y lo que unos ganan otros
lo pierden, sin reactivar la economía.
Finalmente, la efectividad de la política monetaria dependerá de
las reglas de operación para instrumentar las nuevas acciones y de que la banca
no exija grandes garantías a empresas y familias para adjudicarles un crédito.
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