Las microempresas representan el 96% del universo total empresarial, generan 45.6% de la ocupación total y solo el 11.5% de las remuneraciones. Aunque su aportación a la producción bruta total es de apenas el 5.9%, aportan al producto interno bruto (PIB) un 15%. Éstas empresas son las que generan el mayor volumen de empleo para la población ¡más que el generado por la pequeña y mediana empresa juntas! y los datos anteriores nos dicen que la pobreza se encuentra directamente ligada a éste universo de empresas, por ello su participación es más importante en el desarrollo social que en el crecimiento económico.
La microempresa tiene una importancia sistémica en el bienestar social porque el 82% de las familias tienen como fuente principal de ingresos los salarios y sueldos, y el 37% del total de los hogares tienen ingresos por realizar trabajo independiente. Si el 46% del empleo se genera en ellas no se difícil inferir que se han convertido en un estrategia de supervivencia para un segmento importante de la población. De un total de 5 millones 665 mil empresas detectadas en el último censo económico, 5 millones 438 mil son microempresas y según algunos estudios casi el 95% son informales.
Las microempresas se originan en la necesidad de las familias por tener un medio de subsistencia independiente, por ello estos emprendedores crean su propio negocio. El número de trabajadores de acuerdo con la clasificación de la Secretaría de Economía que tiene una microempresa va de 1 a 10, pero es un hecho que la gran mayoría son autoempleos. Quizás por ello la política fiscal relacionada con los ingresos tributarios y la política de gasto público no ha puesto la atención debida en éste tipo de instituciones, favoreciendo con el gasto fiscal a la mediana y la gran empresa, e igualmente a través de los programas de obra pública y compra de insumos a empresas.
¿Qué es el gasto fiscal? son los ingresos perdidos o no recibidos por el gobierno debido a la aplicación de diversas medidas que condonan o disminuyen el pago de impuestos y que son: subsidios, exenciones, condonaciones, créditos fiscales, facilidades administrativas, tasas diferenciadas, tratamientos y regímenes especiales, deducciones autorizadas y estímulos fiscales. Por obvias razones, solo las empresas registradas y que pagan impuestos pueden aprovecharlos, lo que deja a la microempresa al margen.
Por otro lado el gasto público tampoco podrá beneficiar a la microempresa ya que no cuenta ni con las condiciones legales, ni las contables y financieras para poder ser abastecedora del gobierno federal en materia de productos, serivicos e insumos. En consecuencia solo las medianas y grandes empresas que tienen los conocimientos, los procesos contables y administrativos y la infraestructura necesaria podrán sacar provecho de ello.
Sin embargo fortalecer a las microempresas generaría un mayor impacto en el bienestar social de la población, y entender la dinámica de las mismas nos ayudaría a encontrar métodos más eficientes de alivio a la pobreza, no a través de dádivas y asistencialismo que lo único que genera es capital político, sino a través del empoderamiento de los microempresarios y la generación de habilidades y destrezas que les permitan crecer y mejorar económicamente.
En conclusión si realmente queremos impactar en el bienestar de la población y el combate a la pobreza debemos generar política públicas que establezcan mecanismos a la medida para fortalecer a la microempresa. Con ello estaremos dando un paso importante en la mejora de las condiciones de vida de la población más vulnerable en éste país, ello fortalecería el mercado interno generando las bases para la expansión económica en general.
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