La política fiscal es un importante instrumento del gobierno para salir de una crisis económica y disminuir la inflación, una reducción en los impuestos permite a empresas y familias elevar sus niveles de inversión y consumo, lo que fomenta la demanda agregada y en consecuencia, las ventas de las empresas. Por su parte un incremento en el gasto público en obras de infraestructura, bienes y servicios en general, gastos en educación, salud, vivienda y seguridad social permite a su vez mejorar el nivel de vida de la población, la rentabilidad de las empresas y en consecuencia el crecimiento económico. Esto es lo que los economistas conocen como política fiscal expansiva. De manera contraria un incremento en los impuestos y una reducción del gasto público, produce el efecto contrario, reduce los niveles de consumo e inversión de las empresas y con ello el nivel de actividad económica.
Cuando inicia la crisis financiera de la eurozona los gobiernos reaccionaron de forma inmediata mediante una política fiscal expansiva, la idea era precisamente aumentar la demanda agregada y generar crecimiento económico; el efecto fue temporalmente positivo, las economías recibieron el empuje necesario para salir de la recesión, más sin embargo dicho empuje no fue suficiente porque la misma recesión disminuyó el volumen recaudado por los gobiernos por lo que tuvieron que recurrir a un incremento de su endeudamiento mediante la emisión de bonos soberanos.
El problema de pertenecer a una zona monetaria radica en que no existe la política cambiaria, el tener una moneda común significa que se ha renunciado a la soberanía monetaria y con ella a la emisión de moneda y el manejo de su tipo de cambio a través de devaluaciones, depreciaciones, apreciaciones o revaluaciones.
Así los gobiernos recurrieron al endeudamiento en los mercados internacionales de capital, mientras que su población sufría los efectos adversos de la recesión viendo elevar el nivel de desempleo, lo que los obligó a restringir sus gastos y elevar su ahorro, mientras que las empresas al ver reducidas las ventas, disminuyeron la producción y con ella el empleo, retroalimentándose así la recesión.
Este proceso incrementó el riesgo país, por lo que cada gobierno ofreció una tasa de interés más alta para poder atraer capitales que adquieran sus bonos de deuda. El consecuente incremento en tasas de interés elevó los costos del financiamiento y el monto de la deuda y, paradójicamente, el riesgo país.
De esta forma la crisis financiera se transformó en una crisis de deuda pública o soberana.
Hay que tener en consideración también, que los gobiernos utilizaron gran cantidad de recursos para recuperar la confianza en los bancos de la región, por lo que inyectaron crecientes cantidades de dinero en su saneamiento financiero para generar la confianza necesaria que impidiera las corridas bancarias (retiro masivo de dinero por parte de los depositantes).
Como resultado se llegó a niveles insostenibles de déficit fiscal (gasto público mayor que los ingresos públicos) y la deuda pública se incrementó. Así tenemos que el déficit fiscal promedio en la eurozona pasó de representar el 2.1% del PIB en el 2008 al 6.2% en el 2010, mientras que la deuda de los gobiernos pasó del 70% al 86% del PIB en promedio y continua subiendo, esperando que en el 2012 sea del 92.4%. Tan solo Grecia pasó del 113% en el 2008 al 165% en el 2011 y se espera llegue al 171% en el 2013, los datos de Italia respectivamente son del 106%, 120% y 126%, los de España son 40%, 68.5% y 97%, los de Irlanda son 44%, 108% y 121%, los de Portugal son 72%, 108% y 119%, los de Francia son 68%, 86% y al 90% y Alemania, que presume tener la posición más saludable, presenta los siguientes datos: 67%, 81% y 80%. Ello ha obligado al Banco Central Europeo y al Fondo Monetario Internacional, entre otros, a exigir un recorte del gasto público y un incremento en los impuestos, lo que de forma contraproducente ha magnificado el efecto recesivo de la crisis financiera, elevando el riesgo país y generando una mayor carga financiera para los gobiernos en crisis.
En un efecto perverso, el efecto recesivo de la política fiscal impuesta disminuye aún más la recaudación, eleva el riesgo país y con él las tasas de interés necesarias para atraer capitales, lo que a su vez genera una mayor presión financiera y una mayor necesidad de recursos monetarios por parte de los bancos y los gobiernos, evitando la ansiada recuperación económica y generando un panorama de desaliento para los próximos cinco años.
A la luz de dichos acontecimiento conviene comparar la posición de México, que aunque se encuentra en una posición mucho más holgada al pasar del 43.1% al 43.8% de deuda pública como porcentaje del PIB en el 2008 y el 2011 respectivamente, existen importantes focos rojos relacionados con el notable incremento de la deuda de ciertos gobiernos estatales y municipales que ha crecido de manera alarmante en los últimos años. Aquí la evaluación no es con relación al PIB sino en relación a su participación en los ingresos federales, ya que debemos recordar que la recaudación de los impuestos más importantes como el ISR y el IVA es de carácter federal por lo que se transfieren directamente a la federación y luego ésta los asigna de nuevo a los estados en función de su población, sus necesidades sociales inmediatas y sus aportaciones en dicha recaudación.
Así tenemos que Coahuila pasó de una deuda del 18.8% en 2008 al 304.6% en el 2011, en tanto que Chihuahua paso del 54% al 118%, Jalisco del 48% al 77%, Nuevo León del 95% al 166% y Quintana Roo del 52% al 204%, medida como porcentaje de sus participaciones en ingresos federales, es decir que gastan más de lo que ingresan y todos sabemos que cuando se gasta más de lo que se ingresa tenemos un problema en primera instancia de liquidez y después de solvencia, lo que conduce a la necesidad de realizar ajustes abruptos al gasto publico y a los ingresos que puede generar un efecto recesivo sobre la economía local.
Así que México no esta exento de los mismos riesgos financieros que han profundizado la crisis económica en la eurozona y el gobierno mexicano parece ser complaciente con ello al no exigir información sobre la evolución de la deuda local, ni instrumentar las medidas de transparencia y seguimiento necesarias para cualificar la solvencia de las finanzas públicas de los estados.
Voy descubriendo este blog. Es una chulada. Por aquí me actualizaré de sus enseñanzas. Un abrazote.
ResponderEliminarAtte.
Hugo