SOBRE LA BAJA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN MÉXICO


México es el país con la menor recaudación tributaria como porcentaje del PIB con respecto a la OCDE e incluso en Latinoamérica.

De acuerdo con la OCDE durante el 2011, Dinamarca captó un 48% del PIB, Suecia 45%, Bélgica 44%, Italia 43%, Noruega 43%, Francia 44%, Dinamarca 48%, Reino Unido 36%, y Estados Unidos 25%, por mencionar algunos países. El promedio de recaudación de dicha organización es del 34%.

De acuerdo con la CEPAL el promedio de América Latina es del 23.6%, Argentina recauda un 38%, Brasil 38%, Uruguay 29%, mientras que México recauda un 19% incluyendo los impuestos petroleros, sin ellos la recaudación cae a un 9%, por debajo de Haiti, de Belice, de República Dominicana, en pocas palabras México queda en último lugar en América Latina sin la renta petrolera.

Con respecto a los impuestos sobre los ingresos y los beneficios en México la recaudación es del 5.4% del PIB, mientras que el promedio de la OCDE es del 11.3%, con respecto a los impuestos corporativos los cifras son del 2.2% contra el 2.9% promedio.

La pregunta pertinente es ¿Qué hay detrás de esta baja recaudación?, y las respuestas de acuerdo con David Ibarra en su libro “La Tributación en México” editado por la UNAM en el 2011 son las siguientes:

1.      La corrupción de las autoridades públicas que genera una elevada desconfianza en la población, misma que prefiere no pagar impuestos pues no llega a percibir los beneficios que dichos impuestos tendrían sobre su bienestar en general.

2.      Los errores en las leyes y la complejidad de las mismas que permiten la elusión fiscal y la evasión, particularmente de los grandes contribuyentes. David Ibarra estima que más del 60% de los amparos que llegan a la Suprema Corte de Justicia corresponden a litigios fiscales.

3.      El hecho de que más del 95% de la empresas sean micro y pequeñas empresas con deficiencias en sus procesos administrativos y contables, lo que dificulta y encarece sensiblemente la recaudación fiscal.

4.      El hecho de que el 59% de los trabajadores se encuentra en el sector informal lo que disminuye la base de contribuyentes y hace inviables los costos de la cobranza de los impuestos.

5.      El modelo de apertura externa que redujo los aranceles a la importación y a la exportación y con ello la recaudación en referencia al comercio internacional.

6.      La existencia de regímenes especiales de tributación, en especial a la industria maquiladora de exportación, que a pesar de generar en promedio el 50% del valor total exportado y el 75% de los ingresos generados por exportación poco aportan al valor agregado y a la recaudación tributaria.

7.      Los cambios operados en el sistema de pensiones que ha generado un elevado costo fiscal.

A las razones dadas por David Ibarra habrá que aumentar la importante desigualdad en la distribución del ingreso, que concentra en el 10% de la población más rica el 37% del ingreso nacional, mientras que el 50% de la población concentra el 18% del ingreso nacional. De igual manera el 30% del ahorro nacional lo genera el 10% de los hogares más pudientes y el 60% de la población gasta más de lo que gana. Por si fuera poco está el hecho de que no se grava a la especulación ni las ganancias financieras y que por ejemplo sólo el 0.4% de la PEA invierte en la bolsa mexicana de valores que tiene en custodia activos financieros que equivalen el 45% del PIB.

Quizás por ello las reformas fiscales se centran en incrementar la recaudación descuidando el análisis del gasto público. El problema no es solo incrementar los ingresos tributarios, sino en mejorar la administración y la utilización del gasto público, esto significa dirigir el gasto a proyectos rentables, con elevados efectos multiplicadores sobre la actividad económica, el empleo y el bienestar social.

Supone que a nivel municipal, estatal, regional y federal, se debe analizar la vocación territorial y de la población en términos de sus capacidades de generación de riqueza económica y cultural, y promover aquellas actividades que de acuerdo al entorno ecológico pueden ejercer efectos de arrastre y multiplicación sobre las actividades empresariales y sociales.

Foto: El Informador

DELINCUENCIA Y POBREZA: LAS COSAS NO SON LO QUE PARECEN


Comúnmente se piensa que la pobreza, el desempleo y la desigualdad económica son las causas principales de la delincuencia, sin embargo esto no es así, de acuerdo con un estudio realizado por Abogado Penalista, José Antonio Ortega Sánchez denominado ¿Pobreza igual a Delito?, publicado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en el 2010.

Mediante la realización de 269 ejercicios estadísticos de correlación, dicho autor encontró que los factores socioeconómicos no son determinantes de la delincuencia, sin embargo la impartición de justicia y la eficiencia de los procesos penales sí.

Entre los principales resultados de su estudio se destacan que la incidencia criminal es creciente, independientemente de si hay crisis, recesión o expansión económica. Que las entidades federativas con menor PIB per cápita tienen menor incidencia criminal que las entidades con un PIB per cápita mayor, y lo mismo sucede con el índice de marginación social, ya que a menor marginación mayor delincuencia.

De hecho la delincuencia ha ido aumentando independientemente del desempeño de la economía, así en el año del 2008, cuyo producto per cápita fue mayor al del 1991, la incidencia criminal fue un 65% mayor y la incidencia de robo un 87% más.

En aquellas ciudades y entidades federativas con mayor desempleo, las tasas de criminalidad son inferiores, mientras que lo contrario sucede en ciudades y entidades con menor tasa de desempleo, así mismo no encuentra relación estadística entre el la tasa de desempleo y la tasa de delincuencia.

Analizando el impacto de las variaciones en el poder adquisitivo del salario, éste no tiene correlación con la incidencia criminal, aunque si se encuentra relacionado con el delito específico del robo. Así mismo las entidades federativas con menores tasas de pobreza y menor desigualdad en ingresos son las más conflictivas.
Todos éstos elementos rompen con la creencia general de que el deterioro de la situación económica es el factor determinante de la delincuencia, sin embargo los resultados apuntan en otra dirección que se encuentra fuertemente relacionada con el sistema de impartición de justicia, la corrupción y la impunidad.

Es interesante destacar dentro del análisis, el hecho de que la desintegración familiar fue una de las causas que estadísticamente tiene mayor relación con la delincuencia, y que en algunas entidades federativas el 50% de los convictos delinquieron bajo los efectos del alcohol, las drogas o los dos anteriores, tal es el caso de Nuevo León y Yucatán.

Lo anterior abre nuevos espacios para la investigación y la discusión, con la necesidad de enfocarse sobre los valores y la ética de los funcionarios públicos, pero también de la sociedad y las familias en particular ya que la impunidad, la corrupción, el relajamiento de las penas y las normas tienen un peso no despreciable en la incidencia delictiva.
 
El autor llega a la conclusión de que existe una correlación muy fuerte entre el desempeño del sistema de justicia penal y la delincuencia, pues cada vez que disminuye la tasa de consignados, se eleva la tasa de incidencia criminal con una correlación casi perfecta de -0.977.
 
En pocas palabras, la pérdida de valores éticos influye determinantemente en la incidencia delictiva y en la percepción de los jóvenes sobre las ventajas o desventajas de las actividades criminales, ya que el 42% de los presuntos delincuentes tienen entre 18 y 29 años de edad con respecto al fuero federal, y en relación al fuero común el 50% tienen entre 16 y 29 años de edad (Banco Mundial, 20012)

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