Comúnmente se
piensa que la pobreza, el desempleo y la desigualdad económica son las causas
principales de la delincuencia, sin embargo esto no es así, de acuerdo con un estudio realizado
por Abogado Penalista, José Antonio Ortega Sánchez denominado ¿Pobreza igual a Delito?,
publicado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en el 2010.
Mediante la
realización de 269 ejercicios estadísticos de correlación, dicho autor encontró
que los factores socioeconómicos no son determinantes de la delincuencia, sin
embargo la impartición de justicia y la eficiencia de los procesos penales sí.
Entre los principales
resultados de su estudio se destacan que la incidencia criminal es creciente,
independientemente de si hay crisis, recesión o expansión económica. Que las
entidades federativas con menor PIB per cápita tienen menor incidencia criminal
que las entidades con un PIB per cápita mayor, y lo mismo sucede con el índice
de marginación social, ya que a menor marginación mayor delincuencia.
De hecho la delincuencia ha ido aumentando independientemente del desempeño de la economía, así
en el año del 2008, cuyo producto per cápita fue mayor al del 1991, la incidencia
criminal fue un 65% mayor y la incidencia de robo un 87% más.
En aquellas
ciudades y entidades federativas con mayor desempleo, las tasas de criminalidad
son inferiores, mientras que lo contrario sucede en ciudades y entidades con
menor tasa de desempleo, así mismo no encuentra relación estadística entre el
la tasa de desempleo y la tasa de delincuencia.
Analizando el
impacto de las variaciones en el poder adquisitivo del salario, éste no tiene
correlación con la incidencia criminal, aunque si se encuentra relacionado con
el delito específico del robo. Así mismo las entidades federativas con
menores tasas de pobreza y menor desigualdad en ingresos son las más conflictivas.
Todos éstos elementos rompen con la creencia general de que el deterioro de la situación económica es el factor determinante de la delincuencia, sin embargo los resultados apuntan en otra dirección que se encuentra fuertemente relacionada con el sistema de impartición de justicia, la corrupción y la impunidad.
Es interesante
destacar dentro del análisis, el hecho de que la desintegración familiar fue una de las causas que estadísticamente tiene mayor relación con la
delincuencia, y que en algunas entidades federativas el 50% de
los convictos delinquieron bajo los efectos del alcohol, las drogas o los dos
anteriores, tal es el caso de Nuevo León y Yucatán.
Lo anterior abre
nuevos espacios para la investigación y la discusión, con la necesidad de enfocarse sobre los valores y la ética de los funcionarios públicos, pero también de la sociedad y las familias en particular ya que la
impunidad, la corrupción, el relajamiento de las penas y las normas tienen un
peso no despreciable en la incidencia delictiva.
El autor llega a
la conclusión de que existe una correlación muy fuerte entre el desempeño del
sistema de justicia penal y la delincuencia, pues cada vez que disminuye la
tasa de consignados, se eleva la tasa de incidencia criminal con una
correlación casi perfecta de -0.977.
En pocas palabras, la pérdida de valores éticos influye determinantemente en la incidencia delictiva y en la percepción de los jóvenes sobre las ventajas o desventajas de las actividades criminales, ya que el 42% de los presuntos delincuentes tienen entre 18 y 29 años de edad con respecto al fuero federal, y en relación al fuero común el 50% tienen entre 16 y 29 años de edad (Banco Mundial, 20012)
El documento se
puede bajar de la siguiente dirección de internet
No hay comentarios:
Publicar un comentario