El día de ayer, 26 de septiembre
del 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador acordó con los líderes del
Consejo Coordinador Empresarial y Mexicano de Negocios, reactivar la inversión y
definir los proyectos de infraestructura en el que participarán conjuntamente
para “reactivar la inversión”. Si bien no es la primera vez que los empresarios
se comprometen a ello, si es la primera vez en que habrá participación
conjunta.
La inversión privada y la
inversión pública son los principales componentes para el crecimiento
económico, el desarrollo y el bienestar social. Gracias a ella se crea riqueza
(bienes y servicios), empleos y con ellos ingresos que se materializarán en un
mayor consumo y por lo tanto ventas para las empresas, pero también una parte
de los ingresos generados se ahorrará, posibilitando de nuevo el financiamiento
para la inversión.
Es necesario aclarar que no se
habla de inversión financiera ‒compra de activos financieros que
generen rendimientos‒, sino de Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF), es
decir: maquinaria, equipo y construcción, tanto residencial como no residencial: almacenes, fábricas, bodegas etc., cuyo propósito es producir bienes y servicios.
Desde mediados del año pasado, la
inversión ha disminuido con respecto al mismo mes del año anterior (variación
anual) como puede observarse en el gráfico 1, y ello es una de las razones por la cual hoy la economía mexicana se encuentra prácticamente estancada, con una
probabilidad muy cercana de caer en recesión.
De estos dos caballos de fuerza,
la inversión privada es la más importante y como puede verse en el gráfico 2, es
más importante que la pública como porcentaje del PIB, sin embargo, es sensible y
volátil cuando hay crisis económicas, recesiones, conflictos políticos e
incertidumbre.
La inversión pública por su parte
es menos volátil, pero tiene una década que está disminuyendo sensiblemente.
Algunos dirán que es parte del Neoliberalismo y en parte ello es cierto, pero éste comenzó en México a
mediados de los 80’s y en el período de datos disponibles, se puede apreciar que después de la crisis de 1994 fue recuperándose, pero a
partir de la crisis del 2008 fue perdiendo terreno.
La inversión privada es muy
sensible al entorno económico, político y social, ya que los empresarios
arriesgan su capital y requieren para ello:
- Confianza con respecto a que lo producido será vendido y podrán pagar a los trabajadores, proveedores, acreedores y tener una utilidad que compense el riesgo y el sacrificio.
- Estado de derecho: que garantice que el ejercicio del poder está acotado por la legislación y que los gobernantes de cualquier nivel: federal, estatal y municipal, respetarán las inversiones, los términos de los contratos en caso de inversión pública-privada, es decir que se respecte el orden jurídico vigente.
- Estabilidad económica: con inflación controlada, un precio del dólar que no fluctué violentamente, tasa de interés bajas en términos reales, bajo déficit fiscal y deuda pública bajo control entre otras cosas.
Con respecto a la confianza y el
estado de derecho, esta se puede medir de forma indirecta con la percepción que
tienen los empresarios respecto al momento de la inversión. La gráfica 3,
construida con los datos de la Encuesta Mensual de Confianza Empresarial, muestra
como, desde el 2013 (año en que se cuenta con información para los tres
sectores), se ha ido deteriorando, muy en especial en el sector
de la construcción y el comercio.
Otro aspecto importante a
destacar, es que la pérdida de confianza del sector de la construcción y el
comercio se ha agudizado desde mediados del 2018, y que se conjunta con la
caída, al mismo tiempo, tanto de la inversión pública como de la privada, como se
observa en el gráfico 4.
La pregunta que surge ante dicho
escenario es ¿qué puede hacer el presidente para reactivar la inversión y la
confianza de los empresarios?
Con respecto a la inversión
pública, necesita recaudar más, pero en un escenario de estancamiento económico
es imposible aumentar el cobro de impuestos porque el empleo, los ingresos, el
consumo y la inversión disminuyen; además ha prometido no crear nuevos
impuestos. Podría entonces endeudarse, pero también ha prometido no incrementar
la deuda, y cómo se ha empeñado en distraer recursos para dirigirlos a PEMEX ‒una
empresa prácticamente en quiebra en un mundo de re conversión energética hacia
energías limpias por el calentamiento global‒, la deuda le saldrá más cara
que otros proyectos petroleros en otros países, pues si quiere atraer a los
inversionistas tendrá que ofrecer mayores rendimientos. El otro problema es que
su proyecto es de mediano plazo y no generará flujo de efectivo en el corto
plazo para pagar dichos rendimientos.
Lo anterior explica el porqué
está tan necesitado de aceptar la co-inversión pública-privada, que durante su
primer año de gobierno se negó a reconocer.
Mientras que para recuperar la
confianza del sector empresarial y reactivar la inversión, necesita:
- Respetar el estado de derecho, sumamente dañado por la cancelación del NAIM, y el establecimiento de procedimientos arbitrales contra las empresas que construyeron gasoductos y que generó una fuerte sensibilidad entre los inversionistas internacionales.
- Ser muy cuidadoso con los planteamientos de reforma fiscal y la Ley de Extinción de Dominio.
- Dejar de atacar a los organismos autónomos.
- Permitir la continuidad del aeropuerto de Cd. de México, que empresarios privados e incluso de otros países se han ofrecido continuar.
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