PARA CRECER: DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

El ingreso de las personas en forma de salarios, rentas, beneficios, utilidades, rendimientos, intereses, depende de la actividad productiva, misma que a su vez genera los bienes o servicios que satisfacen nuestras necesidades, a lo que los economistas llamamos riqueza real.

La venta de los productos permite a las empresas cubrir los costos de producción y con ello generar los ingresos a distribuir entre proveedores, trabajadores, administrativos, etc. En pocas palabras, la fuerza que genera el crecimiento económico, la producción, la riqueza y los ingresos es la actividad productiva generadora de empleos.

Los salarios remuneradores permiten activar la demanda y por ende las ventas. Como bien decía John Maynard Keynes: “La demanda efectiva es simplemente el ingreso global (o importe de ventas) que los empresarios esperan recibir, incluyendo los ingresos que hacen pasar a manos de los otros factores de la producción por medio del volumen de ocupación que deciden conceder” (Teoría General sobre la Ocupación, el Interés y el Dinero”: 52)

En México el Consumo de las familias de 1994 al 2013, representó en promedio el 65% de la demanda total interna, y el 52% de la demanda global (incluyendo exportaciones), lo que significa que son la base del mercado interno. Si sus ingresos salariales son deprimidos, las ventas de las empresas también lo serán, y con ello la producción y la creación de empleos, lo que genera un círculo perverso de bajo poder de compra, bajas ventas, baja producción, bajo empleo y bajo poder de compra: la economía se va comprimiendo sobre sí misma, sobre todo si reconocemos que el 62.5% de los ingresos de las familias provienen de trabajo subordinado (salarios), el 12.7% por trabajo independiente (autoempleo), el 16% por transferencias. Las cifras anteriores indican que los salarios representan para las familias su fuente principal de ingresos y la fuente de su poder de compra, es decir la posibilidad de venta de las empresas.

De acuerdo con las Encuestas de Ingreso-Gasto de los Hogares (ENIGH), del 2008 al 2010 los salarios cayeron -2.3% en términos nominales (sin contar la pérdida del poder adquisitivo por la inflación) y del 2010 al 2012 solo crecieron 1.6%. El ingreso salarial mensual promedio de una familia de cuatro personas pasó de ser de 7 mil 116 pesos en 2008 a 6 mil 237 pesos en 2012, en términos constantes, esto es: descontando la inflación. El 70% de los hogares se apropió únicamente del 37% del ingreso nacional. Ello significa un bajo poder adquisitivo y un mercado interno deprimido.

Si a lo anterior agregamos que el 13% de los asalariados ganan un salario mínimo (s.m.), esto es 2 mil 018 pesos al mes en la zona A (principales áreas urbanas), el 24% de 1 a 2 s.m. (4 mil 036 pesos), el 22% de 2 a 3 s.m (6 mil 064 pesos) y el 15% de 3 a 5 (10 mil 090 pesos), nos daremos cuenta el por qué las ventas al menudeo de las principales tiendas departamentales han caído, y el por qué la confianza del consumidor se ha desplomado.

Para ser más gráficos el 46% de los asalariados gana menos de 196.74 pesos al día.

El otro asunto a considerar es que la fortaleza del mercado interno descansa en la clase media, cuyo poder de compra y capacidad de gasto es mucho mayor al de la clase baja y, en términos proporcionales a su ingreso, mucho mayor que la clase alta. La concentración del ingreso y la riqueza no favorece la expansión económica por el simple hecho de que no favorece las ventas. La población más rica no gasta en proporción a su ingreso lo que gasta la clase media, sin embargo para ser clase media tendremos que ganar entre 125 y 625 pesos diarios por persona (no por hogar), es decir entre 3 mil 750 pesos y 18 mil 750 pesos por persona al mes. Si las familias son en promedio de 4 personas ello significa un ingreso familiar mensual de entre 15 mil y 75 mil pesos mensuales. Eso, traducido a México, significa que la clase media está en el 20% de la población más rica del país, y el 80% restante es clase baja. La clase alta por su parte representa el 10% del 10% más rico de éste país.

De ahí la discusión para incrementar el salario mínimo. Los empresarios aluden que ello elevará sus costos de producción y con ello la inflación, pero la verdad es que lo que temen es que sus utilidades disminuyan, sin considerar que para tener utilidades deben vender su producción. La inflación no se elevará por una simple razón, tenemos una brecha de producto negativa, hay capacidad instalada ociosa en las empresas y no hay poder de compra. Un mayor salario reactivará la confianza del consumidor, las ventas y la producción. Al aumentar la productividad, los precios no tienen porque elevarse.

Un salario remunerador genera menor rotación de personal, lealtad y productividad, lo que en esencia es indispensable para reducir el costo unitario.

La discusión del salario mínimo no sólo es una obligación económica, es una obligación moral, es cuestión de equidad y de justicia.

JALISCO, INDICE DE ATRACTIVIDAD DE INVERSIÓN MANUFACTURERA: “TENEMOS QUE PONERNOS LAS PILAS”.

El incremento de los costos laborales en China, el aumento de sus costos de transporte, energéticos, logísticos y de inventarios han reducido sus ventajas competitivas como plataforma de exportación hacia Estados Unidos, ello ha provocado una relocalización de la inversión manufacturera buscando estar cerca de su mercado final (nearshorign), lo que abre una interesante ventana de oportunidad para México que, con la aplicación correcta de políticas públicas de promoción de la inversión, puede convertirse en un foco de atracción para las empresas que han decidido y están en proceso de salir de China para relocalizar sus actividades productivas (reshoring investment).

Se estima que el 54% de las grandes empresas transnacionales en China se moverán hacia Estados Unidos, y el 21% de éstas ya están reubicando su producción o la harán en los próximos dos años. El potencial de inversión reubicada se estima en 120 mil millones de dólares desde este momento hasta el 2020. Si dicha inversión llegará a ese país, tendrán en el 2020 una escasez estimada de 875 mil personas con habilidades especializadas para la operación de maquinaria.

Es por ello que se desarrolló el Índice de Capacidad de Atracción de Inversión Manufacturera (ICAIM) por parte del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC), pues se estima que México puede ser un fuerte polo de atracción para dichas inversiones y convertirnos en la mejor opción de atracción de inversión “The best nearshore option”.

La idea principal es que el gobierno a nivel federal y estatal inicie las medidas necesarias para que lo anterior sea una realidad, y generé la infraestructura y las políticas públicas de apoyo y promoción industrial necesarias que eleven la competitividad de las empresas y la regiones.

De acuerdo con el estudio, las industrias que tiene mayor capacidad de atracción son: electrodomésticos; computadoras y electrónicos; plásticos y hule; metalmecánicos, equipo de transporte, muebles, equipo eléctrico y equipo médico. Y lo más interesante es que ello coloca a Jalisco en una posición atractiva ya que dichos sectores son competitivos en nuestro estado.

De acuerdo al índice, Jalisco ocupa el 5° lugar nacional en atracción. El índice se evalúa con seis capacidades generales: servicios en parques industriales, expectativas de desarrollo, inseguridad de la región, respaldo institucional, competitividad y características de la región. El valor máximo del índice es de 100 y Chihuahua ocupa el primer lugar, mientras que Jalisco obtuvo un índice de 56.75. Como puede observarse a pesar de estar en 5º lugar la distancia es enorme con respecto al primero.

En lo que sí destacamos es en ciertos componentes del índice como por ejemplo, tenemos el primer lugar en acceso a agua potable, a fibra óptica, alumbrado público, sistemas de drenaje para aguas residuales, compañías exportadoras a Estados Unidos, mientras que en calidad de los servicios financieros ocupamos el 4º, expectativas de desarrollo futuro (5º), calidad de mano de obra especializada y no especializada (6º), calidad en la legislación tributaria local (6º), calidad en infraestructura de telecomunicaciones (7º), calidad en legislación laboral local (7º).

Pero aún tenemos muchos temas con mayor rezago en los cuales el gobierno estatal debe enfocarse y ellos son: vinculación empresas-universidades-centros de investigación y capacitación (15º), tasa de absorción de parques industriales (14º), capacidad de soporte institucional (13º), disponibilidad de subsidios y créditos para investigación y desarrollo (14º), requisitos legales para cierres y despidos (18º), políticas de promoción industrial (18º), políticas de urbanismo y vivienda (13º), servicios educativos (13º), entre otros.

Si queremos que Jalisco se convierta en polo de atracción tenemos que resolver estos problemas ya, dejar atrás los intereses políticos y la luchas de poder y centrarnos a realizar el trabajo para que antes de dos años tengamos resultados visibles.

Para aquellos que deseen consultar el estudio pongo la liga
http://cidac.org/esp/uploads/1/Reshoring_Mexico_2014_WEB_200514.pdf

POLÍTICA PÚBLICA Y CONCENTRACIÓN DEL INGRESO Y LA RIQUEZA

En su libro sobre “El Precio de la Desigualdad” (2012), Joseph E. Stiglitz establece que existen diversas razones que determinan cómo se distribuye el ingreso y la riqueza en la sociedad, entre ellas se destacan el desarrollo de habilidades, conocimientos y capacidades que el sistema educativo genera y que permite obtener un mejor salario para aquellos que no poseen activos (propiedades, empresas, y bienes en general). También influyen de forma determinante el empoderamiento de ciertos grupos y sectores de la población: sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales y civiles etc. que influyen sobre las decisiones de instituciones públicas en general para obtener parte de los beneficios del crecimiento económico.

En regímenes no democráticos, el gobernante expropia el ingreso y la riqueza de su población; el despojo también se logra con las guerras, las conquistas, la esclavitud y el exterminio de grupos sociales. Las dictaduras favorecen a ciertos grupos sociales en contra de otros y determinan dicha concentración.

En los regímenes democráticos, por su parte, es más importante el orden jurídico, el social y la forma de organización de la sociedad a través de sus leyes, reglamentos y normas en general. Pero lo interesante a destacar y que el autor permite leer entre lineas, es cómo la política económica en general y en especial la política social tienen un efecto determinante en dicha concentración.

La extrema liberalización de los mercados, la apertura externa, el proceso de globalización del comercio y los capitales, la des-sindicalización, las actividades de búsqueda de rentas, etc., todas son causa de la concentración del ingreso y la riqueza y dependen de las decisiones de la autoridad en materia de política económica y social.

La política fiscal en particular, que tiene que ver con las decisiones tributarias, de precios y tarifas públicas, de derechos, productos, aprovechamientos y contribución de mejoras, determinan dicha distribución, así como también la política de endeudamiento público y gasto público.

La asignación del gasto como gasto social, tiene entre sus objetivos prioritarios la redistribución del ingreso, pero existen otras actividades del gobierno que tienen un efecto mayor, focalizado y directo sobre dicho fenómeno tales como: transferencias, subvenciones ocultas y públicas por parte del gobierno; leyes que favorecen la concentración del poder económico y a los monopolios; patentes, ventas de activos estatales en condiciones ventajosas, ventas al gobierno a precios por encima de mercado, rescates bancarios y/o financieros de ciertos grupos que después se asumen como deuda pública y que constituyen en resumen un proceso de privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas; bonos y compensaciones para directivos, diputados etc., desregulación de mercados financieros que permiten la usura, las comisiones bancarias excesivas y altas tasas de interés, etc.

A todo lo anterior hay que sumar las reformas estructurales, que al ser cambios institucionales en leyes, reglamentos y propiedad de activos, influyen definitivamente en la distribución de la riqueza, tales como la reforma energética, la reforma financiera, la reforma en telecomunicaciones, etc.

De acuerdo con el Wealth Intelligent Center en su documento “Number of Multi-millonaires in Mexico far Exceeds Global Avarage” (2013), para fines del 2012 había 145 mil millonarios en México, esto es el 0.12% de la población total, que concentraban el 43% de la riqueza total individual, cuando el promedio a nivel mundial es del 29%. Dichas personas concentraron 736 mil millones de dólares, mientras que el ingreso per cápita de un mexicano fue de 9 mil 640 dólares al año. De los millonarios 2 mil 540 son multimillonarios y se espera que, gracias a la Reforma Petrolera, para el 2017 dicha riqueza crecerá un 47% y el número de millonarios será de 213 mil personas, de las cuales 3,733 serán multimillonarios cuya riqueza crecerá en promedio un 44% para acumular 525 mil millones de dólares.

Carlos Salinas de Gortari fue un presidente que realizó un gran número de reformas económicas, y el que privatizó el mayor número de empresas paraestatales y bancos. De 1988 a 1993 el Estado transfirió al sector privado 50% de sus empresas de las cuales 18 eran instituciones financieras, mismas que se vendieron entre 1991 y 1992 y años después, con su rescate financiero, el Estado gastó dos o tres veces más del valor que obtuvo por su venta. En 1990 se privatiza Teléfonos de México (TELMEX), que era un monopolio, y se vende a un solo postor. En 1991 se privatiza Altos Hornos de México, Fundidora Monterrey y Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, a un precio prácticamente regalado por un total de 755 millones de dólares frente a un capital contable de por lo menos 6 mil millones de dólares, según Emilio Sacristán Roy en su artículo “Las privatizaciones en México” (2006), y éstos son solo algunos ejemplos.

La cuestión es que con todo y su política de Desarrollo Social, el índice de Gini, que mide la concentración del ingreso se elevó del 0.43 al 0.48. Y el decil X, que representa al 10% de la población más rica paso de concentrar del 32% del ingreso nacional al 39%.

El problema es que la evaluación de la incidencia de la política fiscal sobre la distribución y redistribución del ingreso, la riqueza y por ende, la pobreza, se realiza sobre un universo muy pequeño de programas y políticas públicas dentro del marco del denominado gasto social y gasto fiscal, dejando de lado los efecto directos e indirectos que la política económica en general tiene.