El ciudadano común no tiene conciencia del poder económico del voto, no logra detectar con claridad que las medidas de política económica instrumentadas por un gobierno tienen detrás un marco político, legal e institucional sin el cual no pueden llevarse a cabo. De hecho la economía sin el derecho no puede funcionar, por ejemplo: necesitamos de una Ley de Ingreso y un Presupuesto de Egresos para poder instrumentar un Plan Nacional de Desarrollo, o del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para poder determinar las cargas fiscales de quién paga más y quién menos, o una ley monetaria que determina que moneda es de curso legal y cuál no, etc.
El problema se presenta cuando un reducido número de personas con poder político y económico saben del poder que su voto puede darles y por ello logran cabildear, hacer donativos, poner recursos y presionar a los funcionarios públicos de todos los niveles para la aprobación de leyes, instituciones, presupuestos y políticas económicas favorables a sus intereses: condonaciones de impuestos, créditos fiscales, obtención de subsidios, licitaciones favorables etc.
De acuerdo con el libro Mark Blyth “Austeridad”, la aplicación de una política pública de austeridad, que implica el incrementar los impuestos y reducir el gasto público, es en realidad un problema político directamente vinculado con la distribución del ingreso, un resultado de la acción política de un poderoso grupo de financieros que determinó, que lo que en un principio fue una crisis bancaria se transformará, de forma muy hábil, en una crisis de deuda pública, que socializa las pérdidas y privatiza las ganancias.
Socializa las pérdidas porque todos tenemos que pagar más impuestos a cambio de recibir menos servicios públicos, y dicha reducción de servicios públicos afecta más a los que menos recursos económicos poseen y por lo tanto, dependen más de dichos servicios como son la educación pública, trasporte público, salud etc., Al mismo tiempo, aquellos que no pueden evadir, eludir, consolidar o trasladar impuestos son los asalariados, que por dicha razón contribuyen con más de la mitad de los ingresos tributarios generados al gobierno.
Aun cuando la crisis presenta causas múltiples, tres de ellas son fundamentales: la desigual distribución del ingreso, la desregulación del sistema financiero y el poder político de las instituciones financieras (ver Inside Job o leer 13 Bankers para profundizar en ello).
De acuerdo con el libro de Blyth, el rescate bancario mundial oscila entre los 3 y los 13 billones de dólares, según se contabilice en él no solo el dinero utilizado para rescatar instituciones financieras, sino también la pérdida de empleos, inversión privada y producción nacional. Dicho rescate incrementó la deuda pública de los gobiernos quienes, para saldarla, han optado por aumentar impuestos y reducir el gasto.
Si bien es cierto que existen otras formas de actuación ante la crisis financiera, como en el caso de Islandia que dejó quebrar a los bancos, otra alternativa pudo haber sido volver a la denominada represión financiera, mediante impuestos a las ganancias financieras y obligar a los bancos a prestar a la actividad productiva a través de cajones selectivos de crédito (cantidad de dinero a prestar a sectores económicos identificados como estratégicos), o bien poner límites a las tasas de interés activas (las que se cobran a los deudores por el préstamo). Otra más es la devaluación de la moneda o favorecer el incremento en el déficit fiscal.
Pero cualquiera que sea la política económica instrumentada, siempre tendrá un costo diferenciado sobre la sociedad y habrá ganadores y perdedores, con la diferencia de que los ganadores son siempre aquellos que reconocen el poder económico del voto y lo ejercen, definiendo con ello a los futuros responsables de las políticas económicas y la administración de nuestros recursos.
Por ello los invito a reflexionar sobre el voto, a participar activamente y ejercer el derecho que tenemos al bienestar social y la equidad.
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